La entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2023 tiene como fin mejorar la eficiencia de los procedimientos judiciales para aliviar la saturación de los tribunales españoles, donde adolece especialmente en territorios con mayores tasas de litigiosidad como Cataluña y Andalucía. De acuerdo con los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, el pasado año los retrasos judiciales supusieron un gasto de casi cuatro millones de euros en Cataluña y más de un millón en Andalucía en concepto de reclamación de salarios de tramitación. Por el contrario, Castilla y León, Cantabria, Galicia y Aragón registran los menores costes derivados de estas demandas que se interponen al Estado por la excesiva demora del proceso judicial con 18.980 euros, 22.780 euros, 29.198 euros y 64,675 euros respectivamente.
En concreto, según fuentes consultadas afirman que los retrasos judiciales supusieron un gasto de 6,83 millones de euros en el conjunto de España en concepto de reclamación de salarios de tramitación.
Precisamente, las medidas contenidas en la normativa pueden transformar el estado actual de congestión de la Justicia social y laboral en España, tal y como se puso de relieve en la jornada formativa organizada por la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) y el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ) este 19 de septiembre.
El pleito testigo y la extensión de efectos introducidos en los órdenes civil y social por el Real Decreto-ley permite la resolución de casos múltiples con un mismo objeto de litigio, evitando la duplicidad de juicios. “Estas técnicas facilitan a los profesionales que defienden los derechos de las empresas y trabajadores la obtención de un resultado igual al del pleito testigo sin la necesidad de realizar juicios que serán idénticos o muy similares”, explicó Elena Lumbreras, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Además, la magistrada señaló que, si bien estas herramientas no afectan a las garantías procesales de los procesos seleccionados, sí puede plantearse el problema de la dilación o demora de aquellos pleitos que quedan suspendidos en espera de la resolución del llamado pleito testigo. No obstante, valoró que “va a tener una indudable incidencia para intentar aliviar la sobrecarga actual de los Juzgados de lo Social, buscando el objetivo de una justicia más ágil y evitando la reiteración de pleitos iguales. A esta misma finalidad obedece la nueva regulación introducida por el Real Decreto 6/2023 de la acumulación de procesos”.
La digitalización de los juicios laborales, que ahora pueden celebrarse de forma telemática, es otra de las grandes apuestas de la norma. Sin embargo, su implementación está suponiendo algunos desafíos. La magistrada Elena Lumbreras advirtió que “esta medida debe ir acompañada de una dotación de medios económicos suficientes, algo que todavía está en rodaje y que resulta fundamental para aquellos órganos judiciales que no cuentan con los medios adecuados, sin olvidar que los ciudadanos no disponen de los sistemas electrónicos apropiados”.
Otra clave del Real Decreto-ley 6/2023 es la ampliación del límite de reclamaciones laborales de 6.000 a 15.000 euros a través del juicio monitorio, puesto que reduce la burocracia en los juzgados. Las personas trabajadoras podrán acceder a un procedimiento simplificado sin necesidad de pasar por el acto de conciliación previo.
Tanto la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) como el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ) subrayaron la importancia de garantizar a los profesionales dedicados a la especialización laboral el acceso a formaciones como esta. En palabras de Ana Gómez, presidenta de ASNALA, “no se trata solo de comprender las novedades introducidas por normativas como este Real Decreto-ley, sino también deponerlas en práctica de manera efectiva para mejorar la calidad de la Justicia Social”.