La jueza Inmaculada Iglesias ha rechazado el recurso presentado por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para evitar ser juzgado por un presunto fraude fiscal y falsedad documental relacionado con los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. La magistrada ha confirmado que existen "indicios suficientes" que apuntan a la participación del empresario en los delitos que se le imputan.
El auto judicial ha desestimado los argumentos presentados por la defensa de González Amador, que sostenía que su cliente había sido víctima de indefensión debido a la publicación de un correo electrónico que reconocía la comisión de los delitos fiscales. La jueza subraya que el asunto relacionado con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre la filtración de información, "es ajeno" a este procedimiento, que fue iniciado por una denuncia formal de la Fiscalía.
La investigación se centra en un presunto fraude fiscal superior a los 350.000 euros, en el que se habrían utilizado facturas falsas para deducir gastos ficticios y reducir la tributación correspondiente al Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021. Según el informe de la Agencia Tributaria, se detectaron "gastos ficticios" mediante facturas emitidas por diversas sociedades que no corresponden con servicios realmente prestados.
La jueza ha destacado que los informes periciales y las pruebas documentales aportadas durante la investigación – que incluyen casi 1.500 elementos del expediente – sustentan la decisión de continuar con la tramitación del caso por los trámites del procedimiento abreviado. Asimismo, ha subrayado que la defensa de González Amador solicitó una serie de diligencias que fueron consideradas innecesarias e inútiles para este momento del proceso, ya que no aportaron nuevos elementos que pudieran cambiar el rumbo de la investigación.
El intento de evasión judicial
En su recurso, la defensa de González Amador había intentado argumentar que las diligencias previas se habían iniciado tras la filtración de su correo electrónico y que, por tanto, debía suspenderse el caso. Sin embargo, la jueza ha rechazado estos argumentos, señalando que la investigación comenzó antes de las revelaciones sobre la filtración de datos. En su resolución, además, ha afirmado que la defensa no ha demostrado la existencia de indefensión, ya que no se había solicitado de manera formal la declaración del investigado ni la realización de las diligencias propuestas.
El caso en el que está involucrado González Amador se refiere a un fraude fiscal estimado en más de 120.000 euros, que sería una de las piezas clave del proceso que se sigue en los tribunales. La Fiscalía ha solicitado una pena de tres años y nueve meses de prisión para el novio de Ayuso por los delitos de fraude fiscal y falsedad documental.
¿Qué viene ahora?
Aunque la jueza ha rechazado el recurso, el empresario aún tiene la posibilidad de apelar ante la Audiencia Provincial de Madrid. Si la apelación también fuera desestimada, el caso pasaría a juicio oral, donde se decidirá finalmente si González Amador es culpable de los cargos que se le imputan.
La investigación también está relacionada con otros empresarios, incluidos presuntos cómplices de González Amador, y se encuentra en una fase de tramitación avanzada. La causa sigue acumulando pruebas que, según el Ministerio Público, refuerzan la acusación de que la pareja de Ayuso utilizó mecanismos fraudulentos para evadir impuestos y falsificar documentos oficiales.
Un caso que sigue dando de qué hablar
El escándalo ha acaparado la atención mediática en los últimos meses, especialmente por la implicación de Alberto González Amador en la política madrileña y la cercanía con la figura de Isabel Díaz Ayuso. En paralelo, la oposición ha intensificado las críticas sobre la gestión de la presidenta regional, recordando la gravedad de los delitos fiscales y la importancia de que se haga justicia en este tipo de casos.
En resumen, el proceso judicial contra Alberto González Amador avanza, y con él las expectativas de un juicio que pondrá en el centro del debate político y social el comportamiento de los implicados, además de las implicaciones legales que podrían tener sobre la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid.