Acceder a una vivienda digna en España se ha convertido en una misión casi imposible para gran parte de la población trabajadora. Así lo alerta la Unión General de Trabajadores (UGT) en un informe demoledor que radiografía el divorcio entre los salarios reales y el coste de la vivienda en propiedad o alquiler.
El documento, titulado "Convenios colectivos y derecho a la vivienda", al que Diario16+ ha tenido acceso, pone cifras al desamparo habitacional: hoy, una persona trabajadora necesita más de 52 años de salario neto, dedicando el 40% del mismo, para adquirir un piso medio. En ciudades como Madrid o Barcelona, ese sueño es directamente inalcanzable.
El análisis parte de los convenios colectivos más representativos y los compara con los precios de compraventa y alquiler actualizados a junio de 2025. En 195 escenarios analizados, solo el 15% cumple el umbral internacionalmente aceptado de no dedicar más del 40% del salario al coste de la vivienda. El resto supera ampliamente ese límite, con algunos casos extremos en los que el coste mensual del alquiler equivale al salario completo.
30 años de hipoteca y una vida de deuda
El acceso a una vivienda en propiedad, históricamente la vía mayoritaria en España, ha caído a mínimos. La Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 reveló que sólo el 73,4% de los hogares vive en una vivienda de su propiedad, seis puntos menos que hace dos décadas.
Las razones: desde 2015, el precio medio de la vivienda ha subido un 77%, mientras que los salarios lo han hecho apenas un 22%. Con el Euríbor disparado hasta niveles no vistos desde 2008, las cuotas hipotecarias también se han encarecido. Como resultado, una hipoteca tipo supone hoy, de media, más del 60% del salario neto en territorios como Madrid, Baleares, Gipuzkoa o Barcelona.
En Madrid, por ejemplo, el precio medio de una vivienda de 60 m² supera los 360.000 euros. Para un trabajador del sector de hostelería, eso supone dedicar 64 años íntegros de salario neto para poder pagarla sin contar intereses. Con ellos, el plazo se dispara a más de 50 años incluso destinando el 40% de su sueldo mensual.
Alquiler: condena a la exclusión
La alternativa del alquiler, lejos de ser una solución, se ha convertido en otro callejón sin salida. En sectores como el comercio, la limpieza o la hostelería, se detectan situaciones donde el alquiler mensual llega a consumir hasta el 100% del salario neto. En ciudades como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca o Donostia, el alquiler de un piso medio (60 m²) puede superar los 1.200 euros, mientras que el salario medio en esos sectores ronda los 1.000 euros netos.
El informe revela que, para ajustar los pagos de hipoteca o alquiler al 40% del salario, los sueldos deberían incrementarse entre un 30% y un 150%, dependiendo del territorio y del sector. En Madrid, por ejemplo, los trabajadores de limpieza necesitarían un aumento de hasta el 188% para que su hipoteca no supere ese umbral.
Convenios colectivos y vulneración del derecho a la vivienda
El estudio de UGT cruza convenios provinciales y autonómicos con los precios de vivienda, poniendo al descubierto un patrón sistemático de exclusión habitacional. Incluso en sectores tradicionalmente mejor remunerados, como la industria del metal, el esfuerzo financiero para acceder a la vivienda es insostenible en muchas regiones.
Según el sindicato, esta situación no es solo una crisis económica, sino una vulneración del derecho humano a una vivienda digna, consagrado tanto en la Constitución Española como en tratados internacionales. UGT ha presentado una denuncia colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para que se reconozca formalmente el acceso a la vivienda como un derecho básico en España.
Pisos turísticos y financiarización
La especulación no se detiene. El auge de los pisos turísticos y la conversión de la vivienda en un activo financiero están extrayendo miles de inmuebles del mercado residencial, presionando aún más los precios al alza. En Madrid, se estima que existen más de 16.000 pisos turísticos ilegales, el 90% de ellos sin registro. El sindicato denuncia que esta situación no solo vulnera el derecho a la vivienda, sino que crea zonas de impunidad fiscal y laboral.
Crisis estructural
El informe concluye que la brecha entre salarios y vivienda es hoy una de las mayores amenazas a la estabilidad social del país. La Ley estatal de Vivienda de 2023 supuso un avance legislativo, pero su aplicación ha sido tímida y fragmentada. UGT exige medidas más ambiciosas: regulación efectiva del alquiler, ampliación del parque público de vivienda social, inspección sobre los pisos turísticos y, sobre todo, mejoras salariales sustanciales.
“Cada vez que una persona trabajadora no puede acceder a una vivienda, se vulnera un derecho. Y cada vez que se vulnera un derecho, se refuerza nuestra determinación”, sentencia el informe. Una frase que resume no solo una denuncia, sino una declaración de intenciones frente a una crisis que afecta al corazón del contrato social.