A Isabel Díaz Ayuso le hablas de expulsar a Ana Millán y cesarla como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y pone su característica cara de sonrisa maliciosa. No va a hacer nada contra su número tres en el Partido y mano derecha en la cámara autonómica. El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, remite a la comisión de garantías las medidas que puedan adoptarse en torno a la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, acusada de prevaricación y malversación en el conocido como “Caso ITV”. De momento, nada de suspenderla de militancia. Muchos concejales de Vox están imputados en casos de corrupción y violencia machista, algo que ya hemos destacado aquí mismo. Pero la dirección no ha tomado medida alguna contra ellos. Los partidos no son proclives a adoptar acciones disciplinarias contra los cargos que pasan por los juzgados. Sólo se conoce un caso reciente. José Luis Ábalos, exministro de Transportes, fue expulsado y se le pidió que entregara el acta de diputado, algo que no ha hecho porque dice que “así puede demostrar mejor su inocencia”.
El caso de Ábalos es excepcional y tiene su razón de ser en el ruido mediático que originó el llamado caso Koldo. Se le pidió responsabilidades políticas, pero todavía no ha tenido que hacer frente a la acción de la justicia. En el PSOE sí existe cierta tradición de abandonar el Partido cuando a un militante se le imputa un delito. Estos días se recuerda la renuncia a la militancia de los afiliados condenados por los ERES andaluces, en especial la del histórico Manuel Chaves que, una vez conocida la sentencia del Tribunal Constitucional, ha vuelto a pedir el ingreso. No fueron expulsados. Se fueron por su propia voluntad.
En cambio, en el Partido Popular han sido escasas las ocasiones en las que se ha procedido a la expulsión de un afiliado por estar implicado en un caso de corrupción. Los siete exalcaldes del PP, acusados de haber recibido comisiones en la operación Púnica cuyo juicio ya tiene fecha de celebración, abril de 2025, abandonaron sus cargos por voluntad propia y el comité de garantías tomó la decisión de expulsarlos. Especial trascendencia tuvo la situación de dos altos cargos de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, expresidente, acusado en la operación Lezo, y Francisco Granados, ex consejero de la presidencia y exsecretario general de los populares madrileños, en Púnica. Los dos fueron suspendidos temporalmente de militancia cuando ingresaron en prisión.
El caso del presidente de la diputación de León, Marcos Martínez, da la medida de lo que puede pasar cuando un afiliado desobedece las órdenes de sus dirigentes. El comité de garantías del Partido Popular le suspendió de militancia al ser imputado en la operación Púnica. La dirección le pidió que dejara sus cargos. No lo ha hecho y ahora mismo es alcalde de la localidad leonesa de Cuadros. Está condenado a ocho años de inhabilitación por prevaricación, pero, al recurrir al Supremo, la pena ha sido suspendida.
Otro caso muy comentado es el de José Manuel Baltar, expresidente de la diputación de Ourense, cazado por la guardia civil cuando conducía a 215 kilómetros por hora su coche oficial. Se le sancionó y tiene pendiente un procedimiento penal por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial. Sigue ocupando su escaño como senador por designación autonómica y nadie le ha pedido que lo deje.
Al margen de los dos grandes partidos, el caso más simbólico es el de la presidenta de Junts Per Catalunya, Laura Borrás. Condenada por el TSJC a 4 años de cárcel y 8 de inhabilitación por haber fraccionado ilegalmente un contrato cuando era directora general de la Institución de las Letras Catalanas no sólo no ha sido suspendida de militancia, sino que no ha dimitido de su cargo y es candidata para ocupar la vacante que deja Josep Rull al frente del Consell Nacional con sueldo de 65.000 euros anuales. Borrás se justifica alegando que todavía no ha sido condenada en firme ya que se ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
En esto de las suspensiones de militancia ocurre que hay afiliados de primera y de segunda. Se ha puesto aquí el ejemplo de Baltar. Es una persona muy poderosa en Ourense y siempre se ha dicho de él que no hay alcalde del PP en la provincia que tome una decisión sin consultarle. De hecho, Alberto Núñez Feijóo debe gran parte de su carrera política en Galicia al expresidente de la Diputación orensana. Es muy difícil iniciar un procedimiento disciplinario contra él. Algo parecido ocurre con Ana Millán. Exalcaldesa de Arroyomolinos barriendo prácticamente a sus contrincantes, en Génova se dice de ella que ha acumulado mucho poder por la relación personal que mantiene con Isabel Díaz Ayuso y el gran estratega de la organización en Madrid, Miguel Ángel Rodríguez. En el propio partido se comenta que ha acumulado demasiado poder como para intentar apartarla en estos momentos. De ahí que permanezca en el grupo de los intocables. Hay que recordar, de todas maneras, que en ese grupo de intocables figuraron afiliados como la exconsejera de Educación, Lucía Figar, suspendida de militancia por la operación Púnica, que ha sido absuelta de los cargos que se la imputaban.
Porque esa es la excusa que ponen los partidos, la presunción de inocencia. Suspender de militancia o apartar de la organización a una persona que no ha sido condenada en firme supone un desprestigio personal muy difícil de recuperar. Ahí está el caso de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, cuya causa penal por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada, ha sido archivada, aunque la Audiencia valenciana ha admitido un recurso y ha decidido reabrir la causa con señalamiento de un juicio que tiene escaso recorrido porque ni siquiera el fiscal presenta acusación.
Hasta que las cosas no se ven claras, los partidos prefieren esperar a los acontecimientos. Y eso es lo que va a ocurrir con los casos de Millán y Posse. Esta última, además, goza de muy buena relación con Pedro Sánchez y el presidente del Gobierno, después de sus últimas experiencias con la justicia es el mayor defensor de la presunción de inocencia. Lo que pasa es que la situación de la “compañera Noelia” es límite. Ya no está investigada sino acusada pendiente del señalamiento de la vista oral y eso ya son palabras mayores.