Larenovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España, una institución clave en el entramado de la justicia, ha sido objeto de una prolongada inacción política que ya roza niveles críticos. Desde su entrada en funciones en diciembre de 2018, el CGPJ ha permanecido en un estado de interinidad, desafiando los principios fundamentales de estabilidad institucional y, lo que es más grave, la independencia judicial.
En el epicentro de este estancamiento se encuentra la incapacidad de los partidos políticos, especialmente el Partido Popular (PP),para llegar a un consenso sobre la renovación del CGPJ. Este prolongado bloqueo político no solo contraviene los mandatos constitucionales que exigen un órgano judicial plenamente operativo, sino que también amenaza con socavar los pilares fundamentales sobre los que se sustenta el Estado de Derecho.
La voz de alerta emitida por el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, resuena con la fuerza de la convicción jurídica y el rigor profesional. Su advertencia sobre el riesgo de designar vocales "militantes" en un contexto político polarizado subraya la importancia crítica de garantizar la independencia y la imparcialidad del órgano judicial. En un momento en que la confianza en las instituciones se ve amenazada por la politización "rampante", la selección de candidatos que encarnen los más altos estándares de integridad y competencia profesional es un imperativo moral y legal.
El llamamiento de Guilarte a los políticos para que se abstengan de demonizar a los jueces y para que respeten su papel como guardianes del Estado de Derecho es una exhortación de profundo calado ético. La demonización de los jueces y la politización de su labor representan una afrenta a los principios fundamentales de un sistema judicial imparcial y autónomo. En un Estado democrático, la independencia judicial no es un privilegio, sino un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido en todo momento.
La interinidad prolongada del órgano judicial representa una amenaza para la integridad del sistema judicial y, por extensión, para la salud de la democracia española
Es evidente que el modelo actual de elección de los vocales del CGPJ ha demostrado ser insuficiente para salvaguardar la independencia judicial. La revisión y reforma de este sistema son tareas impostergables que exigen un compromiso firme con los principios democráticos y el Estado de Derecho. La representatividad equilibrada y la diversidad en la composición del CGPJ son elementos esenciales para fortalecer su legitimidad y su capacidad para cumplir con su mandato constitucional.
En el contexto actual, es innegable que en demasiadas ocasiones somos espectadores de episodios han suscitado profundas preocupaciones sobre la imparcialidad de ciertos jueces, especialmente en relación con lo que se ha denominado "lawfare". Este término hace referencia al uso indebido de los recursos legales y del sistema judicial para perseguir fines políticos o partidistas, en lugar de buscar la justicia y el cumplimiento de la ley de manera objetiva e imparcial.
Si bien es fundamental preservar la independencia judicial y evitar generalizaciones injustas, la existencia de casos concretos que sugieren un uso selectivo del poder judicial con motivaciones políticas subraya la importancia crítica de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para garantizar la integridad y la imparcialidad de la judicatura en su conjunto. En este sentido, la renovación del CGPJ no solo representa una oportunidad para restaurar la estabilidad institucional, sino también para reafirmar el compromiso con los principios fundamentales de un sistema judicial imparcial y autónomo.
La renovación del CGPJ no es simplemente una cuestión de procedimiento político, sino un imperativo moral y jurídico que debe abordarse con la máxima seriedad y responsabilidad.
La interinidad prolongada del órgano judicial representa una amenaza existencial para la integridad del sistema judicial y, por extensión, para la salud de la democracia española. Los actores políticos tienen la obligación de superar sus diferencias y se comprometan con la restauración de la plena funcionalidad del CGPJ, en aras de preservar los valores democráticos y el Estado de Derecho que son la piedra angular de nuestra sociedad.