El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 15 de mayo de 2025 ha encendido las alarmas en el sistema de pensiones español. La sentencia, que afecta directamente al complemento para la reducción de la brecha de género, señala su incompatibilidad con la Directiva europea 79/7/CEE y plantea un escenario preocupante para cientos de miles de mujeres pensionistas. Los sindicatos UGT y CCOO exigen al Gobierno una reforma urgente que salve esta herramienta de equidad sin contravenir la normativa comunitaria.
Una medida cuestionada por Europa
En los asuntos acumulados C-623/23 y C-626/23, el TJUE ha determinado que el complemento de pensiones contributivas para reducir la brecha de género que aplica el sistema español resulta discriminatorio. Pese a la reforma introducida en 2021, la normativa vigente —articulada en el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social— sigue favoreciendo de manera desigual a las madres frente a los padres, infringiendo así el principio de igualdad de trato recogido en la Directiva 79/7/CEE.
El fallo tiene implicaciones de calado: los hombres que accedieron a pensiones contributivas desde febrero de 2021, por jubilación, viudedad o incapacidad permanente, pueden ahora reclamar ese complemento, aunque ello podría suponer que las madres que lo perciben dejen de recibirlo, dado que el derecho se computa por hijo o hija, no por progenitor.
Hoy por hoy, esta medida beneficia a más de 900.000 mujeres. La resolución europea, si no es acompañada de una revisión normativa urgente, podría desmantelar uno de los pocos mecanismos existentes para paliar los efectos de la desigualdad estructural de género en el ámbito laboral y de la protección social.
Sindicatos: reforma urgente para preservar los derechos
Ante la gravedad del dictamen, los sindicatos UGT y CCOO han solicitado al Gobierno una actuación inmediata. Ambas organizaciones instan a una modificación del marco legal que permita conservar el objetivo de equidad de la medida y que lo haga compatible con las exigencias de la justicia europea.
"Es imprescindible actuar con celeridad", advierten, y recuerdan el precedente del complemento por maternidad: su inadecuada y tardía reacción frente a otra sentencia europea agravó la discriminación y provocó incertidumbre jurídica durante más de un año.
Para las centrales sindicales, no se trata de eliminar el complemento, sino de rediseñarlo bajo criterios de neutralidad de género, que mantenga su función compensadora sin vulnerar los principios comunitarios. La advertencia es clara: si no se legisla con urgencia, la inseguridad jurídica y la pérdida de derechos afectarán a miles de pensionistas y ampliarán la brecha de género que se pretende cerrar.
Equilibrio entre igualdad formal y justicia material
El dilema que plantea esta sentencia es profundo: ¿cómo garantizar la igualdad sin neutralizar medidas correctoras que nacen precisamente para combatir la desigualdad?. El reto que afronta ahora el legislador español es el de conciliar la igualdad de trato con la necesidad de aplicar acciones positivas que permitan compensar una realidad discriminatoria persistente.
En palabras de UGT y CCOO, no se puede permitir que la interpretación literal de la igualdad socave mecanismos diseñados para avanzar hacia la igualdad real y efectiva. Por ello, urgen a que el Gobierno español actúe con la rapidez y responsabilidad que la situación exige.