El Tribunal Supremo (TS) ha abierto un plazo de tres días para que la Fiscalía y el resto de partes personadas en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presenten sus alegaciones respecto a la petición de suspensión provisional de su cargo. Esta medida, solicitada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), se aplicaría "una vez se dicte auto de apertura de juicio oral", según ha acordado el magistrado instructor del caso, Ángel Hurtado, en una providencia conocida este jueves.
La petición de la APIF responde a una preocupación institucional sobre la imparcialidad del proceso. En su escrito, la asociación argumenta que si García Ortiz mantiene su cargo durante el juicio oral, actuaría como superior jerárquico del fiscal que intervenga en el caso, lo que podría llevar a que este último actúe "al servicio del propio acusado" en lugar de promover la acción de la justicia con independencia.
"La suspensión es imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso", sostiene la APIF, que insiste en que mantener al fiscal general en funciones durante el juicio "dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal".
Este escenario se ha vuelto más inminente tras la confirmación, este martes, del procesamiento de García Ortiz por parte de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo. Los magistrados Andrés Palomo, Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres ratificaron que el fiscal general impulsó y coordinó "personalmente" la filtración de información reservada sobre la investigación fiscal a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No obstante, la Sala archivó la causa contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al considerar que no existían indicios suficientes de su participación.
Levantada la suspensión del procedimiento
En paralelo, el instructor ha acordado levantar la suspensión de la tramitación de la causa, que había sido decretada el pasado 14 de junio a la espera de la resolución de los recursos de apelación interpuestos contra el auto de procesamiento. Con este paso, el proceso avanza hacia una posible apertura de juicio oral, aunque aún queda por resolver la petición de nuevas diligencias solicitadas por la APIF.
La asociación había solicitado, entre otras medidas, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizara el teléfono del fiscal general para verificar si constaban en él ciertos números de contacto, entre ellos los de la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y varios periodistas. También pidió acceder a tres expedientes de dación de cuenta relacionados con la investigación de González Amador, cuya existencia fue mencionada por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.
Sin embargo, la Sala de lo Penal del Supremo ha desestimado ambas peticiones. En su resolución, los magistrados coinciden con el instructor en que los datos del teléfono de García Ortiz no son fiables, dado que el propio dispositivo fue objeto de un borrado masivo de mensajes, hecho corroborado por informes periciales derivados de comisiones rogatorias a Irlanda y Estados Unidos.
Respecto a los expedientes, el tribunal considera que se trata de una "diligencia superflua", ya que la causa no se instruye por prevaricación, sino por revelación de datos o infidelidad en la custodia de información reservada. "No se indica qué elementos podrían sustentar un delito de prevaricación, ni el instructor los encuentra en la causa", señalan los magistrados.