La derecha política y mediática presiona a la Justicia para que suspenda ya, de forma inmediata, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sin embargo, con la actual ley en la mano no hay ninguna herramienta legal que permita sacar al máximo representante del Ministerio Público de su despacho. Ni el Tribunal Supremo –que acaba de colocar a García Ortiz en el banquillo de los acusados solo por tratar de aclarar el bulo sobre los delitos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso, una vergüenza jurídica que acompañará para siempre a nuestro alto tribunal–, ni el Consejo General del Poder Judicial, tienen competencias para apartar de su cargo al jefe de los fiscales. El PP puede patalear, berrear y hasta mover a sus peones en la UCO para que saquen a rastras al procesado de su oficina. Pero hasta ahí. La razón legal no está con el partido de Feijóo.
Para empezar, el Tribunal Supremo no tiene competencia directa para inhabilitar a un fiscal general del Estado, salvo que exista una sentencia firme que lo condene por un delito que conlleve esa pena. Y no es el caso. Ni siquiera estamos en fase de juicio oral. Actualmente, el Supremo ha confirmado su procesamiento por revelación de secretos, pero la sentencia se antoja todavía lejana. El proceso se prevé largo y hasta que no recaiga ese fallo en firme, nadie en el Supremo, por mucho que le duela al PP, puede remover de su cargo a un funcionario público. Por tanto, García Ortiz no puede ser suspendido automáticamente por el auto de procesamiento.
La ley del Poder Judicial sí contempla la suspensión temporal de funcionarios procesados por delitos dolosos, pero hay un vacío legal respecto al fiscal general del Estado. De ahí que la posibilidad de que el CGPJ intervenga para cortar por lo sano y expulsar al responsable de la Fiscalía también es más bien remota.
La única vía para apartar a García Ortiz sería su dimisión voluntaria (sancionarse él mismo con una suspensión de empleo y sueldo) o una decisión política del Gobierno, lo cual no parece probable, ya que Pedro Sánchez, hasta donde se sabe, sigue respaldándolo sin ambages frente a la caza de brujas orquestada por la derecha política y judicial. Es cierto que la imagen de un fiscal general sentado en el banquillo de los acusados resulta aberrante. Pero con la ley en la mano, es lo que hay.
El Supremo puede juzgar a García Ortiz y, si es condenado, solo en ese momento podría derivarse una inhabilitación. Apartarlo del cargo preventivamente sin una sentencia firme supondría saltarse la ley, el derecho a la presunción de inocencia recogido en la Constitución y los más elementales derechos fundamentales de las personas, algo demasiado fuerte hasta para un Tribunal Supremo que en los últimos años ha dado preocupantes muestras de politización o lawfare.
El PP sabe que no tiene demasiado margen de maniobra en este asunto. De hecho, la portavoz popular, Ester Muñoz, aseguró que si el fiscal general del Estado se aferra al cargo, el Gobierno debe cesarle porque “no está cumpliendo bien sus funciones”. En una entrevista en la Cope recogida por Efe, Muñoz ha subrayado que García Ortiz pedía en 2017 dimisiones a fiscales generales del Estado que no estaban investigados “absolutamente por nada” y ahora está a las puertas de un juicio por supuesta revelación de secretos por las filtraciones sobre el caso del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, el Gobierno sabe que este caso apesta a caza de brujas. García Ortiz no hizo otra cosa que tratar de aclarar un bulo divulgado por el entorno de Ayuso sobre los delitos fiscales de su pareja. Esa historia, la del hombre honesto que cumple con su misión de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, beneficia al Gobierno. Cesar al jefe de los fiscales sería tanto como reconocer una derrota y admitir que todo vale en política. De ahí que Sánchez le haya pedido a Ortiz que resista. Sin duda, es el Gobierno el que le está pidiendo que se quede, primero por justicia y después porque la opinión pública, en su mayoría, tiene claro que sería injusto condenar a un buen funcionario a la muerte civil solo por decir la verdad. En esa línea, Ester Muñoz dice: “Sánchez va a mantenerlo en el poder pase lo que pase”. Y efectivamente, así es, y lo sostiene precisamente porque la justicia están de parte del Gobierno en este caso. Que el Supremo haya comprado el mundo al revés de la presidenta de Madrid y su estrategia de que su novio muera matando no significa que tengamos que claudicar ante la verdad. Una cosa es la realidad jurídica, otra el sentido común. Y cuando ambos mundos chocan, siempre el sentido común.
Ayer mismo, el presidente del Gobierno aseguraba que sigue avalando y apoyando al fiscal general del Estado. “Creemos en su inocencia y, por tanto, cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España”, aseveró. “Hay mucho trabajo por delante, mucha legislatura por delante, y todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de coalición progresista cuentan con mi reconocimiento, con mi respeto y con mi respaldo”, concluyó.