El malestar entre los miembros de la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo es evidente cada día que pasa sin que el Consejo General del Poder Judicial haya llegado a un acuerdo para elegir a su presidente. Andrés Martínez Arrieta sigue siendo el principal candidato. Los conservadores argumentan que tiene derecho a ocupar el cargo por ser el magistrado de mas antigüedad pero se encuentran con la oposición de los progresistas que insisten en apoyar a su candidata, Ana Ferrer, basándose en la ley de paridad que exige los nombramientos en función de la representatividad y, ahora mismo, el 52 por ciento de la carrera judicial la ocupan mujeres. El enfrentamiento ha llegado a generar una fuerte tensión entre los integrantes de la sala hasta tal punto que magistrados que hasta hace poco mantenían una buena relación se muestran esquivos, incluso evitando los encuentros personales. Mientras tanto, en el CGPJ, los conservadores han rechazado la última oferta progresista consistente en aceptar la designación de Martínez Arrieta a cambio de que se nombre a Pilar Teso al frente de la sala de Lo Contencioso Administrativo considerada otra de las instancias claves en la corte suprema porque por ella pasan los recursos de los actos administrativos del gobierno.
La mayoría de los jueces conservadores de la sala de Lo Penal nunca vieron con buenos ojos a Ana María Ferrer. La magistrada, afiliada a la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, ha chocado frontalmente con ellos. Y los dos últimos enfrentamientos en sentencias relevantes: las sentencias condenando a los líderes del procès y la ley de amnistía. En ambas ha presentado un voto particular. Sus compañeros afines a la derecha judicial consideran que la cerrazón a renunciar a su candidatura se debe a las instrucciones que ha recibido del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde- Pumpido, al que le une una estrecha amistad. Los miembros mayoritarios de la sala acusan a su antiguo compañero de bloquear la situación por encargo del ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien, según ellos, estaría interfiriendo para evitar el nombramiento de Martínez Arrieta.
A este juez le quedan dos años para jubilarse. Tal vez esa sea la razón por la que los vocales conservadores del CGPJ tampoco pretenden dar la batalla. Martínez Arrieta puede permanecer en funciones hasta la fecha de su retiro. Además, insisten en que su imagen personal se acerca más a los postulados de izquierda, aunque mantiene una total independencia política. Lo que pasa es que en el gobierno no le aceptan por la postura que mantuvo en la ley de amnistía negándose a incluir el delito de malversación. Es más, en fuentes jurídicas próximas a la izquierda se señala que Martínez Arrieta sigue al pie de la letra las instrucciones de Manuel Marchena, que fue presidente de la sala hasta noviembre cuando agotó legalmente su mandato. Esas mismas fuentes aseguran que Marchena, considerado ultraconservador, sigue mandando en la sombra.
La derecha judicial manifiesta que Cándido Conde-Pumpido es el culpable del bloqueo no sólo porque quiere situar a Ana Ferrer al frente de la sala segunda, sino porque así ha podido ejercer más fuerza para colocar a su mujer, la magistrada Clara Martínez de Careaga, al frente de la sala militar. Un argumento que cae por su propio peso puesto que Martínez de Careaga ha contado, desde el principio, con el apoyo unánime de los jueces.
Esta versión de la derecha judicial tiene su lógica porque Conde-Pumpido se ha convertido en su enemigo número uno. Y esos ataques han molestado a la Ferrer que considera que su compañero del TC no tiene posibilidad de defenderse al ocupar un puesto en una alta instancia que le impide cualquier enfrentamiento con los que fueron sus compañeros.
Ana Ferrer goza de gran prestigio y tiene una fuerte personalidad. No se cortó a la hora de acusar a sus compañeros de sala de practicar “la ficción jurídica” al redactar su voto particular a la sentencia que rechaza los recursos presentados por la fiscalía, la abogacía del Estado y las defensas negándose a aplicar la medida de gracia al expresidente de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull.
En este voto particular la jueza dice que "la lectura de los preceptos advierte del inequívoco propósito legislativo de amnistiar la aplicación de fondos públicos a la celebración de los referéndums que tuvieron lugar en Catalunya en los años 2014 y 2017 y, con carácter general, todos los gastos asumidos por el erario público siempre que buscaran hacer realidad lo que el legislador denomina el proceso independentista catalán”. Y concluye argumentando que la decisión adoptada por sus compañeros "no es interpretativa, sino derogatoria", porque deja sin contenido la ley que deben aplicar. Tales argumentos han sido muy mal vistos por el resto de los miembros de la sala segunda que no quieren ni oír hablar de su designación como presidenta.
De ahí el malestar suscitado que tiene difícil solución. Los jueces de signo progresista son una minoría en el Supremo, pero sí tienen suficiente presencia como para salir en bloque a defender a su compañera. Ya la presentaron candidata a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial siendo vetada por la derecha. Y ahora sucede algo parecido. Ni siquiera se la aceptó como vicepresidenta de Isabel Perelló. Es considerada muy afín al gobierno progresista en un momento en el que los jueces de la sala segunda están preparados para dar la batalla contra las decisiones que adopte el Constitucional respecto a sus sentencias sobre la amnistía.
Y, si hace falta, se va más lejos y se apoya a los magistrados de la Audiencia de Sevilla que van a presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la sentencia de la trama política de los Eres de Andalucía. El enfrentamiento es evidente. Y, como consecuencia del mismo, el ambiente en la plaza de la Villa de París se ha enrarecido hasta tal punto que hay magistrados que ni se saludan. Mala imagen la de unos profesionales obligados a impartir la justicia en este país.