El cambio climático se ha convertido en una amenaza cada vez más evidente para la humanidad, y España no es una excepción. Amnistía Internacional ha lanzado una alarma sobre el impacto devastador del calentamiento global en los derechos humanos, especialmente después de que julio se haya convertido en el mes más caluroso registrado a nivel mundial desde la era preindustrial, con una media de más de 1,5°C por encima de los niveles preindustriales.
España, en particular, se encuentra en la región mediterránea, que está experimentando un calentamiento acelerado. En 2022, el país superó en 1,6°C la media anual, según los datos del programa Copernicus de la Unión Europea. Entre mayo y octubre del mismo año, algunas áreas del país llegaron a experimentar temperaturas hasta 8°C por encima de la media. En este verano, una ola de calor impactante llevó a más de 140 estaciones meteorológicas de la AEMET a registrar temperaturas superiores a los 40°C en un solo día.
El cambio climático está exacerbando las olas de calor y los incendios forestales, lo que tiene consecuencias devastadoras para la salud y la vida de las personas. En 2022, más de 300.000 hectáreas fueron arrasadas por 493 incendios, más del triple de la superficie afectada en 2021. En los primeros seis meses de 2023, se quemaron 66.216 hectáreas en 324 incendios.
Las altas temperaturas y las olas de calor no solo tienen un impacto directo en los ecosistemas, sino que también se convierten en un peligro mortal para la salud humana. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cambio climático es la mayor amenaza para la salud global. El calor extremo se ha relacionado con lesiones renales agudas, insolaciones, problemas en el embarazo, trastornos mentales, así como el agravamiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
En España, el calor excesivo llevó a 4.813 muertes adicionales atribuibles al aumento de las temperaturas entre junio y septiembre de 2022. Las comunidades más afectadas fueron Madrid, Castilla y León, Cataluña y Andalucía. Además, la contaminación atmosférica, causada principalmente por partículas finas (PM2,5), ozono (O3) y dióxido de nitrógeno (NO2), se estima que causa más de 30.000 muertes prematuras al año en el país, según la Agencia Europea del Medio Ambiente.
El cambio climático y las olas de calor afectan a toda la población, pero algunos grupos son especialmente vulnerables, como las personas mayores, embarazadas, trabajadores expuestos al aire libre y aquellos que viven en condiciones precarias. Un 10% de la población española presenta un consumo de energía muy inferior a la media nacional, mientras que una de cada cinco personas vive en viviendas con problemas estructurales que dificultan mantener una temperatura adecuada en el interior.
Ante esta crisis, Amnistía Internacional hace un llamamiento al nuevo gobierno para que tome medidas audaces y efectivas. Se insta a que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030 (frente al 23% actual y al 32% propuesto en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima). También se pide la eliminación de todas las subvenciones a los combustibles fósiles y la implementación de políticas que protejan la salud de los colectivos más vulnerables ante las olas de calor.
Es necesario que los responsables políticos reconozcan la gravedad del problema y actúen con urgencia. España debe liderar el cambio hacia un futuro sostenible y responsable en cuanto a la mitigación del cambio climático y la protección de los derechos humanos.
Además, para hacer frente a los problemas de salud provocados por el cambio climático y la contaminación, es esencial aumentar la inversión en el sistema nacional de salud, asegurando que al menos el 25% del gasto sanitario total se dedique a la Atención Primaria, la cual juega un papel crucial en el tratamiento del 70% de las necesidades de salud de la población.
