Hacienda destapó la red de engaños fiscales del novio de Ayuso al presentar una declaración a devolver

Alberto González Amador utilizó una empresa pantalla para defraudar a Hacienda mientras mantenía una relación pública con Isabel Díaz Ayuso

24 de Octubre de 2024
Actualizado el 25 de octubre
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Ayuso González Amador
Ayuso usó dinero público para un viaje privado mientras su pareja desgravaba gastos vacacionales

La Agencia Tributaria ha destapado una compleja red de operaciones defraudatorias supuestamente llevadas a cabo por Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Según informa la Cadena SER, González utilizó su empresa pantalla, Masterman SL, para camuflar ingresos y presentar una declaración del Impuesto de Sociedades con un saldo a devolver de 2.910,56 euros, a pesar de que facturaba cientos de miles de euros. Estas irregularidades, detectadas en 2022, han derivado en la apertura de una investigación por la justicia, que ha señalado la existencia de prácticas "artificiosas" e "inequívocamente defraudatorias".

La declaración que levantó sospechas

El origen de la investigación se remonta a noviembre de 2022, cuando la Agencia Tributaria inició una inspección a Masterman SL tras detectar anomalías en la declaración presentada por González Amador para el ejercicio fiscal de 2021. A pesar de que la empresa facturó cientos de miles de euros ese año, el empresario presentó una declaración a devolver de 2.910,56 euros, lo que encendió las alarmas de Hacienda.

Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso la Cadena SER, los inspectores de Hacienda mantuvieron hasta nueve reuniones con el equipo legal de González entre noviembre de 2022 y julio de 2023. En esos encuentros, la Agencia Tributaria solicitó explicaciones y documentación adicional para justificar las cifras declaradas. Sin embargo, las respuestas proporcionadas por el empresario resultaron insuficientes para los inspectores, lo que aumentó las sospechas de una posible operación de fraude fiscal.

Negocios con Hispanoamérica sin pruebas concluyentes

González Amador afirmó que gran parte de los ingresos de su empresa provenían de negocios internacionales con países de Hispanoamérica, como México, Ecuador, República Dominicana, Uruguay, Costa Rica y Brasil. Sin embargo, cuando Hacienda le solicitó las certificaciones de esos contratos, el empresario alegó "razones de confidencialidad", afirmando que se trataba de acuerdos con "presidentes, ministros de Salud o empresas" cuyos detalles no podía revelar.

La escasa documentación aportada para respaldar sus supuestos negocios en el extranjero resultó ser insuficiente. Entre los pocos documentos entregados se encontraban presentaciones de Power Point casi idénticas para distintos países, apenas modificando los nombres y datos específicos, así como un pantallazo de una supuesta videoconferencia y una fotografía junto a una bandera que, según la inspección, parecía ser de Ecuador. Estas pruebas no convencieron a la Agencia Tributaria, que calificó las justificaciones de González como "improcedentes" e "insuficientes".

La operativa de la empresa pantalla

El análisis de los movimientos financieros de Masterman SL llevó a la Agencia Tributaria a concluir que González Amador había utilizado esta empresa como una sociedad instrumental para ocultar los verdaderos servicios prestados por su otra compañía, Maxwell Cremona, en beneficio de Quirón Prevención. Según la investigación, el objetivo de esta estructura era reducir la carga fiscal declarada ante Hacienda y obtener así una declaración a devolver.

La operación fue calificada por los inspectores como "artificiosa" e "ilícita", determinando que existía una clara intención de defraudar al fisco. La Agencia Tributaria concluyó que se trataba de una maniobra deliberada para encubrir servicios reales bajo la apariencia de una sociedad pantalla, lo que permitió a González Amador declarar menos ingresos de los que realmente obtenía.

La justicia investiga corrupción en los negocios

Como resultado de las pruebas recabadas por Hacienda, el juzgado número 19 de Madrid ha decidido abrir una pieza separada dentro del procedimiento judicial contra González Amador para investigar la posible comisión de delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. El empresario ya estaba imputado por dos delitos fiscales y falsedad documental en un caso previo, y ahora se enfrenta a nuevos cargos relacionados con el uso fraudulento de su empresa pantalla.

La investigación judicial también ha puesto el foco en la relación personal entre Alberto González e Isabel Díaz Ayuso. Según la Cadena SER, las prácticas ilícitas de González se llevaron a cabo en 2021, cuando su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid ya era pública. Ese mismo año, ambos fueron fotografiados juntos en varias ocasiones, incluyendo un viaje de vacaciones a Croacia y Grecia. Durante ese periodo, González continuó desarrollando sus operaciones a través de Masterman SL, lo que ha suscitado preguntas sobre el posible uso de su cercanía con figuras públicas para facilitar sus negocios.

La respuesta de la defensa de González

Hasta el momento, la defensa de González Amador ha sostenido que las operaciones de su empresa eran completamente legítimas y que las acusaciones de Hacienda carecen de fundamento. Han argumentado que la falta de documentación detallada sobre los acuerdos en Hispanoamérica se debe a la naturaleza confidencial de los contratos, y no a una intención de ocultar información.

No obstante, la investigación continúa y las autoridades fiscales parecen decididas a seguir adelante con las acusaciones de fraude y corrupción. Este nuevo revés judicial complica aún más la situación de González Amador, que ya estaba siendo investigado por otros delitos fiscales relacionados con su actividad empresarial.

Implicaciones políticas

El caso también ha generado un considerable revuelo político, dado el vínculo personal entre González Amador e Isabel Díaz Ayuso. Aunque la presidenta madrileña no ha sido imputada ni mencionada directamente en el caso, las acusaciones contra su pareja han suscitado preguntas sobre posibles conflictos de interés y el uso de influencias en los negocios del empresario.

Este nuevo capítulo en la saga judicial de Alberto González Amador promete seguir generando titulares y podría tener repercusiones tanto en el ámbito político como en el personal, mientras la justicia sigue investigando las actividades empresariales del novio de una de las figuras más influyentes de la política española.

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