La UCO desmonta las sospechas contra el fiscal general: ni habló con periodistas ni filtró el correo del novio de Ayuso

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10 de Febrero de 2025
Actualizado el 11 de febrero
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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

El informe de la Guardia Civil confirma que Álvaro García Ortiz no mantuvo ninguna comunicación con la prensa en los días clave de la filtración. También señala que el borrado de sus mensajes de WhatsApp era una práctica habitual por motivos de seguridad.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez instructor Ángel Hurtado un informe que desmonta una de las principales sospechas que pesan sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según el análisis de sus comunicaciones, el fiscal no mantuvo contacto con periodistas en los días previos a la filtración del correo electrónico de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Este documento, que recoge 69 llamadas salientes y 54 entrantes entre el 8 y el 14 de marzo, no incluye ninguna comunicación con medios de comunicación, desmintiendo la teoría de que García Ortiz pudo haber participado en la difusión de la información. Sí aparecen contactos con teléfonos vinculados al Ministerio de Hacienda y al diario La Razón, aunque la mayoría de las llamadas se produjeron con sus dos principales colaboradores, quienes también están siendo investigados en la causa.

El testimonio del periodista de la Cadena SER refuerza la versión del fiscal

El informe de la UCO también valida la declaración de Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena SER que informó sobre el contenido del correo electrónico del novio de Ayuso. Campos testificó que intentó confirmar la información con diversas fuentes antes de su publicación y que entre sus intentos de verificación estuvo una llamada al fiscal general. Sin embargo, esta no fue atendida ni respondida.

En su declaración, Campos insistió en que no recibió ninguna filtración desde la Fiscalía y que la información publicada por su medio fue fruto de su investigación independiente. “Llamé a muchísima gente relacionada con el caso para contrastar la información, incluyendo fuentes jurídicas, fiscales y de Hacienda”, explicó. Su objetivo era desmontar la versión propagada desde la Comunidad de Madrid, que insinuaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, cuando en realidad había sido este quien había solicitado un acuerdo para evitar el juicio.

Extractos del interrogatorio

El testimonio de Campos ante el juez refuerza la idea de que no existió filtración por parte del fiscal general ni de su equipo. En el interrogatorio, se produjeron momentos clave que ahora la UCO ratifica con su informe:

  • Ministerio Fiscal: “Por la tarde, ¿intentó confirmar su fuente con otras fuentes externas a la fuente original, entre ellas medios fiscales?”
    • Miguel Ángel Campos: “Correcto”.
    • Ministerio Fiscal: “¿Consiguió que se lo confirmaran?”
    • Miguel Ángel Campos: “No”.

También quedó claro que Campos tenía el número de García Ortiz, pero nunca habló con él durante esos días:

  • Letrado de González Amador: “¿Conoce usted personalmente a Don Álvaro García Ortiz?”
    • Miguel Ángel Campos: “Sí”.
    • Letrado: “¿Tiene su teléfono móvil?”
    • Campos: “Sí”.
    • Letrado: “¿No mantuvo ninguna llamada ni conversación con él entre el 7 y el 13 de marzo?”
    • Campos: “No”.

Borrado de mensajes: protocolo de seguridad habitual

Uno de los puntos más controvertidos en la investigación ha sido la imposibilidad de recuperar mensajes de WhatsApp previos al 16 de octubre en los teléfonos del fiscal general. La UCO señala que esto se debe “fundamentalmente al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones”. Además, informa de que tampoco se han encontrado datos en la cuenta de Gmail de García Ortiz, ya que los contenidos fueron eliminados sin que quedaran copias de seguridad disponibles. No obstante, los investigadores no descartan que parte de la información eliminada pueda ser recuperada.

Fuentes cercanas al fiscal general han recordado que el borrado frecuente de mensajes es parte de un protocolo de seguridad que García Ortiz aplica habitualmente. Además, la cancelación de su cuenta de correo también se enmarcó en medidas de protección después de que varios medios de comunicación publicaran fragmentos de sus conversaciones con la fiscal provincial Pilar Rodríguez.

Un juez que ignora las pruebas

A pesar de los hallazgos de la UCO, el juez Ángel Hurtado no ha tomado en cuenta el testimonio de Campos ni el informe de la Guardia Civil. La Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz y a la fiscal provincial de Madrid en este caso, ha solicitado nuevas diligencias de investigación basándose en estos nuevos datos, pero hasta ahora no ha recibido respuesta del magistrado.

Este caso, que inicialmente se presentó como un posible escándalo de revelación de secretos, parece ir perdiendo fuerza a medida que las pruebas desmienten las acusaciones contra García Ortiz. Sin comunicaciones con la prensa y con la confirmación de que el periodista que publicó la noticia actuó por cuenta propia, la investigación podría estar acercándose a un punto muerto. La gran incógnita ahora es si el juez Ángel Hurtado reconsiderará su postura o si, a pesar de las pruebas, seguirá adelante con la causa.

 

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