Todo depende del contenido de las nuevas sentencias que debe elaborar la Audiencia de Sevilla obligada por el Tribunal Constitucional y en las que sólo se debe tener en cuenta un porcentaje muy pequeño de los hechos probados que desembocaron en la condena de los altos cargos de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009.
Una de las acusaciones populares, Manos Limpias, que dice luchar contra la corrupción cuando su principal dirigente, Miguel Bernard, se libró de milagro de condenas por organización criminal y estafa, ha pedido al tribunal que, antes de dictar sentencia, presente una cuestión prejudicial al TJUE para que se pronuncie sobre si la absolución a los condenados de los ERES es compatible con “la lucha contra la corrupción” porque, según el seudosindicato ultra, las sentencias del TC “apuntan a un riesgo de impunidad”.
Nada nuevo si no fuera porque el Partido Popular y la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla están barajando idéntica posibilidad: acudir a los jueces europeos dada su condición de acusación particular en el sumario. El PP cree que la sentencia del TC es “un ejercicio parcial”. Por eso no descartan esa posibilidad. Lo que no han manejado los dirigentes populares es el coste de esta demanda y el tiempo en que tardarán en pronunciarse los jueces de Luxemburgo, una media de 16 meses.
Los expertos creen que una hipotética cuestión de prejudicialidad en el caso de los ERES andaluces ante el TJUE tiene escaso recorrido por varios motivos: en primer lugar, porque los jueces europeos no se van a atrever a invadir las competencias de una corte española encargada de interpretar la Constitución, que se supone es la ley suprema de un país por muy miembro que sea de la UE. En segundo lugar, porque no es un asunto donde se hayan visto afectados fondos de la Unión. Y, por último, porque la lógica jurídica nos dice que el argumento del TC para absolver a nueve de los condenados es inapelable. No se puede calificar de ilegal un acto parlamentario como es el debate y aprobación de los presupuestos de una comunidad territorial.
Que el PP vaya a acudir al TJUE obedece a un motivo. El Partido ha sido muy criticado por los socialistas que han presentado querellas contra sus dirigentes, tanto regionales como nacionales, por “injurias y calumnias”. El enfrentamiento es evidente y el tono empleado roza la violencia verbal. El PSOE de Andalucía se ha cargado de razones para defender a los afiliados que fueron condenados porque el Tribunal Constitucional ha acabado por darles la razón. Y el equipo que lidera Juanma Moreno Bonilla quiere utilizar la baza de que la resolución no tiene carácter de firmeza quedando todavía la vía europea aún a sabiendas de que es complicada y con escasas posibilidades de prosperar.
En su escrito a la Audiencia de Sevilla, Manos Limpias utiliza unos argumentos muy parecidos a los que se van a utilizar en la ley de amnistía. La sentencia del TC sobre los ERES y la medida de gracia hacia los independentistas catalanes tienen un denominador común según la extrema derecha, tesis a la que se apunta el PP: se está dando una imagen de impunidad en la lucha contra los delitos de corrupción.
Este argumento se inspira en la doctrina establecida por la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo y el juez Llarena en los autos en los que rechazaban aplicar la ley de amnistía a los condenados del procès por malversación porque supone una discriminación con el resto de condenados por el mismo delito en otras instancias judiciales. Es cierto que no se pueden hacer comparaciones en los procesos en los que se condenan a los líderes independentistas catalanes con los de los ERES andaluces. Las circunstancias son diferentes y las interpretaciones del Código Penal sobre la comisión del delito de malversación distintas. En el caso de Andalucía el TC ha dejado claro que se trata de una actuación parlamentaria que no se puede considerar delictiva salvo en lo que se refiere a una normativa urgente que modificó el sistema de pago de las ayudas y subvenciones. La doctrina establecida por la corte de garantías viene a decir que si las ayudas a las empresas en crisis a través de expedientes de regulación de empleo se produjeron con el aval de leyes presupuestarias no se pudo producir prevaricación por parte de los responsables de la Junta de Andalucía y, por lo tanto, tampoco malversación.
En el supuesto de que el Partido Popular decida acudir a los jueces de Luxemburgo utilizarán otro argumento que se puede volver en su contra. En Génova insisten en que hay que denunciar que los miembros del TC que elaboraron y votaron la sentencia son “próximos al PSOE”, en su día recusados por ellos mismos cuando se opusieron a los recursos de amparo. Dicen que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, era fiscal general del Estado en la época en que se instruyó el sumario. Por su parte, otro de los vocales, Juan Carlos Campo, fue consejero de la Junta de Andalucía con Manuel Chaves y Susana Diaz. De la ponente, Inmaculada Montalbán, destacan sus “vínculos” con el Partido Socialista, algo parecido a lo que dicen de María Luisa Segoviano.
En Génova no son partidarios de utilizar este argumento ante los jueces europeos porque entonces pueden salir a colación las vinculaciones de Concepción Espejel y de César Tolosa, dos jueces conservadores del TC, con la cúpula del Partido Popular. Si se utiliza esa vía para descalificar la sentencia se entraría en un terreno bastante peligroso, la necesidad de modificar el sistema de elección de los jueces del Constitucional por considerar que el actual modelo está demasiado influenciado por los políticos. Y ese es un asunto en el que los jueces europeos no quieren entrar. Debe ser Bruselas donde deben establecer las pautas para una reforma del sistema.