Urge una vivienda pública digna y adecuada

Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales Empleo y Seguridad Social de UGT reclama “una política de vivienda pública que permita el derecho a una vivienda digna y adecuada, que apueste por una mayor inversión pública (hasta alcanzar el 1,5% del PIB), y que evite una nueva burbuja de la compra y del alquiler”.

El aumento de las ejecuciones hipotecarias supone un paso más en el incremento de la desigualdad

Mari Carmen Barrera considera que “el aumento del 28,2% del número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en el registro de la propiedad en el tercer trimestre de 2019, respecto al mismo periodo de 2018, supone un drama para miles de familias, que ven como pierden la que ha sido su vivienda habitual durante muchos años sin que haya una solución por parte de las diferentes Administraciones Públicas”.Esta situación, unida a los bajos salarios, al mercado laboral totalmente precarizado (con una inadecuada protección al desempleo y una ausencia casi total de políticas activas de empleo), “hace que muchos trabajadores y trabajadoras, sobre todo jóvenes, pierdan sus viviendas o se vean imposibilitadas a acceder a una, ya sea en alquiler o en propiedad”, ha denunciado la responsable de vivienda de UGT.Según la Estadística del INE sobre Ejecuciones Hipotecarias, correspondiente al tercer trimestre de 2019, el número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en el registro de la propiedad en el tercer trimestre de 2019 ascendía a 12.369 inmuebles, lo que supone un 24,7% menos que el trimestre anterior. En lo que respecta a ejecuciones hipotecarias en viviendas de personas físicas, 947 se realizaron en viviendas habituales y 345 en segundas residencias, lo supone un 21,3% y un 27,3% menos, respectivamente. Por Comunidades Autónomas, Andalucía (289), Comunidad Valenciana (249) y Cataluña (197) fueron las que registraron un mayor número de ejecuciones, y en el lado opuesto se encuentran Navarra (4), País Vasco (5) o La Rioja (7).Atajar el problema de la vivienda para combatir la pobreza y la exclusión socialPara Mari Carmen Barrera es urgente “apostar por una política pública de vivienda con derechos, que incluya la construcción de un gran Parque Social de Viviendas sociales a precios asequibles, preferentemente en alquiler, que permita una vivienda digna también a personas con menos recursos”. Para UGT resulta fundamental asignar a la vivienda un valor de uso y despojarla de todo instrumento que implique un valor de inversión o búsqueda de rentabilidad con su tenencia.Mari Carmen Barrera insta a las fuerzas políticas progresistas “a que, a la mayor brevedad posible, conformen un gobierno en el que, de manera prioritaria, incluya en sus políticas sociales el problema de la vivienda, su tenencia y acceso, como forma de combatir la pobreza y la exclusión social, poniendo en el centro de las mismas las necesidades habitacionales de las personas, con el objetivo de hacer efectivo un derecho tan fundamental como es el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible”, ha concluido.