La investigación que el Tribunal Supremo abrió por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sufrido un importante revés. Según el último informe de la Guardia Civil, las empresas Google y WhatsApp no han proporcionado datos que puedan ser utilizados en la causa, tras una exhaustiva revisión de la información de los teléfonos móviles del fiscal general. El magistrado Ángel Hurtado, encargado de la instrucción, ha levantado el secreto de sumario sobre los datos enviados por ambas compañías y ha admitido que el resultado de la investigación ha sido "negativo". Las esperanzas de encontrar pruebas clave en la información recabada por estas gigantes tecnológicas se desvanecen, dejando el futuro de la causa aún más incierto.
El origen de la investigación se remonta a octubre de 2024, cuando García Ortiz fue encausado por la posible revelación de secretos, un asunto que se agrava con las filtraciones de correos electrónicos que involucraban al abogado de González Amador. En este contexto, se buscaba recuperar información del teléfono móvil del fiscal general, en un último intento por hallar pruebas que pudieran sustentar la acusación. Sin embargo, según el informe de la Guardia Civil, tanto Google como WhatsApp han remitido datos que no contienen "información inédita" ni relevante para el caso. De hecho, el material recibido no ha aportado nuevos correos electrónicos que pudieran incriminar al fiscal, lo que plantea serias dudas sobre las posibles irregularidades en torno a este escándalo.
La solicitud de la colaboración de las mencionadas compañías se basaba en la necesidad de obtener registros de comunicación entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, días en los que se filtró el polémico correo de González Amador. Este correo revelaba los delitos fiscales cometidos por su cliente y proponía un pacto con la Fiscalía para evitar la cárcel, un hecho que desató un gran revuelo mediático y político. Sin embargo, tras el análisis de la información proporcionada por las empresas tecnológicas, el instructor Ángel Hurtado ha tenido que reconocer que la pesquisa no ha dado los frutos esperados.
El hecho de que no se haya encontrado ninguna prueba relevante en los datos enviados por Google y WhatsApp deja en una situación delicada la continuidad de la investigación, que podría verse ahora reducida a una búsqueda más profunda de pruebas en otras vías. El fiscal general, que ya había borrado el contenido de su teléfono, parece haber dificultado aún más el trabajo de los investigadores, que hasta ahora no han conseguido encontrar elementos que sostengan la acusación de revelación de secretos.
Este "resultado negativo" no solo complica las posibilidades de que el Tribunal Supremo pueda avanzar en el caso, sino que también refuerza las críticas sobre la transparencia y la eficacia de las investigaciones relacionadas con las altas esferas del poder. A pesar de las múltiples solicitudes de datos y las intervenciones de la Guardia Civil, parece que los esfuerzos por encontrar pruebas de relevancia se han topado con una barrera tecnológica difícil de sortear.
Por lo tanto, la instrucción de Ángel Hurtado se enfrenta ahora a un punto muerto. Con las pruebas de las empresas tecnológicas fuera del alcance, el futuro de la investigación dependerá de otros caminos judiciales que podrían abrirse para tratar de esclarecer las posibles responsabilidades del fiscal general en el caso. Sin embargo, el hecho de que la información recabada de Google y WhatsApp no haya sido útil plantea serias dudas sobre la capacidad de las autoridades para obtener evidencia decisiva.