La Audiencia Provincial de Valencia se lo ha dejado claro al juez instructor del Caso Oltra, el magistrado Vicente Ríos Segarra. De archivar la causa nada de nada. Mantienen la “hipótesis” de que la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana encubrió a su exmarido autor de un delito de abuso sexual a una menor tutelada cuando era monitor de un centro de acogida, y le obligan a abrir procedimiento abreviado y el procesamiento de la expolítica y quince de sus colaboradores porque “ debe ser en el acto del juicio oral donde se diluciden las cuestiones relativas a las concretas circunstancias en las que tuvieron lugar los hechos y el juicio de tipicidad que los mismos merecen” según el auto de la sección cuarta de la AP que estima el recurso presentado por los letrados de la acusación particular, Manuel Salazar Aguado y José Luis Roberto Navarro, abogados vinculados a la extrema derecha valenciana, la asociación Gobiérnate , Vox y la víctima Maite T.
El juez Ríos Segarra había archivado el sumario por considerar la falta de consistencia de los indicios investigados. Sus superiores no lo consideran así y ordenan la reapertura de las diligencias previas y su conversión en procedimiento abreviado. El fiscal no tiene más remedio que aceptar la decisión de la sala porque de no hacerlo “situaría al instructor en una posición de rebelde obstinación frente al mandato de quien tiene atribuida legalmente la potestad revisoria de sus decisiones”.
El juez Ríos Segarra se limita a cumplir las órdenes de sus superiores. El representante del ministerio público califica de “relativamente inusual” esta situación y descarga toda la responsabilidad en la sección cuarta de la Audiencia que preside el conservador Pedro Castellano, un juez polémico autor de los autos que libraron al equipo del PP de Rita Barberá del juicio por blanqueo de capitales.
Pedro Castellano es un significado miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura. En el auto en el que exculpa al PP valenciano de blanqueamiento para financiar las elecciones locales, dice que hay que distinguir entre “dinero negro” y “dinero sucio” y avala que los ediles y asesores del PP de València recibieran dos billetes de 500 euros en efectivo sin conocer su origen delictivo. El “caso Taula” o “pitufeo” de dinero negro no es otra cosa que el ingreso de 1.000 euros que recibió el PP por parte de medio centenar de afiliados quienes aceptaron, a cambio, dos billetes de quinientos euros, cada uno, la cantidad aportada. Ese viaje de ida y vuelta no recibió reproche penal alguno. Las resoluciones del juez Castellanos fueron avaladas finalmente por el Supremo. Ahora el presidente de la sección cuarta es el ponente de otro sumario en el que está envuelto el PP, se trata del caso Erial cuyo principal imputado es el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Castellano está “de rebote” porque el primer ponente, el magistrado José Manuel Megía, fue recusado por Vicente Grima, el abogado de uno de los inculpados, Vicente Cotino, quien en cierta ocasión le denunció por la comisión de un delito de cohecho que, finalmente fue sobreseído. Esa es la esperpéntica situación de la sección que ha ordenado al instructor la reapertura del Caso Oltra y que, muy probablemente, será la que forme el tribunal en la vista oral.
Mal lo tiene la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y muy bien se les han puesto las cosas a los acusadores. Desde el principio, la extrema derecha valenciana ha sido la bestia negra de Oltra. Y más concretamente los letrados Manuel Salazar Aguado y José Luis Roberto Navarro. Este último es líder del partido ultraderechista España 2000, autodefinido como un “partido patriótico social y populista”. También es dueño de la empresa “Levantina de Seguridad” y secretario de la patronal valenciana de la seguridad desde 2004. Posee diversos gimnasios y empresas de comercialización de ropa militar. Él y su socio de despacho, Salazar Aguado, son destacados miembros de la asociación Anela, la llamada “patronal de los clubes de alterne” que aspira a legalizar la prostitución.
Durante la transición, Roberto Navarro fue detenido acusado de colocar dos bombas en unos encuentros independentistas en Valencia, hechos por los que nunca fue condenado. En 2004, la Audiencia de Valencia le condenó a un año de cárcel por presentar un testigo falso en un juicio de faltas. Tras la dimisión de la vicepresidenta de la Generalitat, Roberto Navarro escribió en Twitter: “al final te llevé al huerto sin tocarte un pelo. Me supo mal, y no lo olvidé, que me llevaras al banquillo por ponerte el ‘Viva España”. Oltra llegó a acusarlo de estar detrás de un escrache que se llevó a cabo en su domicilio donde se identificó a militantes de España 2000.
Roberto y Salazar son los abogados de Maite T, la menor tutelada víctima de los abusos sexuales cometidos por el exmarido de Oltra, Luis Ramírez, quien fue condenado a cinco años de cárcel. Lo atípico de este asunto, procesalmente hablando, es que ni el juzgado de primera instancia que dictó dicha sentencia, ni el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana repararon en investigar esos correos que las acusaciones consideran argumentos suficientes como para probar que Oltra y sus colaboradores en la Conselleria de Igualdad, los 15 procesados, ocultaron el delito cometido. El único error que habrá que dilucidar si es reprochable penalmente es la formación de un expediente informativo, una vez ya estaba judicializado el asunto, con la finalidad de determinar la veracidad de las acusaciones efectuadas por la menor.
Mónica Oltra llegó a pensar que con el archivo de la causa dictado por el juez número 15 habrían terminado sus quebraderos de cabeza con este asunto. Pero no va a ser así. La clave de todo este feo asunto es la de siempre, el dinero. Luis Ramírez no se hizo cargo de la indemnización impuesta. Maite T. y sus abogados quieren cobrar y la única manera que encuentran es haciendo responsable civil al departamento de Igualdad de la Generalitat en la época de Oltra. Así se aseguran el cobro de una cantidad que en estos momentos es imposible de estimar puesto que nadie ha pedido fianza para cubrir tal eventualidad.
Las otras acusaciones, Vox y Gobierna-t, están presentes en el sumario por lo de siempre. La extrema derecha está dispuesta a personarse con tal de obtener publicidad gratuita de sus acciones judiciales.