El Gobierno de España, junto con los principales agentes sociales —CEOE, CEPYME, UGT y CCOO— ha alcanzado un acuerdo histórico que introduce importantes reformas en el sistema de pensiones. Este pacto, que abarca mejoras en la jubilación demorada, la compatibilidad con la jubilación activa y la creación de un marco regulador para la jubilación parcial, responde a una demanda creciente de flexibilidad y reconocimiento de las particularidades de ciertos sectores laborales. A continuación, se desglosan los principales puntos de este acuerdo y su impacto en la sociedad española.
Mejora de incentivos por retrasar su jubilación
Una de las novedades más significativas del acuerdo es la mejora de los incentivos para quienes opten por retrasar su jubilación. Hasta ahora, los trabajadores que decidían prolongar su vida laboral recibían un incremento en su pensión, pero con la nueva reforma, estos incentivos se aplicarán por semestres, incrementándose un 2% del importe de la pensión, o su equivalente a tanto alzado. Además, se mantiene la posibilidad de un cobro mixto, que combina un incremento en la pensión con el abono de una cantidad a tanto alzado.
Lo más destacable es que estas cantidades serán compatibles con la jubilación activa, permitiendo que los trabajadores que decidan seguir trabajando más allá de la edad de jubilación ordinaria puedan beneficiarse de estos incentivos sin perder la posibilidad de percibir una parte de su pensión. Este cambio busca fomentar la prolongación de la vida laboral en un contexto de envejecimiento poblacional y sostenibilidad del sistema de pensiones.
Flexibilidad en la jubilación activa
El acuerdo también introduce cambios en la jubilación activa, permitiendo una mayor compatibilidad entre la pensión y el trabajo. Los porcentajes de la pensión que se podrán percibir mientras se sigue trabajando se incrementarán gradualmente según los años de demora: un 45% con un año de retraso, un 55% con dos años, un 65% con tres, un 80% con cuatro, y un 100% con cinco años. Para los trabajadores autónomos, si mantienen al menos un empleado contratado de forma indefinida durante 18 meses, podrán compatibilizar el 75% de su pensión con su salario, aumentando un 5% anual hasta alcanzar el 100%.
Esta reforma es especialmente beneficiosa para aquellos que, por razones personales o económicas, eligen seguir trabajando más allá de la edad de jubilación, ofreciendo una solución más flexible y ajustada a las necesidades individuales.
Nueva regulación de la jubilación parcial
El acuerdo incluye también la creación de un nuevo marco regulador para la jubilación parcial. Los trabajadores podrán acceder a la jubilación parcial hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación, siempre que cumplan con los requisitos de cotización establecidos. Se mejora un año el acceso a esta modalidad de jubilación, y se refuerzan las garantías de empleo para el trabajador relevista, que deberá ser contratado de manera indefinida y a tiempo completo. Además, se permite concentrar la jornada laboral de las personas que opten por esta modalidad mediante acuerdos en el seno del centro de trabajo.
En la industria manufacturera, las condiciones de la jubilación parcial anteriores a la reforma de pensiones de 2011 se mantendrán hasta 2029, con ajustes progresivos en la cotización tanto para la empresa como para el jubilado parcial. Este sector podrá continuar beneficiándose de un régimen especial que reconoce la dureza y particularidad de sus condiciones laborales.
En el caso de la industria manufacturera, las condiciones anteriores a la reforma de pensiones de 2011 se aplicarán hasta el año 2029 con los siguientes ajustes:
- La cotización de la empresa y del jubilado parcial se incrementará progresivamente en los siguientes términos: 40% en 2025; 50% en 2026; 60% en 2027; 70% en 2028 y 80% en 2029.
- El porcentaje de trabajadores con contrato indefinido en la plantilla alcanzará al menos el 75%.
- Se aplicará el mismo régimen de acumulación de jornada previsto para la jubilación parcial general.
- Podrá incorporarse al proceso de relevo los trabajadores fijos discontinuos
Reconocimiento de trabajos penosos, tóxicos y peligrosos
El acuerdo aborda una demanda largamente esperada: el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación para actividades con altos índices de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad. Se establecerá un nuevo procedimiento para el reconocimiento de estos coeficientes, apoyado en indicadores objetivos y complementado con estudios epidemiológicos. Este avance es crucial para sectores donde la exposición prolongada a condiciones adversas afecta significativamente la salud y la esperanza de vida de los trabajadores.
Además, se mejoran las condiciones de acceso a las pensiones para las personas con contratos fijos discontinuos, multiplicando cada día trabajado por 1,5 a efectos de cotización. Esta medida busca compensar la inestabilidad y precariedad laboral que caracteriza a estos trabajadores, asegurando una jubilación más digna y justa.
Colaboración entre la Seguridad Social y las Mutuas
Finalmente, el acuerdo incluye un nuevo marco de colaboración entre la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras, que permitirá a los médicos de atención primaria derivar pruebas diagnósticas y de rehabilitación a las mutuas en casos de enfermedades musculoesqueléticas con listas de espera, siempre con el consentimiento del paciente. Esta medida, ya pactada en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2023-2025, busca agilizar la atención sanitaria y mejorar la eficacia en la gestión de bajas laborales.
Un acuerdo para una sociedad en cambio
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales representa un paso importante hacia un sistema de pensiones más flexible, justo y adaptado a las realidades del mercado laboral actual. Las mejoras en la jubilación demorada, la compatibilidad con la jubilación activa y el reconocimiento de trabajos penosos son avances que responden a las necesidades de una población trabajadora cada vez más diversa y envejecida. Este pacto es un ejemplo de cómo el diálogo social puede generar soluciones que beneficien a todos los sectores de la sociedad, asegurando la sostenibilidad del sistema de pensiones y el bienestar de los trabajadores en España.