El exfutbolista y ahora entrenador, Xabi Alonso, no quiso pactar con Hacienda como hicieron muchos de sus compañeros, Lionel Messi, Javier Mascherano, Cristiano Ronaldo y Adriano Correia, entre otros. La AEAT lleva a cabo una campaña contra los futbolistas que cedieron sus derechos de imagen a sociedades interpuestas cuyas inspecciones acaban en los tribunales de justicia. Casi todos ellos accedieron a firmar sentencias de conformidad. Pagaron y quedaron en libertad. Entre otros, Cristiano Ronaldo y Samuel Eto’o admitieron haber defraudado a Hacienda a través de sus sociedades, muchas de ellas radicadas en paraísos fiscales, a cambio de una condena que no implicara su entrada en prisión. Leo Messi llevó su querella hasta el Supremo, pero su recurso no tuvo éxito. Tuvo que pagar 4,1 millones y fue condenado a 21 meses de prisión. Por supuesto, tampoco entró en la cárcel.
El caso de Alonso, en cambio, ha concluido favorablemente para el deportista. Desde un principio se declaró inocente y se opuso a llegar a un acuerdo con la fiscalía y la abogacía del Estado, y ha ganado. Tal vez, a partir de ahora, a Hacienda le va a costar algo más llegar a este tipo de acuerdos después de esta sentencia que, en cualquier caso, no sienta jurisprudencia. Pero Alonso no es el único futbolista que ha ganado un pleito a Hacienda. Gerard Piqué fue absuelto por el Supremo de un delito fiscal. La Audiencia Nacional le tuvo que quitar la multa de 2,1 millones de euros impuesta por la forma en que gestionó sus derechos de imagen entre 2008 y 2010. Los jueces entendieron que sus empresas no eran sociedades vacías de contenido para ahorrarse impuestos, sino que tenían trabajadores y medios.
El futbol es un escaparate para el fisco con el que ejemplarizar los castigos por la evasión de impuestos en este país. El “famoseo” es uno de los objetivos de la Agencia Tributaria. Ahora mismo su “punto de mira” es la cantante colombiana Shakira, la cual, lejos de llegar a un acuerdo, está dispuesta a enfrentarse al fisco en los tribunales. Se la acusa de no tributar alegando que no reside en España el número de días establecido reglamentariamente para estar obligada a ello. El caso se ha convertido en todo un esperpento. Facturas de estancias hoteleras, gastos de peluquería, llamadas telefónicas, todo sirve a los inspectores con tal de demostrar su responsabilidad penal en los dos juzgados de Barcelona donde se instruyen causas contra ella. Los abogados de Shakira van a seguir la senda abierta por Alonso y Piqué para demostrar a la ciudadanía que Hacienda no siempre gana.
Están en juego varias lagunas legales en torno a la tributación de estos colectivos. La famosa evasión a través de las sociedades interpuestas es de sobra conocida. Los futbolistas las utilizan para no pagar por el cobro de derechos de imagen. Los abogados de Alonso han encontrado un resquicio en forma de peritajes para demostrar que su sociedad, Kardzali, “realizó una activa intervención en su explotación”. Y esa es la clave.
Los grandes contribuyentes utilizan sociedades interpuestas que, la casi totalidad de las veces, son instrumentales, es decir sin una actividad real, sin trabajadores, y, a veces, sin domicilio fiscal real tal y como ocurre con los famosos apartados de correos de Gibraltar y Andorra. La AEAT debe demostrar la naturaleza fraudulenta de esas sociedades para poder llevar el asunto ante los tribunales de justicia. En el caso de Alonso, los abogados y expertos fiscalistas han logrado, mediante peritajes, demostrar que Kardzali, radicada en las islas portuguesas de Madeira, lleva a cabo una actividad mercantil completamente legal. Estos informes periciales son los que tanto la fiscalía como la abogacía del Estado han rechazado. Los consideran improcedentes judicialmente. Y ahí es donde el Supremo les ha quitado la razón.
El alto tribunal deja claro que “la sociedad desplegaba una actividad mercantil» porque presentaba una «labor de facturación«. Pero también dice que «una de las notas detectables en cualquier ente social que solo busque servir de instrumento defraudatorio es precisamente la emisión de facturas», por lo que «es la estructura corporativa y funcional —no su actividad facturera— el rasgo que define a toda persona jurídica concebida como sujeto de una genuina actividad». Y, en tal sentido, los jueces señalan que la sociedad de Alonso “carece de actividad laboral y de empleados”, pero matizan que las sentencias previas descartan el carácter fraudulento del contrato de cesión de los derechos suscrito por el exfutbolista tolosarra: «la conclusión probatoria suscrita por los jueces de instancia, que ha llevado a negar que el contrato firmado por el acusado a favor de la entidad Kardzali estuviera filtrado por cualquier clase de simulación, cierra cualquier posibilidad de revisión por esta Sala que de la vuelta al pronunciamiento absolutorio». Ese es el principio en el que se basa la confirmación de la declaración de no culpabilidad.
Lo que ocurre es que el método pericial utilizado por los abogados del exfutbolista va a ser utilizado en posteriores causas. Sólo hay que demostrar que las sociedades instrumentales, radicadas muchas de ellas en paraísos fiscales, mantienen cierta actividad mercantil. Y ya no será necesario, ni siquiera, la existencia de una plantilla de trabajadores en la empresa por lo que los fiscales, abogados del estado e inspectores de Hacienda van a tener que trabajar, y mucho, para encontrar otras formas de demostrar el fraude de los grandes contribuyentes.
Porque no se trata sólo de que afloren los cientos de millones que se defraudan por este sistema, sino que la persecución de los famosos como forma de ejemplarizar las obligaciones tributarias se puede convertir en arma de doble filo.
