La formación de los jueces la monopoliza la Escuela Judicial que depende directamente del Consejo General del Poder Judicial. Pero también está el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia. El departamento de Félix Bolaños ha elaborado un decreto que modifica el Estatuto de esta última institución dedicada a la formación de profesionales de la administración de justicia. El decreto amplía sus funciones incluyendo la elaboración y ejecución de programas de formación y apoyo dirigidos a aspirantes a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y abogados del Estado. En principio, la normativa no entrará en vigor hasta que el parlamento haya aprobado la modificación del artículo 434 de la ley orgánica del Poder Judicial, la conocida como “reforma Bolaños”, pero ya han comenzado las protestas de miembros de la carrera que consideran una intromisión del ejecutivo en sus competencias formativas. El Consejo General del Poder Judicial ha elaborado un informe en el que pide participar en las actividades del centro. Además, ya han surgido las primeras divisiones con las asociaciones fiscales porque la fiscalía general del Estado sí participará de manera activa en la gestión del centro mientras que el CGPJ sólo tendrá un vocal en el consejo rector.
Es la manera que el departamento de Justicia ha encontrado para contrarrestar la controvertida Escuela Judicial dependiente del CGPJ. Además, el CEJ gestionará las becas para los opositores cuya cuantía, de aprobarse la reforma Bolaños, supondrá un fuerte incremento no inferior al salario mínimo interprofesional. Según los cálculos de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, el periodo de oposición a juez cuesta del orden de 25.000 euros, eso sin contar los gastos de manutención. Un aspirante debe invertir unos 7 años para poder presentarse a la prueba que, en la actualidad, es la exposición recitada, de memoria, de la legislación vigente. La reforma Bolaños también modifica este sistema y el opositor tendrá que exponer un caso práctico.
A partir de ahí, el aspirante a juez que haya aprobado la oposición deberá permanecer dos años en la Escuela Judicial cuya sede no está bien definida en estos momentos. La dirección está en Barcelona, pero la jefa de Estudios, Clara Carulla, opera en Madrid, un verdadero galimatías generado por el anterior consejo que el actual no ha sido capaz de resolver. Tras la dimisión del director, Jorge Jiménez Martín, Carulla se hizo cargo de la escuela en funciones. Se ha advertido en varios medios que los vocales conservadores están maniobrando para que la sede sea trasladada a la capital. Según se señala en el reglamento del centro, Jiménez Martín debió ser sustituido por la siguiente persona en rango, la jefa de servicio, María Jesús Millán. Pero las diferencias a la hora de interpretar la norma han bloqueado, hasta el momento, el nombramiento. De hecho, el anterior CGPJ, presidido por el polémico Vicente Guilarte, llegó a elegir a Millán, pero fue impugnado por la situación de provisionalidad en que se encontraba el organismo que no podía llevar a cabo este tipo de designaciones.
Expertos en formación judicial señalan que la formación que se imparte en la escuela es precaria. El conservadurismo es la seña ideológica de los profesores que se encargan de transmitir a los futuros jueces. Carulla ha manifestado en ocasiones que lo esencial es que “los jueces sean empáticos, que tengan una escucha activa y atenta. Lo mejor para revertir estos prejuicios y tópicos son los hechos”. Las encuestas señalan al servicio público de la justicia como el peor valorado por la ciudadanía. Retrasos, resoluciones injustas y actitudes prepotentes en las vistas orales son las principales quejas.
La Escuela Judicial es un organismo demasiado cerrado a la sociedad. Y este gobierno está empeñado en democratizar la carrera mediante un acceso más abierto dando más oportunidades a los aspirantes que no poseen recursos suficientes como para emprender la aventura de optar a la oposición. Y la formula la han encontrado en el Centro de Estudios Jurídicos, un organismo autónomo pero dependiente orgánicamente de la secretaría de estado de Justicia donde forman a fiscales, letrados de la administración de justicia, médicos forenses, abogados del Estado, y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad que actúan en funciones de policía judicial. Con la modificación estatutaria, también podrán formar a aspirantes a jueces y eso a la derecha judicial no les ha sentado nada bien porque rompe el monopolio de la Escuela del CGPJ. A partir de ahora, cuando se apruebe la reforma Bolaños, el centro tendrá otras competencias como la elaboración y ejecución de programas de formación para la preparación de pruebas de acceso a las carreras judicial y fiscal, a los cuerpos de letrados de la Administración de Justicia y a los abogados del Estado.
Los centros privados de formación de opositores a jueces se quejan porque dicen que el CEJ les va a hacer una “competencia desleal” al contar con medios y recursos públicos. Es cierto que, para acceder al nuevo sistema de becas, el aspirante deberá inscribirse en el centro dependiente del ministerio de Justicia. Y es que no está nada clara la actividad de esas academias privadas que ofrecen cursos presenciales “con preparadores especializados y en un enfoque en la práctica de exámenes y resolución de casos”. Se sabe que la mayoría de profesores de esos centros privados son jueces en activo. La reforma Bolaños contempla la creación de un registro público de jueces que ejercen como preparadores de opositores, así como la obligación de que tengan que pedir autorización en todos los casos para ejercer esta actividad.
Un informe del digital elDiario.es denuncia que existe un verdadero mercado negro de preparadores con tarifas más o menos conocidas por todos: jueces y fiscales que cobran por alumno 100 o 200 euros mensuales, generalmente en sobres que no pasan por los controles de Hacienda. La tarifa sube hasta los 300 euros al mes cuando el preparador está en los peldaños más altos de los tribunales. Hay magistrados que preparan, a la vez, una quincena de alumnos.
Y ese es otro de los motivos de la protesta de los jueces. No quieren que se sepa la realidad de un acceso a su carrera que es demasiado opaco y donde juegan intereses particulares que, aunque parezca mentira, rozan la ilegalidad. ¿O no es ilegal dar clases de formación cobrando en negro?