Moncloa trata de defenderse de la ofensiva ultra en todos los frentes y en todos los juzgados, y no solo con medidas de regeneración democrática como las anunciadas ayer por el Consejo de Ministros para frenar el lawfare y los bulos en los medios de la derecha amarillista. Según El Confidencial, “el PSOE recopiló información sensible sobre los jueces Peinado y García-Castellón y La Sexta”. A Sánchez le revolvió ver cómo Peinado y el abogado de Vox, en calidad de acusación particular, entraban en la Moncloa, palacio presidencial, para tomarle declaración por el caso del máster de su esposa. El líder socialista lo consideró una humillación no solo a él, sino a la ciudadanía y a la democracia. Una vejación al Estado de derecho nunca antes vista y que nos remontaba a los tiempos de la dictadura. La decisión de Sánchez de querellarse contra Peinado por prevaricación, nada más salir el juez del palacio gubernamental, fue la reacción inmediata ante esta afrenta.
Según el citado diario, la campaña de propaganda diseñada por Ferraz tiene en su punto de mira al juez del caso Begoña Gómez, a un fiscal anticorrupción y al presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, entre otros. ¿Qué tipo de información sensible baraja el Gobierno sobre los jueces de la caverna y algún que otro periodista? Quizá lo sepamos en breve. La cuestión es que en Moncloa no se fían de Ferreras. La desconfianza se remonta a los tiempos en que Podemos estaba en el Gobierno. El exlíder de los morados, Pablo Iglesias, y otros dirigentes cargaron contra el periodista de La Sexta tras publicarse unos supuestos audios de conversaciones del popular presentador con el excomisario José Manuel Villarejo, encarcelado por diferentes asuntos de corrupción.
La derecha mediática, con OK Diario al frente, propaló el bulo de que el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro pagó 272.000 dólares a Iglesias en el paraíso fiscal de San Vicente y las Granadinas en marzo de 2014, dos meses después de la fundación de Podemos, un dato desmentido por la entidad bancaria. Además, se filtraron una serie de audios con conversaciones entre Ferreras y Villarejo donde el periodista calificaba de “muy serio, muy delicado y demasiado burdo” lo publicado por Eduardo Inda, director del medio, a quien en aquellos días decía querer “como a un hermano”. Pablo Iglesias denunció en su cuenta de Twitter que Ferreras admitía en aquel audio que la noticia de Inda "era falsa", pero "igualmente la dio".
Hoy toda aquella vieja historia ha dado que pensar a Pedro Sánchez, que se ha puesto manos a la obra para tener más información del enemigo. Todo ello ocurre a falta de solo unos pocos días para que el TSJ de Madrid decida si archiva la causa contra Begoña Gómez o da luz verde al juez Peinado, que instruye el caso del famoso máster de la Complutense contra la primera dama. En ese contexto, el Tribunal Supremo entra también en escena. Según publica el diario El Independiente, el alto tribunal está estudiando si admite a trámite una querella contra el presidente y su esposa, así como contra el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la Abogada del Estado Zaida Isabel Fernández por supuestamente utilizar fondos públicos para presentar una denuncia contra el juez Juan Carlos Peinado. “La querella se presentó por parte de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) y se amplió después de que Sánchez empleara los Servicios Jurídicos del Ejecutivo para querellarse contra Peinado, el juez que mantiene imputada a su mujer y que acudió a La Moncloa para interrogarlo a él como testigo”, añade el citado medio.
Para empezar, cabe preguntarse quién es esta supuesta asociación europea que dice aglutinar a los ciudadanos en la lucha contra la corrupción. En 2018 denunciaron ante el Consejo de Europa al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por “corrupción sistemática y prevaricación permanente”. Además, incluyeron en su denuncia al entonces presidente del Tribunal Supremo y del propio órgano, Carlos Lesmes, a los vocales, al Ministerio Fiscal y a todos los diputados y senadores desde julio de 1985. Y en abril de este año, según Público, el grupo presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso y otros cargos regionales, a los que acusó de “transfobia” y “desprotección de menores”. Tal como suele ocurrir en estos casos, todo está archivado, pero ellos salieron en los papeles y en la tele, con la consiguiente publicidad gratuita, que era lo que querían.
Son muchas las asociaciones, grupitos y organizaciones de picapleitos desfaenados que trabajan de esta manera en España. Es la última moda judicial a la que se han sumado entidades como Manos Limpias, Hazte Oír, la Fundación Franco, Abogados Cristianos y otros. El modus operandi de esta gente es siempre el mismo: se le pone una querella friki al papa de Roma, si es necesario, y a esperar que te llame Ana Rosa Quintana para salir en su programa. Viva la democracia.
Esta vez la asociación no parece que dé el perfil de nostálgica del régimen anterior o protofacista. Por su historial de querellas interpuestas últimamente se ve que disparan contra todo lo que se menea, ya sea del PSOE o del PP. Pero más allá de eso, cabe preguntarse qué va a hacer el Tribunal Supremo cuando le llegue el marrón de AECC. ¿Lo archivarán por descabellado, como ha hecho recientemente la jueza Coro Monreal con una querella de Vox, o tirarán para adelante como ha hecho el juez Peinado en su caza de brujas contra Begoña Gómez? De momento, ya se ha formado el órgano colegiado del Supremo que estudiará el caso: el presidente, Manuel Marchena, y los togados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela. Todos ellos serán los encargados de analizar si hay que abrir una investigación o archivar de plano. Sobra decir que entre ellos no hay ningún rojo peligroso.
Según las citadas fuentes periodísticas, Manuel Romeral, presidente de la Asociación denunciante, inició esta acción contra Sánchez y Gómez por delitos tráfico de influencias, negociaciones prohibidas entre funcionarios y encubrimiento, el pasado 20 de mayo. Ocurrió “poco después de que Peinado abriera la investigación contra Begoña Gómez en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. En ese momento sólo denunció a la pareja, pero posteriormente, como ha avanzado The Objetive y confirmado este medio, la querella fue ampliada por el uso de la Administración supuestamente para el propio beneficio personal del presidente. Es decir, por utilizar a la Abogacía del Estado para querellarse contra el juez Peinado”, añade El Independiente.