Dice que no hay razones para su abstención a pesar de sus claros pronunciamientos previos contra la constitucionalidad de la ley de Amnistía. José María Macias argumenta que los miembros del tribunal no deben ser apartados de su cargo por las opiniones que hayan expresado en relación con los textos de las leyes en momentos anteriores a su pertenencia. En el sector conservador siempre se ha esgrimido que Concepción Espejel no pudo conseguir que se aceptase su abstención cuando se debatió sobre la ley del aborto, a pesar de haberse manifestado claramente en contra de dicha norma. Por lo tanto, al final ha tenido que ser el pleno el que haya adoptado la decisión de aceptar la recusación del fiscal, apoyada por el abogado del Estado, y Macías será apartado del debate de la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo. Lo que falta por saber, ahora, es si esa recusación es válida también para los otros recursos presentados, recordemos por doce administraciones autonómicas y uno del PP. Todo parece indicar que la decisión también tendrá validez para todo el proceso. De no ser así, el vocal ultraconservador tendría que redactar la ponencia del recurso de la formación de Génova y estaríamos hablando de los mismos argumentos que han servido para apartarle.
Por lo tanto, el pleno del Constitucional que debatirá los recursos de la ley de amnistía quedará formado por diez magistrados, seis progresistas y cuatro conservadores. El exministro Juan Carlos Campo se apartó voluntariamente argumentando que se manifestó contrario a la amnistía a los condenados del procès. Y ahora es Macías, un ultraconservador, el que se ve obligado a dejar las deliberaciones. El Partido Popular había pedido las recusaciones del presidente, Cándido Conde-Pumpido, y de la magistrada, Laura Díez. Sobre el primero alegaban sus vinculaciones con el gobierno cuando fue nombrado fiscal general del Estado y de la segunda, su etapa como asesora en Moncloa y en la Generalitat de Catalunya con gobiernos afines al soberanismo. El pleno, con los votos de los magistrados progresistas, desestimó la recusación. Ahora, la ponente y vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, estima que hay razones suficientes para que Macías no participe en el debate ni en las sentencias que se dicten sobre la ley de amnistía.
Si uno de los magistrados, Juan Carlos Campo, argumenta, para abstenerse, unas manifestaciones públicas, es más evidente el caso de José María Macias. Participó y, según cuentan en círculos próximos al órgano de gobierno de los jueces, fue uno de los redactores del informe del Consejo General del Poder Judicial en el cual se rechazaba tajantemente la amnistía para los condenados del procès. Este informe, que lleva la firma de Macías, fue aprobado en marzo del año pasado, seis meses antes de ser nombrado magistrado del Constitucional. En él, los vocales conservadores sostenían que la ley del perdón penal a los acusados de haber promovido el proceso soberanista de Catalunya no pretendía la normalización política en el territorio, sino que se trataba de un pacto político para satisfacer “intereses partidistas” y desbloquear la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La amnistía, subrayaba el documento, vulneraba así el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica establecidos por la Constitución. Esta tesis sirvió de base para que el Senado, con mayoría absoluta del PP, se pronunciase en contra de la norma aprobada por el Congreso iniciando, así, una batalla institucional que todavía dura.
José María Macias fue considerando un halcón en el seno de los vocales conservadores del CGPJ que estuvo funcionando provisionalmente durante cinco años. Es más. Se dice que el fue uno de los miembros del órgano de gobierno que bloqueó todas las iniciativas presentadas por el presidente que sustituyó a Carlos Lesmes, el progresista Rafael Mozo quien tuvo que renunciar a su cargo, que ejerció provisionalmente, al jubilarse. También se dice que fue el que bloqueó los nombramientos de los magistrados del TC que correspondían al Consejo General del Poder Judicial, un bloqueo que dio origen a la famosa crisis institucional cuando el presidente de la corte de garantías de entonces, Pedro González Trevijano, admitió un recurso del PP adoptando medidas cautelarísimas contra el proyecto de ley que habría introducido cambios en el CGPJ. La medida de impedir la legislación fue condenada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dijo que utilizaría “todos los medios necesarios” para resolver la crisis. Una crisis que sólo se superó cuando los vocales conservadores del consejo reconsideraron su bloqueo y acordaron con los progresistas las dos designaciones. Macías mantuvo su oposición radical. Por eso es considerado un reconocido halcón en la judicatura. No obstante, el Partido Popular le propuso para cubrir la vacante que correspondía designar al Senado.
Una vez resuelta la recusación de Macías, el Tribunal Constitucional deberá designar al ponente que resolverá la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo. Todo parece indicar que será la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, la encargada de redactar esta ponencia, la que verdaderamente trasciende ya que deberá entrar en el fondo de la ley tal y como piden los jueces de la sala de Lo Penal promotores del recurso. Lo que decidan los magistrados del TC es de obligado cumplimiento. Si consideran la ley de amnistía constitucional se deberá aplicar a los condenados con todas sus consecuencias, incluido el delito de malversación del que se espera una reflexión radicalmente diferente a la mantenida por los miembros de la alta instancia judicial de este país. El resto de recursos, incluidos los doce de las administraciones autonómicas, y el del Partido Popular deberán seguir la senda de lo que se sentencie en este primer fallo. De ahí su importancia.