España es uno de los países de la Unión Europea en el que más horas se trabajan, pero tiene un grave problema con la productividad. La regulación de los horarios laborales en el mercado laboral español es una de las principales causas de ello. Se trabajan muchas horas, un importante número de ellas sin pagar, lo que supone un fraude de miles de millones de euros que el gobierno de Sánchez es incapaz de frenar.
Sin embargo, es el propio Ejecutivo el que está buscando soluciones. No es sólo la reducción de la jornada máxima de 40 a 37,5 hora semanales, sino la implementación de un sistema universal telemático de control horario. Es una medida adecuada porque evitará parte del fraude. Incluso, llegó a plantear, de manera muy acertada, un control en tiempo real desde la Inspección respecto a si los trabajadores, una vez que ha fichado su salida, se encuentran en su centro de trabajo o realmente lo han abandonado porque ha finalizado su jornada.
A pesar de que esto es algo propio de países civilizados, la patronal española continúa en la mentalidad decimonónica de la explotación del hombre por el hombre. Si es necesario imponer al trabajador horas extra sin remunerar para que la empresa sea rentable, eso quiere decir que esa empresa está quebrada. Esto sólo es posible porque no hay un control total sobre la actividad de los trabajadores. Magdalena Valerio lo intentó, pero sus medidas de control horario han fracasado y, a día de hoy, son millones las empresas que ni siquiera las aplican.
El Ministerio de Trabajo, dentro de su proyecto de reducción de la jornada, también incluía la creación de un sistema telemático de control horario para las empresas. La patronal se ha cerrado en banda. Quieren seguir explotando a los trabajadores, quieren seguir negando la conciliación entre la vida laboral y familiar, quieren seguir perpetuando la violación del derecho de conexión y obligar a sus trabajadores a que estén conectados las 24 horas del día.
En la CEOE han puesto el grito en el cielo. No quieren que nadie controle sus abusos a los trabajadores. Y esto sucede en un momento en que se ha demostrado que las horas extra sin remunerar se están disparando. Un 40% de los trabajadores asalariados reconocen que sus empresas les obligan a trabajar fuera de su jornada.
Las horas extra no pagadas suponen un coste laboral de aproximadamente 3.254 millones de euros anuales, dinero que los empleadores dejan de pagar tanto a los trabajadores como a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. Este abuso no solo afecta a los derechos laborales, sino que también socava los ingresos públicos al reducirse las cotizaciones y los impuestos relacionados con los salarios. Además, se estima que si estas horas extra no pagadas se convirtieran en empleos regulares, se podrían crear hasta 70.000 nuevos puestos de trabajo a jornada completa, una cifra significativa en el contexto del desempleo en España.
La situación es especialmente grave en sectores como la educación, la industria, la hostelería y el comercio, donde se concentra el mayor número de horas extra no pagadas.
Complicidad del Partido Popular
Ante las medidas que propone el Ministerio de Trabajo, el Partido Popular se ha opuesto frontalmente, sobre todo en su facción ultraliberal, es decir, la Comunidad de Madrid de Ayuso.
El portavoz del gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, señaló la semana pasada que lo que se necesita es «más productividad y competitividad», es decir, que comparten la máxima de que la productividad está ligada a un mayor número de horas en el puesto de trabajo. Por tanto, están a favor de mantener los márgenes de explotación laboral.
Sin embargo, ya hay experiencias aplicadas en España que demuestran que el respeto a la jornada laboral o la aplicación de las jornadas continuas en vez de partidas, incrementan la productividad y los beneficios de las empresas sin tener que recurrir a la explotación.