Empieza la temporada de renovaciones institucionales y ahora sí. Ahora no hay más remedio que acordar porque, si no se acometen, el vacío puede paralizar al país. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la subgobernadora, Margarita Delgado, terminan mandato el próximo 10 de junio.
Génova ha decidido dejar de lado su política de tierra quemada y sondea a los socialistas la posibilidad de llegar a un acuerdo en torno al instituto emisor. Hernández de Cos se va, con toda seguridad, al Banco Central Europeo donde ya le han asignado un puesto. Por lo tanto, si no se llega a un acuerdo, Margarita Delgado pasaría a estar en funciones. No tiene lógica, piensan en el PP que, ahora sí, están dispuestos a acordar. Lo que ocurre es que el PSOE le pide, a cambio, el cierre de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esa es la causa por la que los segundos niveles están acercando posiciones.
El único problema son los plazos. Esteban González Pons, que es quien dirige las negociaciones de la renovación del Consejo, se dedica, en exclusiva, a coordinar la campaña electoral del 9 de junio. Y hasta esa fecha no se puede ocupar de la negociación que, por otra parte, se está desarrollando prácticamente en su totalidad, en Bruselas. Ambas partes dicen que no pasaría nada si en ese “paquete de acuerdos”, Hernández de Cos tiene que aguantar unos días en el palacete de Cibeles. En ese paquete de acuerdos también iría el magistrado que debe ocupar la vacante del Tribunal Constitucional, que corresponde designar al PP en el Senado. Y en el horizonte se abrirían las expectativas para los responsables de los reguladores. Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, concluye mandato en diciembre y no es prorrogable. En la CNMC hay que renovar a dos vocales, vacantes que tradicionalmente han ocupado catalanes y vascos, y también se está pendiente del cambio de algunos de los consejeros de RTVE.
Por lo tanto, el hecho innegable de que haya que acometer la renovación institucional es la mejor oportunidad para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial cuyos vocales cumplen, este junio, cinco años y medio con mandato caducado. El Partido Popular sigue con la idea de que “no renovaremos ningún órgano judicial sin que venga acompañado de un reforzamiento de su independencia”. Pero eso lo dicen con la boca pequeña. Están dispuestos a aceptar la “renovación exprés” que quiere Bruselas siempre que, con posterioridad, se acometa la reforma de la ley orgánica del poder judicial para que sean los propios jueces los que elijan su órgano de gobierno directamente. La otra gran reforma que pretendían, la del Tribunal Constitucional, la aparcan, de momento, mientras que la fiscalía general del Estado queda pendiente de lo que se acuerde en la reforma del Estatuto Fiscal. Ahí, la conservadora Asociación de Fiscales, correa de transmisión de los populares, presiona a los conservadores después de que se hayan retirado de la comisión que elabora dicha reforma. Las negociaciones de las llamadas comisiones técnicas están siendo muy discretas, y el entorno de la mediadora, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, guarda un sepulcral silencio.
Aun así, hay signos evidentes de que el acuerdo está cerca. Y no sólo porque lo insinuó el propio Núñez Feijóo hace unos días, sino porque algunos de los candidatos están siendo avisados. El caso más evidente es el de la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, que ha convocado elecciones para el 28 de junio y ha anunciado que no se presentará a la reelección. Ortega siempre ha sonado para ocupar un cargo. Se llegó a decir que, si Núñez Feijóo llegaba a La Moncloa, sería nombrada ministra de Justicia por lo que es bastante probable que figure en la lista de candidatos. La avala su experiencia en el mundo jurídico y sería bien vista por los colegios profesionales.
La propuesta que tiene mas probabilidades de prosperar es que sean los candidatos progresistas los que acaparen la mayoría de vocalías. Se manejan nombres de personas independientes procedentes del mundo jurídico, pero sin estar vinculadas a la política. Además, se quiere satisfacer las exigencias de las asociaciones profesionales introduciendo en la candidatura a jueces y magistrados propuestos por ellos. Donde todavía no hay acuerdo es en la presidencia del CGPJ. El Partido Popular insiste en recuperar a un viejo conocido, el presidente de la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, pero éste insiste en rechazar el cargo para que no se le vincule a la lucha política. Alternativamente se busca un magistrado del Tribunal Supremo que acepten las dos partes y sea bien visto por el parlamento. El nombre que suena con mas fuerza es el del miembro de la sala de Lo Contencioso Administrativo, Pablo Lucas. El problema para que sea propuesto es que últimamente ha estado en boca de todos por sus vinculaciones personales a Carmen Calvo, la presidenta del Consejo de Estado recurrida por Vox que ha obligado al magistrado a apartarse de dicho recurso.
Lucas, además, tiene pendiente su comparecencia ante el Congreso de los diputados para informar de su control sobre el CNI, el servicio de espionaje. En cualquier caso, si al final se le descarta, existen otras posibilidades entre los jueces de la sala de Lo Social. Se ha llegado a manejar el nombre de María Luisa Segoviano, pero, en la actualidad, esta magistrada es miembro del Tribunal Constitucional. Su traslado institucional no es bien visto por los socialistas conscientes de que su candidatura obligaría al complicado proceso de elección de un nuevo miembro de la corte de garantías con todos los problemas que ello supone.
La negociación se encuentra en la fase final. Sólo falta encontrar algunos nombres que satisfagan a ambas partes, pero lo más importante, la metodología, se ha superado.
