El transcurso del pleno del Consejo General del Poder Judicial en el que se rechazó el nombramiento de Álvaro García Ortiz fue una incógnita. Hasta el último momento había empate entre los favorables a avalar al renovado fiscal general y los que estaban en contra. Era conocido que uno de los vocales se iba a abstener y de otro nada se sabía. Al final, este último se unió al grupo conservador. Es el juez extremeño Wenceslao Olea que, curiosamente, trabaja en la sala tercera de Lo contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. La misma que anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala de sala, efectuado por García Ortiz, en una sentencia en la que el ponente le llega a acusar de “desviación de poder”. Una controvertida sala que se ha enfrentado en numerosas ocasiones al gobierno anulando algunas de sus decisiones. Curiosa coincidencia. Juez del Supremo y vocal conservador del poder judicial.
Desde que Carlos Lemes efectuara la reforma interna del órgano de gobierno de los jueces, los vocales que no pertenecen a la comisión permanente no cobran otros emolumentos que las dietas por lo que pueden compatibilizar sus funciones con su actividad profesional. En el caso de Olea, que es presidente de la comisión disciplinaria, y puede seguir ejerciendo de juez del Supremo. Suya es la sentencia en la que se ordena el derribo del “resort” de lujo de la isla del embalse de Valdecañas en la provincia de Cáceres. La Junta de Extremadura tiene que hacer frente a 34 millones de euros por los gastos de derribo y a 111 millones en concepto de indemnizaciones a los que ya son propietarios y han pagado por serlo.
La actuación más notoria de Wenceslao Olea fue el recurso que presentó al acuerdo del pleno del Consejo en el que se nombró al progresista Rafael Mozo como sustituto de Carlos Lesmes al frente del órgano cuando éste presentó su dimisión. Mozo era el vocal de más antigüedad y, por lo tanto, le correspondía ocupar la vacante. A juicio de este magistrado del Tribunal Supremo, la presidencia de Supremo y Consejo recae en la misma persona porque el presidente del máximo tribunal ordinario es, por imperio de la ley, el presidente del órgano de gobierno de los jueces. Y los requisitos para ocupar esa plaza son los de ser magistrado de la alta instancia judicial o jurista de prestigio con más de 25 años de antigüedad. Requisitos que no cumple Rafael Mozo. El recurso fue desestimado por considerar que Mozo no era presidente titular sino el sustituto del presidente por lo que no hacía falta reunir las condiciones señaladas por la ley.
Wenceslao Olea no se sumó a los otros siete vocales conservadores que elaboraron la famosa declaración en contra de la amnistía hasta que “se hicieron algunas correcciones de tipo técnico”. Siempre se acaba por unir en el último momento, pero ahora parece haber cambiado de actitud. De una calculada ambigüedad ha pasado a la mayor beligerancia. Suyas son las declaraciones efectuadas a una cadena radiofónica en contra de la amnistía en la que señala que le “cuesta pensar que una mayoría del CGPJ pueda pensar que la amnistía es admisible” además de expresar su rechazo a la medida de gracia porque “comporta anular sentencias. Se van a anular sentencias que los jueces han puesto con mucho trabajo y empeño”.
De esa manera, Wenceslao Olea, un juez extremeño de probada experiencia y reputación, ha decidido pasar de un segundo plano a significarse. En el último momento se sumó a los vocales que votaron en contra de García Ortiz. Siempre en el último momento. Y ahora se suma a una inquietante lista de jueces y magistrados que están efectuado declaraciones en contra de la proposición de ley que ha presentado el grupo socialista en el Congreso, Manuel García Castellón y Pablo Llarena entre los más significados, donde figuran titulares de tribunales superiores y justicia y de audiencias provinciales.
Además de que estos jueces comienzan a sentir en sus carnes las recusaciones de las partes que se encuentran implicadas en los procesos que instruyen o juzgan no parece de recibo ese tipo de declaraciones por parte de unos funcionarios a los que se les reclama una exquisita neutralidad si es que se quiere seguir manteniendo la separación de poderes en el estado democrático español.
Pero esto es la guerra de la judicatura contra el gobierno legítimo de Pedro Sánchez propiciada por la derecha, tanto la del PP como la de Vox. Y a nadie le extraña, ya, que haya jueces afines en este país no sólo a la estrategia conservadora, sino que van más lejos y simpatizan con los postulados de Vox. A nadie debe de extrañar que se empiece a pensar que efectivamente, existe “lawfare” en la judicatura si como tal se entiende la instrumentalización de la justicia o la judicialización de la política. Cuando el gobierno de Mariano Rajoy trasladó a los juzgados el conflicto con los independentistas catalanes no era consciente de lo que ello podía suponer. Poner en manos de los jueces un asunto que nunca debió de salir del ámbito político ha traído estas consecuencias de las que todavía se desconoce hasta donde pueden llegar.
De momento, en un organismo como es el Consejo General del Poder Judicial ocho vocales luchan por ser las cabezas visibles de este movimiento conscientes de los réditos políticos que obtendrán a medio plazo.
¿Es eso lawfare o no lo es?
Bueno, ya tenemos claro que el partido de la toga, debidamente mantenido enriquecido por los ciudadanos, va a seguir en política, mientras les convenga y, solo parece que les conviene con la extrema derecha. Su toga ya no les permite tapar tan miserable comportamiento. Tanta constitución para luego, cuando ya no le sacan provecho, la rompen, y mientras la rompen ciudadanos y compatriota son injustamente tratados.