Ya no se cortan. Antes sólo eran los medios afines a la extrema derecha pero ahora todos compiten a la hora de publicar los contenidos del sumario del caso Begoña Gómez que instruye el inefable juez del número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Salvo la comparecencia del magistrado en Moncloa, las grabaciones de los interrogatorios se han dado a conocer. Y si no se ha hecho con la del presidente es muy probable que sea porque el abogado del Estado ha presentado una querella por prevaricación que puede repercutir en esas alegrías que se permite el juzgado a la hora de distribuir a la prensa las actuaciones que lleva a cabo las cuales hasta hace muy poco eran secretas y que ya han supuesto la presentación de una demanda penal del periodista Máximo Pradera por revelación de secretos.
Almudena Lastra, la fiscala superior de la Comunidad de Madrid, que fue centro de la polémica en torno a la filtración de los datos fiscales de la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González, es la autora del escrito en el cual rechaza la imputación del juez Peinado y del jefe de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la filtración de las actuaciones abiertas contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. El ministerio público considera que ninguno de los dos participó en la difusión irregular de las diligencias y apunta como presunto autor al abogado Aitor Guisasola, personado en nombre del Movimiento por la Regeneración Política de España. Guisasola es el representante de una de las cinco acusaciones populares admitidas por el juez de manera poco ortodoxa. Primero las rechazó y luego cambió de parecer. Las otras son Manos Limpias, la denunciante que basó sus cargos en informaciones periodísticas posteriormente desmentidas o matizadas por sus autores, Hazte Oír, Vox, y Iustitia Europa. Como se ve, todas de extrema derecha.
Que Guisasola está utilizando datos del sumario lo evidencian sus videos en YouTube y sus mensajes en las redes sociales haciéndose llamar “un abogado contra la demagogia”. La fiscala cree que el juez Peinado debería deducir testimonio de estas publicaciones y mandarlas al decanato para que otro juzgado se encargue de investigar la comisión del delito de revelación de secretos al que se refiere en su querella Pradera. En el caso del magistrado, Lastra recalca que Máximo Pradera le atribuye un delito de revelación de secretos “sin prueba alguna”. Y sobre el papel jugado por el responsable de prensa, insiste en que las notas que este difundió “no revelan el contenido de las actuaciones, ni comprometen la investigación y se limitan a dar cuenta de hitos procesales a fin de facilitar una información neutral y objetiva de un asunto con evidente interés mediático”.
Hay quien piensa que la fiscala se equivoca al señalar la inexistencia de prueba alguna contra Peinado y es cierta la apreciación, diferente según el rango del personaje del que se está hablando. Para acusar a un juez hacen falta pruebas. Si es un ciudadano corriente basta con indicios. La diferencia está clara. En cuanto a la jefatura de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sólo señalar una circunstancia: los servicios de comunicación del TSJM dependen orgánicamente de la Comunidad Autónoma. Y no hace falta hacer más comentarios al respecto.
El escrito de la fiscala Lastra no es vinculante, aunque bastante determinante para el Tribunal Superior, la instancia encargada de la admisión a trámite de la querella de Pradera y todo parece indicar que ésta tiene escaso recorrido judicial. Todo ello paralelamente a las demandas presentadas por los abogados de los investigados y del presidente del Gobierno, y los recursos que la Audiencia de Madrid resolverá el 30 de septiembre.
Un plazo demasiado largo que permite, mientras tanto, el montaje de todo este circo que el juez no quiere o no puede parar. En los últimos días Juan Carlos Peinado ha intentado neutralizar las filtraciones con escaso éxito porque la rueda ya no hay quien la pare. Es la consecuencia de permitir la personación de grupos que nada tienen que ver con la causa que ocupa a los tribunales. Porque no están legitimadas para personarse en un caso en lo que lo único que les interesa es obtener toda la información de las actuaciones para luego utilizarla de la manera más conveniente a sus intereses. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se muestra partidario de modificar la legislación para evitar situaciones como ésta y señala que hay personaciones ilegítimas: “un interés que no tiene por qué ser así, pero que mal utilizado puede llegar a serlo. Un interés particular, un derecho irrenunciable en el caso de las víctimas de los delitos, pero indudablemente perturbador en otros casos. Cuando se pretenden utilidades privadas, políticas, religiosas, corporativas, económicas, mediáticas o, incluso, meramente procesales. Todos ellos se alejan, como decimos, de los fines de la investigación criminal", señaló el fiscal general en el acto de apertura del año judicial.
Por supuesto, los abogados de la acusación popular en el caso de Begoña Gómez rechazan los argumentos de García Ortiz y califican de “muy grave” esta reflexión. Pero el máximo representante del ministerio público no va desencaminado porque lo cierto es que asociaciones de extrema derecha están abusando de las acciones judiciales para sacar beneficio propio o de la ideología que representan. Abogados Cristianos, Hazte Oír, Manos Limpias, Movimiento para la Regeneración Política de España y, sobre todo Vox, les han cogido la medida a los tribunales y no sólo buscan la ejemplaridad de una sentencia sino lo más importante ahora mismo, sacar todo el partido posible de las investigaciones que se llevan a cabo, interrogatorios a investigados y testigos incluidos, con el fin de filtrarlos a los medios afines quienes se encargan de manipularlos.
Y todo ello con los jueces mirando para otro lado. Hay que creer que inconscientemente porque ya existen serias dudas entre la ciudadanía de que el colectivo judicial también está participando activamente en esa guerra que la derecha ha declarado a Pedro Sánchez y todo lo que tenga que ver con la izquierda.