Fiscalía ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la reciente absolución de Dani Alves, decidida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que revocó la condena de cuatro años y medio de prisión por violación. El Ministerio Público considera que la sentencia incurre en una vulneración de derechos fundamentales, ignora la Ley de Enjuiciamiento Criminal y debilita peligrosamente la protección a las víctimas de violencia sexual.
Una sentencia con efectos estructurales
El TSJC declaró “poco fiable” el testimonio de la víctima, estimando el recurso del exfutbolista brasileño. Aunque el tribunal insistió en que eso no equivale a confirmar su inocencia, sí concluyó que no existía prueba suficiente para mantener la condena. Pero la Fiscalía no lo ve así. Y lo que está en juego va más allá del caso concreto: es la confianza de miles de mujeres en un sistema judicial que, demasiadas veces, las deja solas.
La absolución ha generado una ola de indignación social y jurídica. Para muchos colectivos feministas, juristas y asociaciones de víctimas, el fallo representa un símbolo de retroceso, una advertencia de que ni siquiera una condena firme garantiza justicia en un sistema todavía permeado por el escepticismo hacia la palabra de las mujeres.
La doctrina del Supremo, ignorada
La Fiscalía sostiene que el fallo del TSJC presenta “déficits valorativos muy relevantes” y desnaturaliza la jurisprudencia consolidada del propio Tribunal Supremo, que establece con claridad que la declaración de la víctima puede ser prueba de cargo suficiente si cumple con los filtros de credibilidad.
Esa doctrina no es una excepción ni una concesión: es el resultado de décadas de evolución en el tratamiento judicial de los delitos sexuales, donde por su propia naturaleza suele haber ausencia de pruebas materiales o testigos. Cuestionarla ahora, como ha hecho el TSJC, es abrir la puerta a la impunidad bajo apariencia de rigor técnico.
De la crítica institucional al debate público
Las palabras de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que calificó la sentencia de “vergüenza”, han sido recibidas con dureza por asociaciones judiciales, que exigieron “moderación” y “respeto institucional”. Pero confundir crítica con ataque es un reflejo corporativo que poco tiene que ver con la defensa de la independencia judicial.
La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha aportado una visión técnica y contundente: recuerdan que el relato de la víctima no debe diseccionarse con escepticismo patológico, ni invalidarse por contradicciones accesorias, ni medirse con estándares de perfección emocional que ninguna víctima real puede cumplir.
Violencia institucional con toga
Cuando el sistema judicial exige a las víctimas coherencia narrativa, precisión cronológica y estabilidad emocional absolutas, no está siendo neutral: está ejerciendo una forma de violencia institucional que disfraza el sesgo con terminología jurídica. Y, cuando ese mismo sistema decide que, ante la duda, se invalida el relato de la denunciante, pero nunca el del acusado, lo que está haciendo es consolidar la impunidad estructural de los agresores, especialmente si son hombres poderosos y socialmente influyentes.
El Supremo decidirá si hay justicia o retroceso
La Fiscalía tiene claro que este no es solo un recurso técnico: es una defensa del principio de que las víctimas deben poder confiar en que su testimonio será escuchado, valorado y protegido. Que la justicia no puede mirar hacia otro lado, ni esconderse tras un lenguaje frío que perpetúa el desequilibrio de siempre.
Será ahora el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra. Pero el daño simbólico —y estructural— de esta sentencia ya está hecho. Y si el sistema vuelve a cerrar la puerta que tantas mujeres lograron entreabrir, dejará de ser justicia. Se convertirá en cómplice.