El mes de septiembre se perfila como uno de los más intensos en la dilatada carrera judicial del magistrado Juan Carlos Peinado, instructor del conocido como caso Begoña Gómez. A la citación de la esposa del presidente del Gobierno y de su asesora en La Moncloa por un presunto delito de malversación, se suma un proceso paralelo: el enfrentamiento personal con el activista Fernando Jabonero, quien lo acusa de irregularidades urbanísticas.
Caso Begoña Gómez
El 11 de septiembre deberá comparecer ante el juez Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y un día antes lo hará su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez Rodríguez. Ambas han sido citadas en calidad de imputadas por un presunto delito de malversación de fondos públicos.
La decisión de Peinado llegó después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara, el pasado junio, profundizar en la investigación sobre el papel de Álvarez en la agenda oficial y privada de Gómez. El auto planteaba si la asesora habría podido desviar recursos públicos para favorecer los intereses particulares de la esposa del presidente.
En mayo, el propio magistrado había descartado que Gómez y Álvarez pudieran haber incurrido en este delito. No obstante, en los últimos meses su posición parece haberse endurecido, lo que ha desembocado en las imputaciones.
El caso se centra en la gestión de correos, llamadas y desplazamientos de Gómez, y en si la asistente actuó como nexo en tareas privadas utilizando recursos de La Moncloa. Testimonios como el del vicerrector de la Universidad Complutense, José Doadrio, que afirmó haber mantenido múltiples comunicaciones tanto con Gómez como con Álvarez, o los correos de ésta desde su cuenta corporativa de Moncloa a directivos de empresas patrocinadoras del Máster dirigido por Begoña Gómez, han reforzado las sospechas.
La instrucción no es el único frente abierto para Peinado. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene dos investigaciones internas sobre su actuación en el interrogatorio al ministro Félix Bolaños y en otro procedimiento, en el que presuntamente habría incurrido en dejación de funciones, lo que añade presión al magistrado en un momento de alta exposición mediática.
Guerra contra el activista Fernando Jabonero
A la dimensión institucional se suma un conflicto personal. El próximo 23 de septiembre, Peinado se verá citado en un acto de conciliación con el activista Fernando Jabonero, quien desde hace años denuncia supuestas irregularidades urbanísticas en un chalet propiedad del juez.
Peinado se ha querellado contra Jabonero por injurias y calumnias, reclamando una indemnización de 25.000 euros y una rectificación pública. El activista, sin embargo, ya ha adelantado que no asistirá al acto, y denuncia que la querella busca amedrentarlo.
El magistrado, además, estaría valorando acciones legales contra otros críticos, incluidos medios de comunicación, lo que anticipa una escalada en la confrontación.
La doble presión (la instrucción de un caso que salpica directamente a La Moncloa y el litigio personal con un activista anticorrupción) sitúa a Juan Carlos Peinado en el centro de la atención pública. Sus decisiones en las próximas semanas no solo marcarán el rumbo judicial de Begoña Gómez, sino que también podrían definir su propio futuro profesional, en un momento en que la independencia judicial y la transparencia están bajo intenso escrutinio.
Bolaños exige depurar responsabilidades
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha instado este viernes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que “depure responsabilidades” en relación con las presuntas irregularidades cometidas por el juez Juan Carlos Peinado durante el interrogatorio que le practicó como testigo el pasado 16 de abril, en el marco del conocido como caso Begoña Gómez.
“Lo que pido en este momento es que trabaje el Consejo General del Poder Judicial, que depure las responsabilidades que se puedan derivar de esas irregularidades”, manifestó el ministro, antes de añadir que es necesario dejar trabajar al órgano de gobierno de los jueces.
El pronunciamiento llega después de que esta misma semana se conociera que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, abrió diligencias informativas sobre la actuación de Peinado. La decisión responde a las denuncias presentadas por el propio Bolaños el 4 de junio y el 29 de julio, en las que detallaba supuestas irregularidades en el interrogatorio realizado por el magistrado en su despacho de Moncloa.
En aquel testimonio, el ministro se desligó del nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente, Begoña Gómez, aunque defendió que la designación, realizada en 2018, se ajustó a la normativa vigente sobre contratación de personal eventual.
El juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, instruye la causa contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La citación de la esposa del presidente del Gobierno, junto a su asistente, ha situado el caso en el centro del debate político y mediático.
Las críticas de Bolaños, en su doble condición de ministro de Presidencia y de Justicia, elevan la tensión institucional entre el Ejecutivo y el poder judicial, en un momento en que el CGPJ continúa en funciones y sin renovación desde hace más de cinco años.
La apertura de diligencias por parte del CGPJ podría desembocar en un expediente disciplinario contra Peinado si se concluye que hubo irregularidades en la forma en que se desarrolló el interrogatorio. Sin embargo, desde el entorno judicial se recuerda que el proceso se encuentra en una fase preliminar y que no implica, por ahora, sanción alguna.
El caso añade un nuevo capítulo al complejo entramado que rodea la investigación a Gómez y refuerza la confrontación entre el Gobierno y determinados sectores judiciales. Para Bolaños, se trata de un asunto de garantías procesales; para la oposición, de un intento del Ejecutivo de presionar a los jueces.
Mientras tanto, el CGPJ se enfrenta a la difícil tarea de valorar la actuación de uno de los magistrados más mediáticos del país en una causa que toca de lleno a la Presidencia del Gobierno.