El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha reclamado una actuación contundente contra la organización Desokupa, instando a su ilegalización en base a la Constitución, que prohíbe las organizaciones paramilitares. Esta demanda surge en respuesta al reciente acuerdo entre Desokupa y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para formar a 30.000 policías en defensa personal.
Por su parte, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha señalado la irresponsabilidad de la dirección del SUP al suscribir este convenio, sugiriendo que deberían dimitir para evitar más daño al sindicato. Según Santiago, este acuerdo con una organización ultraderechista como Desokupa pone en peligro la integridad y la reputación de las fuerzas de seguridad.
Preocupación por la penetración de la ultraderecha en la policía
En una entrevista con Europa Press, Maíllo ha destacado que la penetración de la ultraderecha en ciertos sectores de los Cuerpos de Seguridad del Estado es insostenible y preocupante. Ha llamado a actuar con "absoluta contundencia" para atajar este problema antes de que sea "muy tarde".
Maíllo ha subrayado que IU tiene una postura clara sobre cómo actuar tras este polémico convenio, instando a aplicar el artículo 22 de la Constitución. Este artículo estipula que cualquier asociación que utilice medios tipificados como delito debe ser considerada ilegal. Para Maíllo, Desokupa encaja en esta categoría y, por tanto, debería ser ilegalizada.
La Constitución prohíbe organizaciones paramilitares
El líder de IU ha enfatizado que la Constitución prohíbe expresamente las organizaciones paramilitares. "Desokupa es una organización paramilitar que debe ser ilegalizada", ha afirmado. Además, ha recordado que el artículo 146 de la Constitución otorga la exclusiva competencia en materia de seguridad al Estado, no a ninguna organización paramilitar ni privada.
Maíllo también ha solicitado que el Ministerio del Interior abra una investigación para identificar a los mandos responsables de establecer este convenio, el cual considera "carente de toda base".
La irresponsabilidad del SUP tendrá consecuencias
El Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, ha decidido abrir un expediente informativo para analizar el acuerdo entre el SUP y Desokupa. Además, se ha consultado a la Abogacía del Estado sobre si este convenio podría afectar a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial.
Enrique Santiago ha reiterado que la dirección del SUP ha actuado de manera irresponsable al suscribir un convenio con los ultras de Desokupa para "formar y adoctrinar policías". Ha señalado que esta acción tendrá serias consecuencias y ha pedido la dimisión de la cúpula del SUP para evitar más daño al sindicato, que en otros tiempos era considerado prestigioso.
Esta situación ha generado una ola de críticas y preocupación entre diversos sectores políticos y sociales, que ven en este acuerdo una amenaza para la neutralidad y profesionalidad de las fuerzas de seguridad del Estado. La actuación del SUP y la relación con Desokupa han puesto en evidencia la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de control y supervisión dentro de los cuerpos policiales para garantizar su compromiso con los principios democráticos y la legalidad vigente.