La Unión Europea ha decidido darse un respiro, o al menos, concederse algo de margen en su encrucijada energética.
El almacenamiento de gas garantiza actualmente alrededor del 30% del consumo invernal de la UE.
Los 27 han pactado ampliar durante dos años más—hasta 2027— la obligación de mantener rebosantes sus almacenes de gas, nada menos que al 90% de su capacidad cuando llegue el temido invierno.
Esta medida, vigente desde 2022 como respuesta a la crisis energética provocada por la guerra de Rusia contra Ucrania, busca asegurar el suministro y controlar la volatilidad de precios energéticos.
El acuerdo ha sido mayoritariamente respaldado por el Parlamento Europeo (542 votos a favor, 109 en contra y 30 abstenciones) y confirmado por el Consejo de la UE.
La nueva normativa responde al contexto actual de tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados mundiales de energía, con una revisión más amplia del marco de seguridad energética prevista para 2026.
Este acuerdo viene vestido de compromiso firme, pero basta asomarse un poco para descubrir los dobleces. El objetivo del 90% seguirá ahí, pero con una flexibilidad “justificada”: cada país podrá llenar sus reservas en cualquier momento entre octubre y diciembre. ¿Motivo? El mercado anda más revuelto que nunca, y hay miedo a que intereses especulativos y tensiones internacionales acaben disparando los precios.
La letra pequeña permite que, si hace frío en los mercados o hay escasez de suministro, los Estados miembros puedan quedarse hasta un 10% por debajo de la meta, e incluso pedir una excepción adicional. Y es que, cuando la seguridad del suministro se pone cuesta arriba, Bruselas parece otorgar licencias a la excepcionalidad.
Evitar ser rehenes
La justificación para este acuerdo se encuentra en proteger a la ciudadanía, evitar que empresas y familias se conviertan en “rehenes” de decisiones tomadas en despachos extranjeros.
La ministra de Industria de Polonia, Marzena Czarnecka, destacó que el acuerdo envía un mensaje claro de que la UE no será rehén de presiones energéticas externas, y busca proteger a ciudadanos y empresas frente a subidas de precios y disrupciones del suministro.
Pero la sensación de fondo es la de una UE más preocupada por buscar equilibrios en el tablero político que por dar soluciones contundentes.
“No seremos rehenes”, proclama una ministra, mientras en la economía deoméstica, millones de hogares seguirán preguntándose qué haremos el próximo invierno si los precios vuelven a romper su techo.
Novedades del acuerdo:
- Se mantiene el objetivo vinculante del 90%, pero con una mayor flexibilidad para alcanzarlo: los países podrán cubrir ese nivel de almacenamiento en cualquier momento entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre (anteriormente el plazo límite era el 1 de noviembre)
- Se permiten desviaciones de hasta el 10% respecto al objetivo en casos de condiciones de mercado desfavorables, como precios elevados o disrupciones en el suministro.
- La Comisión Europea podrá autorizar, mediante acto delegado, una flexibilidad adicional del 5% si persisten las condiciones de mercado complejas.
- Otras excepciones incluyen que, si la producción nacional de gas supera el consumo medio anual de los dos años previos, o si hay tasas de inyección lentas en almacenes de más de 40 TWh, los Estados pueden desviarse hasta un 5% adicional.
- Las metas de almacenamiento intermedias serán orientativas, permitiendo a los operadores ajustar mejor sus compras a lo largo del año, lo que reduce la presión sobre los mercados y da mayor margen de maniobra.