El actual presidente de la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, el conservador Manuel Marchena, acaba de poner la primera piedra para ayudar a que la derecha judicial coloque a su candidato, Andrés Martínez Arrieta, al frente de la instancia que dejará el 5 de diciembre. Ha anunciado a la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial que no va a seguir “en funciones” por lo que no hay más remedio que proceder a sustituirlo por el magistrado con mejor puesto en el escalafón, que, en este caso, es Martínez Arrieta, el candidato preferido de los conservadores que se niegan a llegar a un acuerdo con los progresistas del CGPJ para nombrar a Ana Ferrer aplicando el criterio de paridad establecido en la normativa gubernamental.
La Comisión de Igualdad del órgano de gobierno de los jueces aprobó un informe en el que explica que, para cumplir con esa norma, al menos dos de las cuatro presidencias de sala del Supremo pendientes de renovación deberán ser adjudicadas a mujeres para que, por primera vez, la composición de uno de los escalones más altos de la pirámide judicial sea paritaria. Los progresistas proponen a Ana Ferrer, magistrada de la sala de Lo Penal, y Pilar Teso, que aspiró a presidir la corte suprema, esta última para hacerse cargo de la controvertida sala de Lo Contencioso Administrativo. Inmediatamente la caverna mediática ha lanzado el bulo de que ninguna de las dos tiene posibilidades de acceder a los puestos para los que se las propone y dan por segura la nominación de Martínez Arrieta. Este está afiliado a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, pero se manifiesta “independiente”. Hubo un tiempo en que la AJFV mostró su simpatía hacia Ciudadanos y todos sabemos cómo acabó la adscripción de este partido político que decía llamarse “centrista”.
No es que el grupo progresista del consejo lo vete. Es que se quiere aplicar el criterio de paridad establecido por el gobierno. Igual que ocurrió con Isabel Perelló se argumenta que más de la mitad de los jueces que ejercen en este país son mujeres por lo que es lógico que sean ellas las que se hagan cargo de las dos salas más sensibles de la alta judicatura. Pero la derecha no está dispuesta a aceptar esas propuestas, sobre todo la de Ana Ferrer, afiliada a la asociación progresista Juezas y Jueces Para la Democracia, que se ha significado por su oposición, con votos particulares incluidos, contra sentencias tan importantes como las condenas de los líderes del procès, o el auto en contra de la ley de amnistía. Y si los conservadores llegasen a aceptar a Pilar Teso al frente de la sala de Lo Contencioso que preside Pablo Lucas que opta a un nuevo mandato, perderían el control de la instancia donde se examinan los recursos sobre las decisiones de la administración del Estado. Demasiadas concesiones que el conservadurismo no está dispuesto a ceder.
Y como estos nombramientos se tienen que hacer en el seno del Consejo General del Poder Judicial con el voto favorable de 13 vocales, teniendo en cuenta el actual equilibrio, (diez a diez), el acuerdo es muy difícil. Se sabía que el famoso acuerdo entre el PSOE y el PP para desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces iba a traer estas consecuencias. La elección de Perelló como presidenta del CGPJ y del TS se hizo muy difícil por la bipolarización en que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces. Y esta no va a ser la única circunstancia en que los dos sectores se van a enfrentar. La próxima prueba de fuego va a ser la aprobación del informe que se debe elaborar antes de enero próximo para modificar la ley orgánica del Poder Judicial en lo referido a la elección de los vocales del Consejo y una nueva estructura para este organismo. Las diferencias son extremas y el texto tendrá que contar con el voto de trece de los veinte vocales para que salga adelante. No vale, ni siquiera, el voto de calidad de la presidenta.
Isabel Perelló está intentando acercar posturas. Pero en lo que se refiere a los nuevos titulares de las salas penal y contenciosa del Supremo ninguna de las dos partes quiere transigir. Las dos utilizan el mismo argumento: que cedieron sus posiciones de partida en la elección de la presidenta. Los conservadores vuelven a utilizar la cantinela que ya emplearon entonces: que su candidato Pablo Lucas es de corte progresista, un criterio que se desmontó con facilidad al publicarse algunas de las sentencias en las cuales había sido ponente. Ahora también califican como “progresista” a Martínez Arrieta. Y es bastante fácil rebatir tal argumento repasando el historial de este juez que, en 2017 fue el segundo encargado de supervisar jurídicamente las acciones del servicio de espionaje, el CNI, en sustitución de Julián Sánchez Melgar nombrado fiscal general del Estado. Compartió esta función con Pablo Lucas y se intentó la comparecencia de ambos ante la comisión parlamentaria que investiga las actividades de la Operación Catalunya, algo que no fue posible por las presiones que se ejercieron desde la derecha judicial. También es verdad que Martínez Arrieta, en la década de los noventa, se encargó de las relaciones con la prensa con buenos resultados. Es la época en la cual el Supremo mostró un elevado grado de transparencia.
Pero ese activo no resta el contundente hecho de que cuenta con el apoyo de la derecha judicial que espera, a cambio, que mantenga la línea de su antecesor, el ultraconservador Marchena, y de los instructores de las causas más polémicas, Pablo Llarena y Ángel Hurtado. Puede pasar que la división en el seno del CGPJ sobre este asunto se supere poniendo encima de la mesa otro nombre, tal y como ocurrió con Isabel Perelló. Es la única salida posible a esta nueva crisis en el seno del consejo. Y mientras esto ocurre Martínez Arrieta se hará cargo de la presidencia de la sala “en funciones” pero con gran poder en un momento en que la instancia va a tener que hacer frente a decisiones que resultarán polémicas, entre otras el posible procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del diputado, José Luis Ábalos, el enfrentamiento institucional en torno a la ley de amnistía y quien sabe si las cosas no llegan a mayores, a algunos ministros, incluso al mismísimo Pedro Sánchez.