Ghislaine Maxwell es una conocida personalidad británica-estadounidense y antigua colaboradora y pareja de Jeffrey Epstein, el multimillonario que dirigió durante años una red de explotación y abuso sexual de menores, especialmente niñas y adolescentes. Epstein murió en prisión en 2019 en circunstancias discutidas (oficialmente suicidio), precisamente antes de testificar sobre sus relaciones y contactos con figuras poderosas: desde políticos estadounidenses como Bill Clinton y Donald Trump, hasta miembros de la realeza británica como el príncipe Andrés.
Maxwell fue detenida en 2020, juzgada en 2021 y sentenciada en 2022 a 20 años de prisión por captación, tráfico y abuso de menores. Se la considera clave para entender cómo operó la red y quiénes se beneficiaron o incluso participaron en los abusos.
La lista Epstein
La conocida como "lista de Epstein" hace referencia a los documentos oficiales y registros que incluyen nombres de personas relevantes que, en distintos grados, mantuvieron relación social o profesional con Jeffrey Epstein. Tras la condena de Ghislaine Maxwell y la presión mediática, el tema ha cobrado máxima atención en EE.UU., especialmente por los supuestos intentos de figuras poderosas de evitar la publicación total de los archivos.
Precisamente, una de las promesas hechas durante la campaña electoral de las presidenciales que ganó Trump, era abordar el asunto de la "lista Epstein", y dejar salir a la luz la información que, hasta ahora, se venía considerando más bien una teoría de la conspiración con más sombras que luces. Sin embargo, las declaraciones de víctimas, y la presentación de algunas pruebas han ido evidenciando la posible magnitud de los hechos.
Al comenzar el gobierno de Trump, precisamente, se abordó esta cuestión y desde el gobierno se afirmó que se poseía la documentación y que se haría pública. Sin embargo, un giro reciente ha transformado la dirección que parecían haber tomado los acontecimientos. Y de pronto, un explosivo Elon Musk tiene una acalorada discusión pública con el presidente Trump, y le acusa de aparecer en la lista.
Desde ese momento, se han producido declaraciones, contestaciones, desmentidos, sobre la presencia del nombre del actual presidente de los Estados Unidos en esa lista. Y el debate público ha ido ganando intensidad.
Se ha confirmado que el nombre de Donald Trump aparece en algunos archivos relacionados con Epstein, según sesiones informativas del Departamento de Justicia. Sin embargo, las autoridades han señalado que estos documentos contienen también muchos rumores no verificados sobre cientos de otras personas, y que se trata, muchas veces, de registros de contactos sociales. El portavoz de la Casa Blanca ha calificado de “fake news” la idea de que Trump estuviera implicado en actividades ilegales o que conociera detalles delictivos, insistiendo en que su relación con Epstein era menor y, según su versión, Trump incluso habría expulsado a Epstein de su club privado años atrás.
Trump y su administración han intentado desviar la atención, acusando al expresidente Obama en público de supuestas conspiraciones no relacionadas directamente con Epstein, en un claro intento de minimizar la crisis política que el escándalo ha generado dentro del propio Partido Republicano.
La Casa Blanca y el Departamento de Justicia se han negado a publicar más documentos completos alegando que entre el material hay pornografía infantil, información personal de víctimas y rumores no confirmados, lo que impide su difusión íntegra por motivos legales y de protección de privacidad.
El Congreso ha citado al Departamento de Justicia para mostrar los archivos y buscar transparencia, con apoyo incluso de algunos republicanos, mostrando la magnitud de la presión interna para aclarar el asunto.
En este contexto, Ghislaine Maxwell, actualmente en prisión, se ofrece a testificar ante el Congreso de EE.UU. sobre la red de abuso sexual y tráfico de menores que se dirigió junto con Jeffrey Epstein. Maxwell exige inmunidad judicial total para ella antes de declarar, temiendo nuevas acusaciones o cargos federales.
Las víctimas y asociaciones piden transparencia y que ningún nombre o testimonio quede impune por intereses políticos. Buscan respuestas a preguntas claves no resultados: ¿qué sabían realmente las autoridades? ¿Se protegió a personas con poder? ¿Hay otros implicados de alto perfil aun sin acusar?
La comparecencia de Maxwell, si ocurre, podría dar luz sobre nombres y procesos hasta ahora secretos. Por eso es potencialmente explosiva, y de ahí la exigencia de inmunidad por parte de Maxwell: quiere asegurarse de no recibir nuevos cargos a partir de su declaración, especialmente relacionados con figuras hoy protegidas por su estatus o poder.
Pedir inmunidad significa que Maxwell no podría ser procesada penalmente por todo lo que revela en su declaración (salvo delitos cometidos en el futuro). Es una protección habitual cuando se quiere obtener información de alguien ubicado en el epicentro de un caso grave y mediático. La decisión de concederle inmunidad corresponde al Departamento de Justicia de EE.UU. y al propio Congreso, y es controvertida porque implica que una persona condenada por graves delitos podría evitar nuevas penas a cambio de colaborar.