En el Poder Judicial hay una batalla a muerte entre magistrados conservadores y progresistas. Y a la cabeza de ambos ejércitos dos caudillos, dos referentes para unos y otros: el progresista Cándido Conde-Pumpido (presidente del Tribunal Constitucional) y el conservador Manuel Marchena, del Tribunal Supremo. Las trifulcas entre PSOE y PP se han trasladado a los tribunales, hoy en día corroídos por los escándalos de lawfare y politización de la Justicia. Y el enfrentamiento entre ambos bloques está siendo cruento.
Conde-Pumpido ascendió a su cargo el 11 de enero de 2023, tras la renovación parcial del Alto Tribunal. Fue elegido por mayoría de seis votos frente a la otra candidata progresista, María Luisa Balaguer Callejón, que consiguió cinco votos. Su primera decisión fue resolver algunos recursos pendientes desde hacía más de una década, como el recurso del PP contra la ley del aborto. Posteriormente, en marzo de 2023, el Pleno del Tribunal consideró constitucional la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, en abril avaló la Ley de Educación, popularmente Ley Celaá, y en mayo de ese año dio el visto bueno final a la reforma de la ley del aborto de 2010.
En el otro bando, Marchena, el juez más duro al oeste del Manzanares. Desde el año 2007 es el presidente de la Sala Segunda de lo Penal. Su caso más sonado, el juicio contra los acusados del procés, ya sabemos cómo terminó. Los siete magistrados de la sala condenaron a Junqueras y los demás por sedición, malversación y desobediencia. Las penas oscilaron entre 9 y 13 años de cárcel, así como inhabilitación y multa. La sentencia, severa, con ánimo de dar un escarmiento e incluso revanchista (según algunos), fue muy criticada por destacados juristas de este país. Y en Europa no terminó de entenderse. De hecho, si Carles Puigdemont nunca fue extraditado, pese a las reiteradas peticiones de la Justicia española, fue en buena medida porque el sector conservador de la judicatura se excedió, con mano de hierro, con los procesados. En noviembre de 2018 se anunció un acuerdo entre el gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial con Marchena en la presidencia. Sin embargo, el candidato renunció finalmente.
Pumpido y Marchena van a verse las caras, próximamente, en un duelo judicial que promete ser histórico. Y todo ello a cuenta de varios casos mediáticos con la guerra entre PSOE y PP como escenario o trasfondo. Uno de ellos será, sin duda, la investigación abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Es probable que el asunto controlado por el juez Peinado termine con la apertura de juicio oral contra la primera dama y, tras el juicio en la Audiencia Provincial y los pertinentes recursos ante el Supremo, podría llegar al Constitucional a través del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 de la Constitución. Para interponer el recurso de amparo está legitimada “toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal”, según la Carta Magna.
El catedrático Javier Pérez-Royo ha analizado la instrucción del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez y ha reconocido “varias irregularidades” que podrían atentar contra los derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia y el derecho a un juicio con todas las garantías. La primera de esa supuesta anomalía tiene que ver con la denuncia presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias. “Eran recortes de periódicos y el propio denunciante consideraba que podían no ser ciertas algunas de las informaciones, reconociendo que no se había preocupado en contrastarlas”, dijo el profesor. Cualquier magistrado razonable hubiese archivado por falta de indicios, Peinado no. También se pudieron apreciar irregularidades, como las relacionadas con el secreto de sumario, que Peinado no tomó en consideración el informe de la UCO (donde se dice claramente que no se aprecian indicios en la conducta de la mujer del presidente del Gobierno por la que pueda ser perseguida), que el instructor fijó declaraciones según el calendario de celebración de las elecciones europeas y otras circunstancias “anómalas” que ponen de manifiesto “la pérdida de apariencia de imparcialidad”. “Un juez no solo tiene que ser imparcial, debe parecerlo”, alega Pérez Royo.
Todo ello por no hablar del carácter “prospectivo” que parece tener la indagatoria del juez Peinado, que desde el principio quiso dejar claro que, de forma general, ambigua e inconcreta, iba a investigar “todos los hechos” cometidos por la primera dama desde que Sánchez es presidente. La Audiencia Provincial de Madrid ya ha descartado que haya ningún tipo de pesquisa prospectiva en la actuación de Peinado, pero el debate sigue abierto. Una investigación prospectiva se lleva a cabo cuando el juez abre un sumario “por si suena la flauta”, es decir, cuando sale a pescar a ver si se localiza algún indicio delictivo en la conducta del investigado en lugar de partir de precisamente todo lo contrario: la existencia de indicios para, desde ese instante, realizar una investigación concreta sobre unos hechos determinados.
El Constitucional, en sentencia 184/2003 de 23 de octubre, ya ha establecido que se consideran “prospectivas” aquellas investigaciones que se sustenten en “meras hipótesis o en la pura y simple sospecha, es decir, que no cuenten con un mínimo fundamento objetivo y material susceptible de eventual verificación”.
El futuro de Begoña Gómez, y por ende de Pedro Sánchez, está en manos de los más altos tribunales. Una vez que el soldado Peinado termine con la instrucción en su trinchera, empapelando a la primera dama, la pelota pasará a las más altas esferas. Y ahí la batalla entre juristas progresistas y conservadores se prevé de gran calado. Es casi seguro que el Supremo ratificará el hipotético auto de procesamiento de Peinado y la posterior vista oral en la Audiencia. Será el momento en que entrará en juego Pumpido con las rebajas y un posible fallo en el que se reconocerá el daño o perjuicio para los derechos fundamentales de la mujer del presidente. Todo ello, lógicamente, llevará meses, incluso años. Para entonces, es más que probable que Sánchez ya no esté en el Gobierno y sí Feijóo. Entonces el sector conservador podrá respirar tranquilo y aliviado por el trabajo bien hecho: misión cumplida.