El apagón, detonante de la crisis energética
España vivió el 28 de abril de 2025 uno de los mayores apagones eléctricos de su historia reciente. En cuestión de segundos, 15GW desaparecieron de la red y millones de personas quedaron a oscuras, incluyendo infraestructuras críticas como hospitales, redes de transporte y centros de datos. Las pérdidas económicas se estiman entre 1,000 y 20,000 millones de euros, afectando fuertemente a la industria y al comercio y provocando incluso fallecimientos en situaciones de emergencia por el uso inadecuado de generadores en espacios cerrados.
Red Eléctrica de España activó un protocolo de emergencia y en menos de 24 horas restituyó la práctica totalidad del suministro mediante la creación de “islas energéticas”, pero el suceso evidenció la vulnerabilidad de una red nacional que aún se adapta al peso creciente de las energías renovables, especialmente solar y eólica.
El Real Decreto-ley y la reacción social
En este contexto, el gobierno impulsó en julio un Real Decreto-ley de “medidas para el refuerzo del sistema eléctrico”, presentado por vía de urgencia y con la promesa de prevenir futuros apagones. Sin embargo, el Congreso rechazó el texto por sólo 18 votos de diferencia, tras una intensa campaña de asociaciones ambientalistas, plataformas rurales y colectivos ciudadanos.
Varias asociaciones, plataformas y colectivos de toda España han presentado alegaciones contra el nuevo Proyecto de Real Decreto que el Gobierno intenta aprobar por vía de urgencia en pleno periodo vacacional, con el argumento de “reforzar el sistema eléctrico” tras el gran apagón de abril.
Este diario ha tenido acceso al comunicado donde señalan los puntos clave de interés y hacen un llamamiento para la participación ciudadana.
En el comunicado se denuncia que este procedimiento:
• Cede a las presiones del lobby eléctrico, recortando derechos civiles, ambientales y constitucionales.
• Restringe la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre proyectos que afectan al medio ambiente.
• Elimina la evaluación de impacto ambiental para el almacenamiento de baterías en polígonos industriales.
• Favorece a los responsables del apagón en lugar de corregir las causas del mismo.
Las alegaciones apuntan a que la norma sacrificaba la participación ciudadana y la evaluación ambiental, especialmente en la tramitación de grandes proyectos de baterías en los polígonos industriales y en el sector de los macrocentros de datos. Según estas plataformas, la aceleración administrativa y la eliminación de salvaguardas ambientales responden más a los intereses del lobby eléctrico que al bienestar social o ecológico, y convierten la transición energética en una “burbuja especulativa” y un “casino bursátil”.