El Gobierno está a punto de introducir cambios significativos en la regulación del alquiler vacacional, o pisos turísticos, en un esfuerzo por controlar el fenómeno Airbnb y proteger la convivencia en las comunidades de vecinos. Será una enmienda en la Ley de Propiedad Horizontalque permitirá a las comunidades de propietarios tener un mayor control sobre el uso de viviendas para alquiler turístico.
La propuesta de enmienda
El cambio legal, que será presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados, establece que cualquier propietario que desee alquilar su vivienda con fines turísticos deberá obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios. Esta autorización deberá ser concedida por al menos tres quintos de los vecinos. La nueva normativa también permite que cualquier vecino pueda llevar a los tribunales a aquellos que ofrezcan alquileres turísticos sin el permiso adecuado de la comunidad.
El texto de la enmienda dice explícitamente: "Quien quiera poner su piso en alquiler turístico deberá obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios". Además, el presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios, puede requerir la inmediata cesación de las actividades de alquiler turístico, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales procedentes.
Motivaciones del Gobierno
La exposición de motivos de la nueva normativa subraya la necesidad de "impulsar medidas desde el Estado para combatir una grave situación de convivencia y molestias que vienen soportando muchas comunidades y barrios". El alquiler vacacional ha generado numerosos conflictos en las comunidades de vecinos, debido a problemas como el ruido, el aumento del tráfico y la inseguridad, así como el deterioro de los servicios comunitarios. Al regular esta actividad, el Gobierno busca equilibrar los derechos de los propietarios con el bienestar colectivo de los residentes.
Consideración del alquiler vacacional como actividad económica
Otro aspecto clave de la nueva ley es la consideración del alquiler vacacional como una actividad económica. Esto significa que solo aquellos propietarios que se hayan acogido a la normativa sectorial turística podrán seguir ejerciendo esta actividad. Esta regulación introduce una serie de requisitos y normas que los propietarios deberán cumplir, alineándose con la normativa turística vigente.
Para los propietarios que ya participan en el mercado de alquiler vacacional, esta nueva ley representa un cambio sustancial. Obtener la aprobación de la comunidad de vecinos puede ser un desafío, especialmente en comunidades donde ya existen tensiones sobre el uso de las viviendas para fines turísticos. Esta medida podría llevar a una reducción en la oferta de alquiler vacacional, afectando tanto a los propietarios como a los turistas que buscan opciones de alojamiento alternativo.
Para los nuevos propietarios interesados en entrar en el mercado, la necesidad de obtener aprobación previa podría desincentivar la inversión en propiedades para alquiler vacacional. Sin embargo, aquellos que logren cumplir con los requisitos podrán operar en un entorno más regulado y con menos conflictos, lo que podría resultar en una mejor experiencia tanto para los propietarios como para los turistas.
Comparación con otras medidas internacionales
Esta iniciativa del Gobierno español sigue el ejemplo de ciudades como Barcelona, que ha implementado restricciones severas sobre el alquiler turístico. La medida también se alinea con esfuerzos similares en otras ciudades alrededor del mundo, como Nueva York, donde se han introducido regulaciones estrictas para controlar el impacto del alquiler vacacional en las comunidades locales.
Próximos pasos y plazos
El procedimiento habitual llevará el texto de la nueva norma a la Comisión de Justicia para su revisión, antes de pasar a la votación en el pleno de la Cámara Baja. El Gobierno espera tramitar esta legislación con rapidez. Según la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el Ejecutivo pretende tener lista una plataforma de seguimiento acorde a la normativa europea para 2025. Además, se está trabajando en un real decreto que podría estar listo a finales de verano, con el objetivo de implementar estas medidas lo más pronto posible.
La propuesta de enmienda a la Ley de Propiedad Horizontal representa un paso significativo en los esfuerzos del Gobierno español por regular el alquiler vacacional. Al otorgar a las comunidades de vecinos el poder de autorizar o rechazar el uso de viviendas para fines turísticos, se espera mejorar la convivencia y la calidad de vida en los barrios afectados. Esta regulación también busca aumentar la oferta de alquiler tradicional, moderando así los precios del mercado inmobiliario. Aunque la nueva normativa presenta desafíos para los propietarios, promete crear un entorno más regulado y equitativo para todos los involucrados.