En España, cada vez resulta más difícil para algunos periodistas ejercer su labor sin ser agredidos, insultados o amenazados. Lo ocurrido recientemente con una reportera de Televisión Española durante la cobertura de un acto público no es un hecho aislado. Es, según denuncian desde la plantilla de RTVE, la enésima muestra de un patrón que se repite con creciente impunidad. Esta vez, los ataques no solo se produjeron de forma presencial, sino que se han trasladado también a las redes sociales, donde personajes vinculados a la extrema derecha han señalado directamente a la periodista agredida y han amenazado con represalias si algún día gobiernan.
Lo grave de este caso no es solo la agresión —que ya de por sí lo es— sino la falta de respuesta contundente por parte de la dirección del ente público. Así lo denuncian trabajadores de la cadena y agrupaciones sindicales como UGT RTVE, que reclaman que se dejen de lado las declaraciones institucionales y se presenten denuncias formales contra quienes coaccionan y agreden a quienes informan. Las imágenes existen, las caras son reconocibles y los delitos están tipificados en el Código Penal: coacciones, amenazas, injurias. ¿Qué más hace falta para actuar?
El objetivo es el silencio
El objetivo de estos ataques no es solo intimidar a un periodista concreto. Es mucho más profundo: se trata de intentar callar a los medios públicos, de minar la confianza en su trabajo y de generar un clima en el que informar se perciba como un acto arriesgado. La estrategia, según denuncia la Agrupación de Periodistas de UGT, es clara: se busca sembrar el miedo entre quienes cuentan lo que ocurre, sobre todo cuando lo que ocurre es incómodo para ciertos sectores ideológicos.
Lo que pasó en Torre Pacheco es un ejemplo revelador. Tras difundirse vídeos de batidas ciudadanas contra personas migrantes, alentadas por bulos racistas y discursos de odio, varios periodistas que informaron sobre ello fueron atacados en redes sociales. A quienes denunciaron el racismo se les acusó de manipular, de inventar, de criminalizar “a los de aquí”. El resultado: más amenazas, más insultos, más señalamientos.
Desde UGT y otros colectivos profesionales se alerta de que este tipo de acciones no son espontáneas ni casuales, sino parte de una campaña organizada de la extrema derecha para socavar la credibilidad del periodismo, desprestigiar a los medios públicos y alentar un ambiente de hostilidad que disuada a futuros informadores.
La Agrupación de Periodistas de UGT ha querido ir más allá: denuncia que estos ataques no son hechos aislados, sino parte de una ofensiva organizada por parte de la extrema derecha para silenciar a las voces que denuncian el racismo, la xenofobia y otras violencias sociales e institucionales. Lo ocurrido en Torre Pacheco, con batidas contra migrantes alentadas por bulos racistas, y posteriormente difundidas y blanqueadas en redes, es una muestra de esa estrategia. Y quienes se atreven a contarlo, acaban señalados, insultados y amenazados.
El derecho a informar también se defiende
En un Estado democrático, el derecho a la información es un pilar fundamental. Y ese derecho no solo implica que los medios puedan contar lo que ocurre: implica también que la ciudadanía pueda acceder a esa información sin filtros ideológicos ni presiones externas. Si se impide a una periodista hacer su trabajo, no se está atacando solo a una persona. Se está atacando a toda la sociedad.
Por eso, los sindicatos reclaman que RTVE, como medio público financiado por todos los ciudadanos, actúe con firmeza. Que no se limite a expresar repulsa, sino que interponga las denuncias necesarias para que estas agresiones no queden impunes. Porque si no se actúa ahora, la próxima agresión puede ser peor. Y cada ataque que quede sin respuesta es un mensaje de impunidad para quienes quieren callar a la prensa.
El periodismo no puede vivir bajo amenaza. Informar no es un delito. Y proteger a quien informa debería ser una prioridad de cualquier institución que se diga democrática.