Tengamos memoria. Miguel Ángel Rodríguez ha vuelto a amenazar a periodistas, no es nada nuevo. En 1997 el empresario Antonio Asensio, presidente de Antena 3, le denunció por haberle amenazado con represalias inauditas contra él y sus empresas si cerraba el pacto con Canal + para los derechos televisivos de los clubes de fútbol. Asensio hizo esta acusación en la Comisión Constitucional del Congreso, nada menos, aportando notas escritas de periodistas como Jesús Hermida, José Oneto y Manuel Campo Vidal. Se ha demonizado a Pedro Sánchez, recordemos, un presidente elegido democráticamente, con el fin de que ataques a pilares básicos de nuestra democracia sean percibidos como algo menor e incluso reciban el apoyo de la sociedad. Recordemos también que Miguel Ángel Rodríguez, amparado por la inquina de Aznar, fue uno de los arquitectos del acoso al grupo PRISA en 1997, que alcanzó una virulencia desconocida en nuestro país. Para llevar a cabo esta ofensiva se utilizó la antigua Telefónica, presidida por Juan Villalonga, compañero de pupitre y amigo personal de Aznar. La estrategia consistía en dinamitar el lanzamiento de Canal Satélite, la empresa digital participada y gestionada por PRISA, a través de toda clase de artimañas legales. En paralelo, se intentó encarcelar a la cúpula de PRISA (han leído bien: encarcelar, su concepto de democracia es ese) con maniobras judiciales que supusieron para el juez Javier Gómez de Liaño una condena por prevaricación. Las acusaciones de este juez se desvanecieron, desautorizadas por el veredicto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que descartó los delitos de estafa y apropiación indebida y llegó a afirmar que la instrucción se asemejaba a una «causa general» contra Canal Plus. El Tribunal Supremo condenó en 2003 al Gobierno de Aznar a pagar a Sogecable, la empresa propietaria de Canal Plus, nada menos que 26 millones de euros por aprobar una norma que le causó un perjuicio patrimonial al impedir la captación de abonados. Les ruego que se fijen en esta cantidad: el Estado, es decir, todos nosotros pagamos 26 millones de euros por las maniobras del Gobierno de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez incluido, contra un grupo periodístico al que consideraban hostil. Me gustaría saber qué piensan de este derroche quienes tanto se escandalizaron, hablando de inaceptable dispendio, ante el bulo que decía que el Gobierno de Sánchez destinaba 4.700 euros mensuales a cada menor no acompañado.
El acoso del Gobierno de Aznar fue tan manifiesto y descarnado que varios cientos de intelectuales de todo el mundo, con García Márquez, Norman Mailer, Susan Sontang, Umberto Eco y Carlos Fuentes a la cabeza, firmaron un manifiesto en el que se decía que la cúpula de PRISA estaba siendo objeto de «una campaña de descrédito profesional y personal que trata de minar su honorabilidad y la credibilidad e independencia de EL PAÍS». De nuevo me pregunto, qué pensaron en aquel entonces nuestros patriotas de cabecera acerca del deterioro evidente de la imagen de España como democracia, debido a los ataques del Gobierno de Aznar al principal grupo periodístico español, entre otras cosas porque detestaban las burlas de los guiñoles que se emitían en los programas de humor de Canal Plus. Parece irreal, pero esto mereció incluso una portada de ABC, entre otras cosas porque las derechas españolas actúan siempre en perfecta sincronía. Para mayor vergüenza, la Comisión Europea llegó a anular en 2002 algunas decisiones llevadas a cabo por decreto por el Gobierno de Aznar contra PRISA porque infringían las normas de la Unión Europea.
La extrema polarización que vivimos en España ya fue ensayada en Brasil durante 2014, 2015 y 2016, cuando la omnipotente televisión Globo se dedicó con esmero a deteriorar la imagen de la presidenta Dilma Rousseff, llegando incluso a ridiculizarla de muchas maneras con el propósito de que los brasileños vieran con buenos ojos su destitución, que se aprobó en el Senado el 31 de agosto de 2016, no por corrupción o abuso de poder, sino por cuestiones puramente administrativas. Globo es un viejo instrumento de las élites brasileñas, con capacidad probada para moldear el pensamiento de la sociedad. Si bien la Constitución de Brasil determina que ha de haber un crimen de responsabilidad para iniciar el proceso de destitución de un presidente, no había nada definido en las leyes como crimen que pudiera ser atribuido a Dilma Rousseff. La excusa utilizada por las corruptas derechas brasileñas para acabar con la presidenta fue el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas sociales, práctica frecuente en varios estados del país, por la que ningún gobernador ha sido condenado. Por cierto, que el 40% de los senadores encargados de juzgar a la entonces presidenta estaban acusados de corrupción. Lo que trato de señalar cuando hablo del deleznable papel de Globo es que, tras una brutal campaña de desinformación e infamias contra una gobernante elegida democráticamente, la población se mostraba inclinada a que se adoptasen medidas excepcionales contra ella. Y lo mismo está sucediendo aquí. ¿Cuántas personas creen que no verían con malos ojos un magnicidio en nuestro país después de todo lo que se ha dicho contra Sánchez y después de que la derecha haya decretado que nuestra (su) prioridad no es acabar con la emergencia habitacional, la precariedad laboral, la desigualdad, los barracones en los que estudian decenas de miles de niños, o las listas de espera en la sanidad pública y la dependencia, sino sacar del poder a un presidente elegido por el pueblo? Estoy seguro de que aún serían una minoría. Pero parte de la derecha del PP pedía incluso la intervención del rey para evitar la investidura de Sánchez. Esta medida sería no solo excepcional e injustificable, sino irrealizable desde el punto de vista jurídico. Pero de llevarse a cabo semejante desatino, España se convertiría en un sistema híbrido como el de Marruecos, y no en una democracia plena. Y esto lo defiende gente que dice proteger la Constitución y la ley. Los sistemas democráticos son más frágiles de lo que parece, y si permitimos que se ataque a la libertad de expresión lo serán aún más. La prioridad es que se preserve la pureza del Estado de Derecho, no echar a Pedro Sánchez, eso lo decidiremos o no los ciudadanos en unas elecciones y respetando los tiempos democráticos.
