En un intento por reducir las notoriamente largas listas de espera quirúrgicas en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha optado por un modelo que implica un considerable incremento en la inversión en la sanidad de gestión privada, sobrepasando los 1.000 millones de euros. Esta forma de actuar refleja una tendencia creciente hacia la privatización de servicios que tradicionalmente han sido gestionados por el sector público.
Ayuso y las derivaciones a la privada
La administración de Ayuso ha facilitado que pacientes, mayoritariamente de hospitales públicos tradicionales, sean trasladados a instituciones de gestión privada como una estrategia para disminuir los tiempos de espera, que promedian los 62 días y se pretendía reducir a 45, con los últimos datos conocidos ayer se ha incrementado hasta los 50 días. Este traslado no solo promete eficiencia, sino que también es lucrativo para los hospitales receptores, como el de Torrejón, gestionado por Ribera Salud, y varios del grupo Quirón Salud, que operan bajo régimen concertado y concesionado. Estos centros cobran un extra por cada paciente atendido que no pertenece a su población adscrita, añadiendo una capa de incentivo financiero al traslado de pacientes.
En el mes de marzo de 2024, Madrid superó su propio récord con 972.643 personas en alguna de las tres listas de espera. Pero en ese mismo mes, se ha alcanzado la cifra del millón. Y en la Comunidad ya ni si quiera tienen, como otras veces, el consuelo de que descienda el tiempo de espera. Por ejemplo, para una operación ha subido cinco jornadas de golpe, hasta 50 días de media esperando para una intervención quirúrgica no urgente.
Aumento del gasto público en la sanidad privada
Los presupuestos de 2024 llevan la partida de conciertos con entidades privadas hasta los 1.200 millones de euros, un aumento significativo comparado con los 970 millones presupuestados anteriormente. Ayuso se ha comprometido a invertir 215 millones de euros específicamente para reducir a la mitad los tiempos de espera para cirugías, primeras consultas y pruebas diagnósticas. Sin embargo, detrás de los buenos datos, se esconde el alto costo que estos representan para el erario público.
El riesgo de la privatización encubierta
Este aumento del gasto en la sanidad privada ha generado preocupaciones sobre una privatización encubierta del sistema de salud, lo que podría comprometer a largo plazo la calidad y accesibilidad del servicio público de salud. Mientras que los hospitales de gestión privada se benefician económicamente de este modelo, los hospitales públicos no reciben ingresos adicionales por tratar a pacientes externos, lo que puede resultar en una distribución desigual de recursos y capacidades.
Los críticos de esta política argumentan que favorece a las entidades privadas a expensas de la infraestructura pública y plantean preocupaciones sobre la equidad en el acceso a la salud. Aunque algunos pacientes pueden experimentar tiempos de espera reducidos, otros, especialmente aquellos que deciden permanecer en el sistema público o que no tienen acceso a la opción privada, podrían no ver mejoras en su atención.
Las promesas de Ayuso
La promesa de Ayuso en septiembre de 2022 de reducir a la mitad los tiempos de espera para cirugías, primeras consultas y pruebas diagnósticas implicó un compromiso financiero de 215 millones de euros. Sin embargo, la efectividad de esta medida se ve ensombrecida por la realidad de un sistema que, a pesar de la inversión, sigue lidiando con desafíos estructurales significativos. La estrategia ha resultado en un trasvase de pacientes hacia el sector privado, que beneficia económica y operativamente a estas entidades, mientras que los hospitales públicos puros, que no generan ingresos adicionales por pacientes externos, no experimentan una mejora proporcional en sus recursos o capacidades.
Ayuso y sus ramificaciones con Quirón Salud
Las implicaciones de este enfoque son múltiples. Por un lado, podría interpretarse como una solución pragmática a un problema inmediato de demoras en las cirugías. Sin embargo, críticos argumentan que esta es una forma de privatización encubierta que podría comprometer a largo plazo la calidad y accesibilidad del sistema de salud pública, favoreciendo a entidades privadas a costa de la infraestructura pública.
Este modelo de gestión también plantea preguntas sobre la equidad en el acceso a la salud. Mientras algunos pacientes pueden beneficiarse de tiempos de espera reducidos, otros, especialmente aquellos que eligen permanecer en el sistema público tradicional o que no pueden acceder a la opción privada, podrían no ver mejoras significativas en su atención.
Isabel Díaz Ayuso ha defendido su estrategia argumentando que busca “ofrecer la mejor atención posible en el menor tiempo”. En una entrevista antes de las pasadas elecciones, insistió en que “no se trata de privatizar, sino de utilizar todos los recursos disponibles para mejorar la salud de nuestros ciudadanos.” Sin embargo, esta postura no ha mitigado las críticas de la oposición ni las preocupaciones de los profesionales de la salud, quienes advierten sobre los riesgos de una dependencia creciente hacia el sector privado.
Los datos de las listas de espera maquillados en origen
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado preocupación sobre la precisión de las métricas actuales que, según expertos, ofrecen una imagen más optimista de la realidad. El sistema de medición, que data de hace dos décadas, es visto por muchos como obsoleto y poco representativo de los tiempos de espera reales que enfrentan los pacientes.
Mientras que la Comunidad de Madrid informa de una mejora en los tiempos de espera gracias a su significativa inversión en el sector privado, las cifras no necesariamente cuentan toda la historia. Los costos de este modelo, tanto en términos financieros como en términos de equidad y sostenibilidad del sistema de salud, sugieren que la solución podría ser más compleja y menos equitativa de lo que inicialmente se presenta. La situación sigue siendo un tema de intenso debate público y político, con implicaciones profundas para el futuro del acceso a la salud en Madrid.