España está ante una fractura social silenciosa pero devastadora: el precio del alquiler se ha convertido en un mecanismo de expulsión. Según el portal pisos.com, los españoles deben destinar, de media, el 52,61% de su salario bruto para alquilar una vivienda tipo de 90 m². Es decir, más de la mitad de su sueldo se esfuma solo en pagar techo, sin contar suministros, transporte o alimentación.
En ciudades como Barcelona (114,07%) y Madrid (100,98%), ni siquiera un salario completo basta para asumir un alquiler estándar. Es la confirmación de una verdad incómoda: el modelo de mercado ha convertido la vivienda en un bien de lujo, y en el camino ha dejado atrás a jóvenes, trabajadores precarios y clases medias que ya no pueden vivir donde trabajan.
Mientras tanto, el Partido Popular se opone sistemáticamente a todas las medidas de regulación, calificándolas de “intervencionismo ideológico”, y favoreciendo abiertamente a fondos buitre, grandes tenedores y plataformas especulativas. Porque para la derecha, el mercado es sagrado. Aunque eso signifique condenar a generaciones enteras a vivir compartiendo piso o a no emanciparse jamás.
Más allá del dato: un modelo que expulsa
Las cifras no son solo datos económicos, son indicadores de exclusión estructural. Las once capitales que superan el 50% del salario destinado al alquiler coinciden con las ciudades más dinámicas, donde supuestamente hay más oportunidades laborales. Pero esa movilidad ascendente se convierte en ficción cuando, para acceder a un piso, hay que entregar más de la mitad del sueldo, o dos sueldos si se tiene descendencia.
El acceso a la vivienda ya no es un derecho, sino una carrera de obstáculos. Y en ese contexto, la alternativa para muchos pasa por el alquiler de habitaciones, que supone —de media— un 18,46% del sueldo bruto. Un mal menor que se ha convertido en regla para miles de personas, no solo jóvenes: también familias monoparentales, trabajadores de servicios públicos o personas mayores con pensiones bajas.
Lo más preocupante no es la existencia de esta realidad, sino la pasividad con la que se asume. Años de políticas orientadas al “libre mercado” han generado un ecosistema donde los precios se disparan, pero los salarios no. Y cada euro público que no se invierte en vivienda social acaba alimentando el negocio del alquiler especulativo.
La derecha bloquea mientras la gente malvive
El Partido Popular ha sido —y sigue siendo— el principal escollo para avanzar hacia un modelo de vivienda justo. Votó en contra de la Ley de Vivienda, ha recurrido normativas autonómicas que limitan el precio del alquiler, y gobierna en municipios donde ni se construye vivienda pública ni se protege al inquilino.
Para el PP, la vivienda es un bien de mercado, no un derecho constitucional. Por eso rechazan cualquier intervención que toque los márgenes de beneficio de promotoras, bancos y fondos de inversión. Lo llaman libertad. Pero es libertad de unos pocos para enriquecerse con la necesidad de muchos.
Frente a eso, el Gobierno de coalición ha impulsado medidas valientes pero aún insuficientes: índice de precios, límites al alquiler en zonas tensionadas, movilización de vivienda vacía o fomento del parque público. Pero la tarea es enorme, y las resistencias son fuertes.
Porque el derecho a la vivienda no se garantiza con retórica, sino con inversión, regulación y valentía política. Y lo que este informe revela es que sin acción decidida, el futuro será de pisos compartidos, sueldos insuficientes y generaciones sin hogar propio.
Vivir no puede ser un privilegio. Y cuando pagar el alquiler exige entregar la mitad del sueldo, la democracia pierde contenido real. El acceso a una vivienda digna no puede depender del código postal, del apellido o del tamaño de la nómina. O se regula el mercado, o el mercado nos regula a todos.