El Tribunal Supremo aplica un correctivo a Abascal y a toda la extrema derecha de Vox por intentar que los jueces “interfieran” en la investidura de Sánchez. El tribunal ha desestimado la denuncia que la ultraderecha presentó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los líderes independentistas por las negociaciones que confluyeron en la investidura del líder socialista, también incluían alusiones a la ley de amnistía.
Intento de usar a los jueces por parte de Vox
El alto tribunal ha emitido una resolución, según publica eldiario.es, en la que recuerdan que no “pueden interferir en la elección del jefe del Ejecutivo”. “Son actos propios de la actividad política sobre los que esta Sala no puede interferir”, precisan los magistrados.
Este dictamen corresponde a una de las múltiples denuncias que la extrema derecha presentó contra Pedro Sánchez, otros miembros del gabinete y los aliados parlamentarios, con el objetivo de frenar la investidura del entonces candidato socialista como presidente del Gobierno.
La querella de Vox se queda desnuda ante la realidad. Sus intentos de imputar delitos de conspiración para la rebelión, cohecho y malversación, y prevaricación tanto a Pedro Sánchez como a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; además de a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Arnaldo Otegi y otros miembros de la mesa de diálogo con Cataluña. A todos ellos les imputaba “la subversión del orden constitucional” y “asegurar la impunidad absoluta en caso de ejecutar la separación de Cataluña del resto de España”.
Varapalo a Vox
La Sala, encabezada por Manuel Marchena, inadmitió la denuncia, según eldiario.es, al no advertir indicios de delito en las negociaciones con las formaciones independentistas. Vox, pese al portazo inicial, reforzó sus argumentos con un recurso que, ahora, ha sido rechazado de nuevo. Lo que les deja en muy mal lugar ante los suyos y. los manifestantes de Ferraz, que aún siguen molestando a los vecinos con sus algaradas.
Los ultras reclamaban al Alto Tribunal que los hechos le daban la razón, amparándose en que, en este momento, la investidura se llevó a cabo y lo que ante eran “meras conjeturas”, ahora constituye hasta cuatro delitos distintos. Todo agua de borrajas, o pataletas de mal perdedor.
La formación de extrema derecha, no comparten en el Tribunal Supremo les niegue la razón, pero a los españoles nos da igual. Los magistrados han reprochado a Vox en el escrito que: “incluyan hechos políticos a sus denuncias para robustecerlas y que acaben prosperando” independientemente de que la denuncia que aseguran haber ampliado fue inadmitida en firme meses atrás.
Las negociaciones entre partidos
La jueza Carmen Lamela, una de las ponentes del auto, profundiza aún más en sus razones y justifica que las negociaciones entre partidos, enmarcadas en un contexto de investidura, no pueden ser objeto de estudio y ni mucho menos de carácter punitivo. “Son actos propios de la actividad política sobre los que esta sala no puede interferir”, sostiene en el escrito.
La amnistía es competencia del Constitucional
En lo relativo a las cuestiones vinculadas a la ley de amnistía, los magistrados sugieren que el estudio del caso competerá, en tal supuesto, al Tribunal Constitucional y no al Supremo.
“Correspondiendo al Tribunal Constitucional y no a este determinar si efectivamente las leyes aprobadas o que puedan aprobarse son conformes con ordenamiento constitucional”, destacan en el auto, donde redundan que el archivo de las actuaciones “era más que procedente”.
Fracaso estratégico
La formación de extrema derecha tenía muchas expectativas puestas a la carta de la judicatura, pero ha resultado un auténtico fracaso. Vox engrasó la maquinaria contra la investidura de Pedro Sánchez y el intento le ha creado más problemas que certezas. Deben rendir cuentas con sus exaltados que a diario despotrican contra el Gobierno, se manifiestas, se juegan su dinero en multas y pasan frio ante la iglesia de Corazón de María. ¿Y para qué? Para nada.
Han abierto diversos frentes: el Congreso de los Diputados, con su voto en contra; en la calle, con las manifestaciones en Ferraz en connivencia con colectivos de extrema derecha y neonazis; y en los tribunales.
Todo ha caído en saco roto, con un primer golpe a su línea de flotación por parte del Alto Tribunal, que no cedió a las presiones de los de Santiago Abascal para paralizar de manera cautelarísima los debates de investidura.
Primera reprimenda del Supremo
El Supremo entendió en el primer auto, que no había elementos suficientes y sustanciales que justificaran la procedencia “de suspensión del acto parlamentario dirigido a la investidura del presidente del Gobierno”. Incluso en el supuesto de esta querella, la fuerza de extrema derecha ha presentado tantas alegaciones como rechazos de los magistrados ha cosechado con el fin de superar el primero de los filtros para que sus querellas prosperasen.
Tampoco han tenido éxito en otras denuncias por motivos diametralmente opuestos pero dirigidos también a la Administración Sánchez.
Una forma de actuar de la extrema derecha, que hunde en el fango su estrategia en la propaganda y en la difusión de las querellas y denuncias contra sus adversarios políticos. Sin embargo, Abascal y VOX mantiene un perfil bajo, no vaya a tener problemas judiciales y lo más importantes, para que sus seguidores no se enteren de sus fracasos, solo de sus anuncios. El Supremo decretó que no hay espacio para la presentación de “recurso alguno”.