El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto nuevamente bajo la lupa al magistrado Juan Carlos Peinado por su actuación en la causa sobre la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid. El órgano de gobierno de los jueces ha incoado diligencias informativas tras una queja presentada por el diputado socialista Guillermo Hita, que acusa al juez de haber incurrido en una clara “dejación de deberes” al dejar caducar la instrucción sin prorrogarla a tiempo, tal y como ha publicado la Cadena SER..
La decisión de Peinado derivó en el archivo del procedimiento, un desenlace que, en la práctica, benefició al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, al quedar cerrada una investigación incómoda sobre un presunto sobrecoste en contratos públicos.
La instrucción venció en enero
El caso se abrió para investigar un posible sobreprecio en la contratación de Okdiario para organizar un acto de la EMT. La legislación establece un año de plazo para instruir causas penales, prorrogable por seis meses si existen motivos. Ese periodo expiraba en enero de 2024.
Antes de esa fecha, las acusaciones populares (Podemos y Más Madrid) solicitaron ampliar la instrucción y practicar nuevas diligencias. Sin embargo, Peinado no resolvió a tiempo. No fue hasta el 1 de abril cuando dictó una providencia en la que aceptaba parte de las peticiones, y al día siguiente acordó prorrogar la investigación. Para entonces, el plazo ya había vencido.
Las defensas recurrieron, y la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid les dio la razón: la prórroga acordada fuera de plazo era “nula de pleno derecho”. La consecuencia fue inevitable: Peinado archivó la causa pocas semanas después, dejando sin aclarar posibles responsabilidades en la contratación de la EMT.
Queja del PSOE y reacción del CGPJ
El diputado socialista Guillermo Hita presentó una queja formal ante el CGPJ, en la que acusaba al magistrado de haber permitido que el caso quedara inconcluso por no haber acordado la prórroga dentro del tiempo establecido.
El promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, ha decidido incoar diligencias informativas, el paso previo en estos procedimientos. En esta fase, el juez podrá presentar alegaciones y defender su actuación. Posteriormente, Conde deberá decidir si abre un expediente disciplinario —lo que implicaría una investigación más exhaustiva, aunque no necesariamente una sanción— o si archiva directamente el caso.
Un juez en el punto de mira de la izquierda
El magistrado Peinado no es ajeno a la controversia. Su gestión de la causa de la EMT se suma a otros episodios que han generado debate sobre su forma de dirigir investigaciones. En este caso, la atención se centra en un error de plazos que ha supuesto el cierre de un procedimiento con implicaciones políticas y económicas de gran calado.
El desenlace de las diligencias abiertas por el CGPJ marcará si la actuación del juez se considera una simple irregularidad procesal o una falta disciplinaria susceptible de sanción.
Mientras tanto, el archivo de la investigación sobre la EMT deja en suspenso un caso que amenazaba con incomodar al consistorio de la capital.