Hay quien sitúa al exministro José Luis Ábalos al borde la imputación en el caso Koldo. Se dice que el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Ismael Moreno, ya tiene listo el procedimiento. Nada más inexacto. Para imputar a Ábalos, cosa segura después del demoledor informe de la UCO de la Guardia Civil, hace falta un largo trámite. Primero habrá que elaborar un informe razonado al Tribunal Supremo ya que el exministro es diputado y, por lo tanto, está aforado. Si el Supremo acepta hacerse cargo deberá solicitar un suplicatorio al Congreso de los Diputados. Y, además, deberá decidirse si se abre una pieza separada para imputar a Ábalos o toda la causa se traslada al alto tribunal. Los procedimientos no son tan sencillos como se quiere hacer ver en los medios afines a la derecha judicial. La imputación puede tardar de seis meses a un año dependiendo de los recursos que presenten los abogados de Ábalos quien, además, siguiendo una estrategia de dilación, va a pedir su comparecencia voluntaria en calidad de testigo ante el juez de la Audiencia Nacional “para explicarlo todo y desmontar los hechos que se exponen en el informe policial”. Si se acepta este testimonio el proceso se puede alargar mucho más.
A José Luis Ábalos habría que investigarle su relación con el principal imputado en el caso Koldo, Víctor de Aldama. Y aquí debería salir a relucir asuntos como las ayudas a Globalia, esas que quiso investigar el juez Peinado y que la Audiencia de Madrid le prohibió. Begoña Gómez no tenía nada que ver con el tema, según los jueces, pero Aldama sí. Y para ello utilizó la influencia de Ábalos según el informe de la UCO. Cosas más fáciles de esclarecer son las del famoso chalé de La Línea de la Concepción, en Cádiz, que el comisionista adquirió pero que utilizaba el exministro. O el pago del alquiler de un piso en la madrileña Torre de Madrid para la novia de Ábalos. También habrá que averiguar las circunstancias que rodearon la reunión con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas cuyas explicaciones oficiales no acaban de convencer a los investigadores de la UCO.
Abrir una investigación a José Luis Ábalos basada en el informe de la Guardia Civil supondría varios meses de trabajo. El juez de la Audiencia Nacional rechazó, en su día, pedir la imputación del exministro, por considerar que “por el momento no existen indicios suficientes”. Eso sucedía en septiembre. Dos meses después la idea del juez es radicalmente diferente. Pero Ismael Moreno es perfectamente conocedor de las dificultades que entraña la petición de un suplicatorio a un aforado. Y, algo más importante todavía. Que habría que evaluar la posibilidad de que la corte suprema se haga cargo de la instrucción en su totalidad del Caso Koldo.
Hay que tener en cuenta, además, que, para complicar aún más la instrucción, los denunciantes, Hazte Oír y Iustitia Europa, han pedido que testifiquen el presidente Sánchez y la exministra de Economía, Nadia Calviño, para que aclaren los pormenores de la reunión en la que se aprobaron las ayudas a Globalia y la posible intervención de Aldama para conseguir estas ayudas. Si el juez Moreno acepta esas testificales, el caso Koldo tomaría nuevos derroteros y la instrucción se prolongaría durante varios meses más.
Ábalos, además, está pidiendo personarse en la causa “como perjudicado” y ha presentado una querella “por revelación de secretos” que quiere que el juez de la Audiencia Nacional incorpore al sumario que está investigando porque “se están produciendo filtraciones que afectan a mi persona, curiosamente no a otros investigados. Es evidente que yo soy el protagonista de toda esa investigación. Por eso también he presentado una denuncia por abuso de revelación de secretos a la fiscalía. Si yo veo todo esto, es evidente que el objeto soy yo", manifiesta el exministro quien se siente “perseguido en una instrucción prospectiva cuando ni siquiera estoy imputado”.
La instrucción se complica aún más porque el principal investigado, Koldo García, el exasesor del ministro, ha presentado una querella que también quiere que se incorpore al sumario que tramita la Audiencia Nacional. El cabecilla de la presunta trama corrupta en la venta de mascarillas durante la pandemia ha pedido al magistrado que abra una pieza separada por revelación de secretos al considerar que se está invadiendo su privacidad. Por eso pide que se llame a declarar a los agentes de la UCO de la Guardia Civil que elaboraron el informe que le inculpa porque considera que filtraron datos de su vida personal y familiar.
Con todos estos elementos encima de la mesa del juzgado, habrá que ver, primero, si el Supremo acepta investigar a José Luis Ábalos independientemente de todo este entramado de posibles delitos en los cuales está implicado. Técnicamente, según los expertos juristas, es difícil llevar a cabo una investigación en la cual otro juzgado esclarece por su cuenta sus pormenores. Lo habitual, entonces, sería que la sala de Lo Penal del TS se haga cargo de la totalidad de la instrucción.
Una investigación que, además, está pendiente de una reclamación por parte de la Fiscalía Europea ante el TJUE. Esta instancia quiso hacerse cargo de la instrucción por considerar que afecta a fondos de la UE desembolsados a España con los que se abonaron los veinte millones en concepto de compra de mascarillas a la trama corrupta. El Supremo rechazó la reclamación de la fiscalía de la UE que ha recurrido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ahora la cosa se puede complicar aún más al respecto si entra en el juego de la investigación el rescate al grupo de la aerolínea Air Europa.
Todo este cúmulo de circunstancias hay que tenerlas en cuenta a la hora de considerar el más que probable procesamiento de José Luis Ábalos. Otra cosa es saber cuando perdería su condición de diputado en el supuesto de que se proceda a su imputación. Esa es una cuestión que sí puede estar más cercana.