El Tribunal Supremo ha iniciado una investigación penal contra Luis "Alvise" Pérez por recibir presuntamente 100.000 euros no justificados del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo. El eurodiputado, señalado por varios delitos graves, dispone de un breve plazo para colaborar con la justicia o enfrentarse a una solicitud formal de retirada de su inmunidad parlamentaria.
El magistrado Julián Sánchez Melgar, de la Sala Penal del Tribunal Supremo, ha abierto diligencias previas contra el eurodiputado Luis "Alvise" Pérez. El procedimiento surge tras la denuncia por una presunta entrega de 100.000 euros sin factura procedentes del empresario Álvaro Romillo, vinculado a una supuesta estafa piramidal mediante la plataforma Madeira Invest.
Según el auto, el juez ofrece a Pérez cinco días para decidir si desea declarar de forma voluntaria. Si no lo hace, el tribunal podría solicitar al Parlamento Europeo el levantamiento de su inmunidad parlamentaria para proceder penalmente contra él. Los delitos que se le imputan abarcan un amplio espectro: financiación ilegal de partidos políticos, delito electoral, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental. La causa también afecta a Romillo, que ya se encuentra bajo investigación por parte de la Audiencia Nacional.
En el marco de esta causa, se ha aceptado la personación del PSOE como acusación popular, aunque condicionada a la presentación de una querella y el depósito de una fianza de 15.000 euros. Además, el juez ha encomendado la instrucción policial del caso a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que actuará como Policía Judicial.
Esta investigación se suma a otras causas que afectan a Alvise. El Supremo ya lo investiga por la difusión de una prueba de covid presuntamente falsa relacionada con el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, así como por mensajes injuriosos dirigidos a una fiscal especializada en delitos de odio. A ello se suma una petición reciente de una jueza madrileña para investigar la difusión de conversaciones privadas del ex número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, extraídas del conocido caso Kitchen.
La exposición razonada remitida por el juez central número 4 de la Audiencia Nacional detalla que la entrega de dinero por parte de Romillo a Pérez habría tenido lugar el 27 de mayo de 2024, apenas días antes de la celebración de las elecciones europeas. La supuesta aportación estaría destinada a la formación política del eurodiputado. La gravedad de los hechos y la pluralidad de delitos atribuidos podrían tener consecuencias relevantes tanto a nivel judicial como político, si el Parlamento Europeo accede a permitir que el Supremo actúe contra el parlamentario.