El Partido Popular ya controla la comisión de investigación abierta en el Parlamento de Galicia para investigar los supuestos contratos troceados a dedo de la Xunta a beneficio de empresas vinculadas a la familia de Alberto Núñez Feijóo. Es el caso de Eulen, donde la hermana del líder del PP, Micaela Núñez, trabaja como directiva para la zona noroeste. Feijóo no tiene previsto asistir (tampoco Alfonso Rueda), y el PP ya se ha atribuido el control de la comisión, que será presidirá por la diputada popular Elena Candia con la colaboración en calidad de vicepresidenta de su compañera de partido Carmen Pomar. El nacionalista Luís Bará, pese a pertenecer a la fuerza que impulsó la iniciativa, el BNG, quedará como secretario.
Los dos partidos de la oposición (BNG y Partido Socialista) insisten en que tienen que comparecer tanto Alberto Núñez Feijóo como Alfonso Rueda para dar explicaciones sobre estos contratos. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, señaló que “es inexcusable esa presencia” y agregó que “en esta comisión se tienen por fin que entregar todos los expedientes que llevamos años solicitando y que el PP oculta”. Por su parte, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó transparencia y responsabilidad política y que “no haya torpedeo”.
Según informa la Cadena Ser, la Comisión de Investigación en el Parlamento de Galicia se va encargar de investigar los contratos que firmó la Xunta de Galicia con Eulen, el sobrecoste del Álvaro Cunqueiro y los contratos que firmó el Sergas durante la pandemia para la compra de material sanitario.
Que dos cargos populares vayan a dirigir la comisión da una idea de lo que va a ocurrir: el PP va a echar tierra encima al caso de las adjudicaciones a dedo en la Xunta de Galicia. Colocar a diputados del partido es tanto como poner a los lobos a cuidar de las gallinas. Nada puede esperarse de esta comisión de control. La compañía Eulen “se ha embolsado 1,6 millones de la Xunta de Galicia en 124 contratos a dedo desde el mes de enero”, según publica El Salto Diario. “Estas licitaciones se suman a las ya 1.311 firmadas entre 2018 y 2023 por el Gobierno gallego por un total de 4,8 millones de euros con Eulen, la empresa que Micaela Núñez Feijóo dirige en el noroeste del Estado”.
Según el digital de ámbito regional, los contratos suman 1.598.835,23 euros si se tienen en cuenta las licitaciones adjudicadas a dedo desde el uno de enero hasta la segunda quincena del mes de septiembre de este año. “El entramado empresarial que Micaela Núñez Feijóo lidera en el noroeste del Estado español sigue haciendo caja a pesar de que las sospechas sobre un presunto trato de favor desde el Gobierno gallego –primero de su hermano y después del actual presidente, Alfonso Rueda– en otras 1.311 facturas entre 2018 y 2023 han forzado la que probablemente sea la única comisión de investigación de toda la legislatura en Galicia”, según el diario.
Para este periódico, la manera de actuar desde los despachos de la Xunta de Galicia “sigue siendo la misma que desde el 2018: fraccionar servicios que se podrían licitar conjuntamente y así evitar sacarlos a concurso, sorteando a la competencia y, quizás, pagando un precio por encima del de mercado”. De hecho, estos son algunos de los argumentos –y de las sospechas– que han llevado al Bloque Nacionalista Galego (BNG) a utilizar su única oportunidad de forzar unilateralmente una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia. Allí habrían de sentarse el ahora presidente del Partido Popular y el actual presidente de la Xunta para explicar tanto los casi 1.500 contratos repartidos indiscriminadamente desde la Administración gallega, como los sobrecostes de 470 millones de euros del Hospital Álvaro Cunqueiro (Vigo) y los contratos de emergencia firmados durante la última etapa de Feijóo como presidente, coincidiendo con la etapa más dura de la pandemia de coronavirus. Aunque el Partido Popular podría retorcer su mayoría absoluta para tratar de librar a Feijóo de esos focos.