Las asociaciones de jueces y fiscales han reclamado al Gobierno que cumpla con la subida salarial de aproximadamente 450 euros al mes, acordada en mayo para evitar una huelga indefinida y han advertido que tomarán medidas si el acuerdo no se ejecuta en el corto plazo.
El comunicado conjunto
Varias asociaciones incluyendo Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), emitieron un comunicado conjunto en el que denuncian la falta de avances en la implementación de la subida salarial.
Falta de acción
Según las asociaciones, a día de hoy, los grupos de trabajo encargados de llevar a cabo el acuerdo aún no se han formado, y tampoco se ha establecido un calendario de reuniones para discutir las condiciones profesionales de jueces y fiscales.
Financiación preparada, pero no ejecutada
El comunicado también aborda que las asignaciones presupuestarias ya están preparadas para la subida salarial y que si no se ejecutan antes de terminar el año, se perderán. Las asociaciones resaltan que "la incierta situación política actual no debe servir de excusa para incumplir el acuerdo adoptado".
Detalles del acuerdo
El acuerdo firmado estipula una partida de 46,7 millones de euros que representaría un incremento medio individual ponderado de unos 447 euros en 12 pagas. Este incremento significaría una subida del 7% en las retribuciones individuales, sumado al aumento del 8% aprobado anteriormente por el Gobierno para los funcionarios públicos. Según el plan, los incrementos se abonarían en tres tramos a partir de enero de 2023.
Apelando a la "responsabilidad política" del Gobierno, las asociaciones de jueces y fiscales instan al Ejecutivo a tomar los pasos necesarios para implementar la subida salarial acordada. Con el mes de octubre como fecha clave para hacer efectiva esta subida, las asociaciones advierten que tomarán medidas para asegurar que se cumpla el acuerdo, enfatizando que las consideraciones políticas no deben interferir en su ejecución.