La Fiscalía del Tribunal Constitucional ha rechazado la petición de Oriol Junqueras y Raül Romeva de suspender provisionalmente sus condenas de inhabilitación, al considerar que anticiparía los efectos de un fallo aún pendiente. Esta decisión frena, por ahora, cualquier posibilidad de que los dirigentes del 'procés' puedan volver a optar a cargos públicos.
En un escrito firmado por el fiscal Pablo Contreras, el Ministerio Público se pronuncia de forma tajante contra la suspensión cautelar de la pena de inhabilitación absoluta que pesa sobre ambos exdirigentes independentistas. Junqueras y Romeva recurrieron al Tribunal Constitucional tras la negativa del Tribunal Supremo a aplicarles la amnistía por malversación, solicitando que se levantaran las penas mientras se resuelve el recurso de amparo.
Según el fiscal, la suspensión equivaldría a una “estimación anticipada” del recurso, lo que supondría un pronunciamiento previo sobre la aplicación de la ley orgánica de amnistía y sobre su validez, una cuestión que solo puede resolverse cuando el Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto.
Además, la Fiscalía subraya que las condenas de inhabilitación aún vigentes no están próximas a extinguirse: la de Junqueras finaliza en 2031 y la de Romeva en 2030. Este hecho refuerza su negativa, al considerar que el tiempo restante de cumplimiento supera con creces la duración habitual de la tramitación de un recurso de amparo, criterio que ha llevado tradicionalmente al TC a denegar medidas cautelares en casos de penas largas.
El pasado 11 de febrero, el Pleno del Constitucional admitió a trámite los recursos de amparo de Junqueras, Romeva y Dolors Bassa, y abrió una pieza separada para estudiar la petición de suspensión de sus condenas. En caso de que el TC accediera a conceder dicha suspensión —algo que fuentes jurídicas consideran “rarísimo” pese a ser una solicitud frecuente—, los afectados podrían ser rehabilitados temporalmente para ejercer cargos públicos hasta que se resuelva el fondo del recurso.
Se trata de los primeros recursos de amparo relacionados con la ley de amnistía que el Tribunal Constitucional admite a trámite. La ley ha provocado una cascada de impugnaciones, incluyendo 16 recursos de inconstitucionalidad de partidos y gobiernos autonómicos, y varias cuestiones elevadas por tribunales como el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El origen del conflicto está en las resoluciones del Supremo del 1 de julio y del 30 de septiembre de 2023, que negaron a los líderes del 'procés' el beneficio de la amnistía por malversación. El alto tribunal argumentó que hubo beneficio personal y perjuicio a los intereses financieros de la UE, lo que excluye la aplicación de la ley según su propia literalidad.
El pulso judicial sigue su curso en el Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre una de las cuestiones más sensibles del actual escenario político y jurídico en España: si los condenados por el ‘procés’ tienen derecho a ser amnistiados y, en consecuencia, rehabilitados políticamente. Por ahora, la Fiscalía cierra la puerta a cualquier atajo cautelar.