Ahora es, de nuevo, la sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo quien ha vuelto a cargar contra Álvaro García Ortiz. Ya lo hizo con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala de sala y ahora le ha tocado el turno al fiscal superior de Baleares, Julio Cano Antón. El argumento de los controvertidos jueces es el de siempre: que se omitió el parecer del Consejo Fiscal, un organismo consultivo pero que está siendo utilizado por la derecha judicial para oponerse a unas resoluciones que se adoptan con arreglo a la ley. Y la caverna mediática se apunta a los argumentos de los jueces al señalar que a Cano Antón le han dado ese destino porque en la fiscalía de Baleares trabaja su pareja sentimental “y eso es incompatible”. La misma justificación que se utilizó con Dolores Delgado cuando se dijo que no podía ocupar una función en la que se dilucidan los derechos humanos, precisamente la especialidad del despacho de su esposo, Baltasar Garzón.
Si García Ortiz no dimite es porque tiene la estima muy alta, y se podía decir, en Román paladín, “más moral que el Alcoyano”. En la otra sala del Supremo, la de Lo Penal, tienen abierta una causa en la que es el principal investigado por “revelación de secretos” y en la que un juez, Ángel Hurtado, cuya designación fue cuestionada porque en su anterior destino en la Audiencia Nacional se opuso a la imputación del Partido Popular en la causa de la Gürtel, además de negarse a la recusación de sus compañeros Concepción Espejel y Enrique López en ese mismo caso, ha tomado una decisión desproporcionada para la investigación de un delito menor como es la confiscación de todos los documentos digitales de la oficina del FGE en los últimos siete años en los que hay datos que no sólo no afectan a la instrucción que lleva a cabo sino algunos que pueden afectar a la seguridad nacional y que, diga lo que diga, pueden ser filtrados y utilizados por terceros. De hecho, la diputada ultra del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha dirigido al juez pidiéndole información sobre si en los correos intervenidos hay alguno que le relacione con la amnistía. Algo que nada tiene que ver con la causa. Ya sólo falta que la salas de Lo Social, Civil y Militar encuentren alguna razón para procesar al que los jueces conservadores consideran “la bestia negra” de la judicatura. Y todo porque fue el líder de la Unión Progresista de Fiscales y número dos de la otra gran enemiga de los jueces conservadores de este país, Dolores Delgado.
Cano Antón, el fiscal cuyo nombramiento acaban de rechazar los controvertidos jueces del Supremo, es una persona muy próxima a García Ortiz. También pertenece a la UPF. Y, según la derecha mediática, mantiene una relación estable con “un compañero destinado en la fiscalía general de las islas Baleares”. Según la sala de Lo Contencioso, el nombramiento contraviene el artículo 58 del Estatuto del Ministerio Fiscal en el que se establece la prohibición para ejercer el cargo de fiscales en la misma instancia donde ejercen sus cónyuges “o personas de análoga relación de afectividad siempre que haya dependencia jerárquica inmediata entre ellos”. Los jueces acusan a la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz, de tener conocimiento de la relación afectiva del candidato con un miembro de la carrera destinado en la fiscalía a la que optaba. Lo cierto es que Cano Antón pidió, en su día, un informe sobre la posible incompatibilidad. La jefa de la inspección no trasladó esta circunstancia al Consejo Fiscal ni tampoco efectuó la valoración correspondiente. El Supremo dice que tenía la obligación de hacerlo, algo que los expertos siguen cuestionando con arreglo a la norma. Los magistrados fundamentan su resolución en que “ninguna duda cabe sobre el hecho de que la idoneidad de los candidatos es tanto capacidad o aptitud como condición y posibilidad de ejercicio lo que conecta directamente con la causa de incompatibilidad alegada, de manera que la Inspección Fiscal debió hacer indicación de esa circunstancia en el citado informe individualizado de valoración o, cuando menos, trasladar esos hechos a la reunión del Consejo Fiscal. Sin embargo, nada de ello fue realizado”.
La resolución de la sala de Lo Contencioso Administrativo obedece a una demanda presentada por un miembro del ministerio público que considera vulnerado su derecho a la plaza asignada a Cano Antón. El recurrente, además, revela que el compañero sentimental obtuvo su destino en comisión de servicios por resolución del ministerio de Justicia lo que determina la concurrencia de la causa de incompatibilidad. Sea como fuere, el Supremo ordena al fiscal general del Estado a que lleve el asunto al Consejo Fiscal para que este organismo ejerza la competencia que le concede el artículo 58 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Mientras tanto, anula el decreto del nombramiento.
A García Ortiz le ocurrió lo mismo con Dolores Delgado. Obedeció el fallo de la corte suprema y convocó al organismo consultivo. Allí, con los votos de los vocales natos, logró sacar adelante el nombramiento de la exministra. Ahora deberá hacer lo mismo. Pero en toda esta historia hay algo cada vez más claro. Al fiscal general del Estado los jueces no le van a pasar ni una.
La derecha judicial ha encontrado el “talón de Aquiles” para desgastar al gobierno de Pedro Sánchez en la persona de García Ortiz al que sólo se le puede acusar de poner al frente de la fiscalía de Baleares a una persona afín, afiliado a la Unión Progresista de Fiscales, la asociación que intenta, con todos los medios a su alcance, contrarrestar la ofensiva que llevan a cabo sus oponentes, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Ambas dicen situarse al margen de las opciones políticas, pero en una de ellas está un fiscal que fue su dirigente, Salvador Viada, cuya beligerancia ha llegado a ser tan evidente que, incluso, estuvo presente, sin poder hacerlo legalmente, en el registro del despacho de García Ortiz sin que el juez haya tomado cartas en el asunto. Es más, acepta llamarlo como testigo para que delate la “presunta” manipulación de uno de los teléfonos intervenidos por parte de García Ortiz y su número dos Ángeles Sánchez Conde. Cada vez está más clara la ofensiva de la derecha judicial contra el fiscal general. Es un “bestia negra” y hay que cargárselo a toda costa porque ese es el camino para “quemar” al gobierno progresista.