El pasado 21 de mayo marcó un hito en la política de vivienda española con la firma del convenio entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y banco Santander. Este acuerdo pretende facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes y familias mediante una línea de avales que cubre hasta el 25% del valor del préstamo hipotecario. Mientras la ministra Isabel Rodríguez aplaude la iniciativa como un paso adelante para garantizar el derecho a la vivienda, expertos en el sector inmobiliario y económico expresan serias reservas sobre sus repercusiones.
¿A quién beneficia?
La medida, que se extenderá hasta finales de 2025 con posibilidad de ampliación hasta 2027, ha sido diseñada para ayudar a jóvenes menores de 35 años y familias con menores a cargo, a superar la barrera del pago inicial para adquirir su primera vivienda. Según la ministra Rodríguez, esta estrategia responde a una necesidad crítica en un país donde el 83% de los jóvenes aún vive en el hogar familiar, una cifra que destaca la difícil situación que enfrentan para independizarse.
Sin embargo, mientras el gobierno celebra esta iniciativa como un éxito de la colaboración público-privada y un impulso a la economía a través del sector inmobiliario, no todos comparten este entusiasmo. Expertos advierten que, aunque bienintencionada, la política podría tener efectos adversos, aumentando los precios de las viviendas y dejando a los jóvenes en una situación aún más precaria.
Los expertos advierten de las medidas adversas
Los expertos consultados. señalan que, aunque el aval del ICO elimina la necesidad de grandes ahorros previos para la entrada, los bancos siguen teniendo el control final sobre la concesión de hipotecas. Esto significa que los requisitos de solvencia siguen siendo estrictos, y muchas de las personas a las que se pretende ayudar podrían no calificar finalmente para los préstamos.
Argumentan que los avales pueden llevar a una inflación artificial de precios, ya que los vendedores pueden aumentar los precios sabiendo que los compradores cuentan con un respaldo estatal. Por eso sugieren que una solución más efectiva sería centrarse en mejorar el acceso a viviendas de alquiler, que no solo beneficiaría a los jóvenes sino también a otros grupos vulnerables.
Para los expertos no es la solución
Además, destacan una paradoja en la política de vivienda actual: aunque se promueven los avales para facilitar la compra, la realidad del mercado hace que estos incentivos puedan terminar beneficiando más a personas con un nivel de solvencia ya de por sí adecuado, perpetuando la exclusión de aquellos que más necesitan apoyo.
En este contexto, se plantea un escenario en el que el remedio podría ser peor que la enfermedad: una política destinada a ayudar a los jóvenes a comprar su primera vivienda podría terminar encareciendo aún más el mercado, poniendo la propiedad aún más fuera de su alcance. Esta paradoja no solo plantea un desafío para los diseñadores de políticas públicas, sino que también recalca la necesidad de un enfoque más holístico que considere todas las facetas del problema de la vivienda.
A medida que la fecha de implementación se acerca y más bancos consideran unirse a la iniciativa, el debate sobre la eficacia de estos avales está lejos de resolverse. Lo que está claro es que cualquier solución a largo plazo requerirá un compromiso continuo y una evaluación cuidadosa de los impactos tanto previstos como no previstos de tales políticas.