La organización Adolescencia Libre de Móviles (ALM) ha valorado muy positivamente el nombramiento por parte del gobierno de los 50 miembros del comité de expertos que durante los próximos seis meses analizarán el impacto de los dispositivos con acceso a internet en los menores, según han trasladado mediante una nota de prensa a los medios.
Según la encuesta realizada por la organización, a un total de 25.000 familias, el 85% se muestran dispuestas a un pacto social para retrasar la entrega del teléfono inteligente a sus hijos. El 72,8% considera que la edad de entrega debería ser, como mínimo, los 16 años.
Propuestas recogidas en un documento
El movimiento ciudadano, señala que ha trasladado al grupo de trabajo del Ministerio de Juventud e Infancia un documento, cuya versión completa puede consultarse directamente pulsando en este enlace, donde se recogen las consideraciones fundamentales para este grupo de trabajo multidisciplinar, y que se espera sean consideradas a la hora de elaborar el informe final.
Principio de precaución
Desde ALM señalan que los teléfonos inteligentes, y con ellos las redes sociales, han entrado en la vida de los niños y adolescentes sin tener en cuenta el principio de precaución. Desde la plataforma ALM, recuerdan la necesidad de protección y cuidado especiales que se ha de tener en materia que implique a menores, «por su falta de madurez física y mental». Y en este sentido, hacen referencia a la Convención de los Derechos del Niño, que así lo recoge.
Recomendaciones de los pediatras
Recuerdan que la Societat Catalana de Pediatría recomienda que «el adolescente no tenga smartphone hasta que sea suficientemente maduro en competencias y aptitudes digitales». Y en este sentido, cabe señalar el comunicado reciente, del que Diario16plus ha informado esta misma semana, de la propia Asociación Española de Pediatría, que está estudiando ahora mismo la reconsideración sobre las pantallas en los menores.
ALM considera que, en lugar de tratar el acceso a estos dispositivos desde un enfoque de Derechos Humanos, para garantizar una protección efectiva del derecho a la salud, a la protección ante el juego o de la privacidad, se está basando únicamente la digitalización en la infancia y la adolescencia desde la perspectiva del derecho de acceso a internet y a la participación. Un enfoque que obvia otras formas mucho más seguras y eficaces de acceso a la información, que no conllevan riesgos ni suponen vulneraciones de derechos que ya se ha evidenciado en las redes sociales y en el uso de dispositivos electrónicos.
Necesidad de regulación
Desde ALM consideran que es imprescindible poner en marcha una regulación desde la Administración Pública, motivo por el que ha remitido al Ministerio de Juventud e Infancia una serie de propuestas que pueden ser implementadas tanto a corto, medio y largo plazo.
- incorporación de profesionales del campo de la psiquiatría, neurología y psicología en el grupo de trabajo. Para ello, ALM propone al Gobierno que cuente con los Colegios de Médicos y Psicólogos para que desarrollen una declaración institucional sobre el uso de las redes sociales en la infancia y sea considerado como un problema de salud pública.
- promover un pacto de familias para retrasar la llegada de los teléfonos inteligentes, fundamentándose en el principio de precaución.
- elevar la edad de acceso a las redes sociales a los 16 años y establecer medidas eficaces para asegurar su cumplimiento.
- puesta en marcha de mecanismos de capacitación para familias, infancia y adolescencia en el uso de las nuevas tecnologías
Subrayan la importancia de crear espacios libres de teléfonos móviles, como los centros educativos, donde debería establecerse una prohibición expresa del uso de estos dispositivos. Se incluye la eliminación, incluso, «con fines didácticos», existiendo otras alternativas igualmente funcionales y disponibles, que no requieran de la presencia de estos soportes en las aulas.
Se plantea también la importancia de que las distintas administraciones se involucren a la hora de apostar por programas de ocio alternativos donde se ofrezca a los más jóvenes una agenda de actividades que promueva su interrelación personal.
A medio plazo, ALM propone una regulación de los ocho tipos de contenido perjudiciales en las redes: pornografía, acceso a juego y apuestas, páginas de contenidos violentos, webs pro-suicidio, pro-anorexia, pro-bulimia, así como aquel contenido que incite al odio en cualquiera de sus formas.
Se considera urgente desde la organización que se impida la vulneración de los derechos de la infancia mediante el bloqueo efectivo de contenidos inadecuados por edad.
