La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) completó en junio de 2024 su investigación sobre presuntas infracciones graves de las normas de contratación pública, la transparencia y la gestión financiera en un proyecto financiado por la UE por valor de 114 millones de euros y gestionado por la Agencia Gubernamental de Reservas Estratégicas de Polonia (RARS).
Además de los 91 millones de euros cuya recuperación se ha recomendado, se han salvaguardado otros 22 millones de euros para que no se gasten indebidamente, lo que ha permitido que lleguen a quienes necesitan ayuda. Durante el caso, la OLAF cooperó estrechamente con la Oficina Central Anticorrupción (CBA) y la Fiscalía polaca, lo que permitió la detención de al menos tres personas.
"Necesitamos que cada euro de la ayuda de la UE a Ucrania llegue a quienes lo necesitan y garanticemos que el dinero de nuestros contribuyentes se gasta debidamente. Proteger la ayuda de la UE a Ucrania no solo garantiza que el dinero de nuestros contribuyentes se gaste debidamente, sino que también es una cuestión de seguridad. Gracias a nuestra sólida cooperación con la CBA y la Fiscalía polaca, hemos salvaguardado con éxito los intereses financieros de la UE", afirma Ville Itälä, Director General de la OLAF.
Sobreprecios, falta de competencia y ventajas indebidas
Las pruebas reunidas durante la investigación de la OLAF, que comenzó en julio de 2023, revelaron precios excesivos, falta de competencia y ventajas indebidas concedidas a determinados contratistas. En aquel momento, RARS se negó a cooperar con la OLAF durante la investigación a pesar de sus obligaciones en virtud del acuerdo de subvención de la UE firmado en enero de 2023.
Sin embargo, la investigación de la OLAF ha podido establecer ahora que el proceso de contratación pública de RARS violaba los principios de transparencia, competencia, igualdad de trato y gestión financiera. Según las conclusiones de la investigación, los contratos se adjudicaron de forma no competitiva, sin garantizar que los fondos de la UE llegaran a su destino previsto.
La OLAF también reunió pruebas que indicaban que RARS concedía ventajas indebidas a los contratistas al emitir grandes pagos anticipados sin garantías suficientes, exponiendo los fondos de la UE a importantes riesgos financieros. Algunos de los contratistas cobraban a RARS hasta un 40% más que sus costes de compra, lo que daba lugar a un sobreprecio sustancial de los generadores financiados por la UE.