La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, prácticamente da por perdido un acuerdo, al menos a corto plazo, para nombrar a los presidentes de las salas de Lo Penal y Lo Contencioso Administrativo, consideradas clave ya que en ellas se resuelven los asuntos penales que afectan a los aforados y los recursos contra las actuaciones de los organismos públicos. Por lo tanto, los conservadores se han salido con la suya y seguirán al frente de las dos instancias sus candidatos: Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas que seguirán en funciones, aunque así pueden mantenerse hasta su jubilación. Y los progresistas no consiguen su objetivo de colocar a dos mujeres, Ana Ferrer y Pilar Teso, en aplicación a la ley de paridad. A pesar de que los dos sectores del CGPJ llegaron a acuerdos en casi todos los nombramientos de las instancias superiores de la judicatura, quedan estos dos nombramientos en los que no hay posibilidad de acuerdo a pesar de que Perelló les ha propuesto una “tercera vía”, otros nombres que podrían llegar a ser consensuados. Ha sido imposible a pesar de las negociaciones efectuadas. Los sectores permanecen inamovibles.
Los conservadores insisten en que no tienen por qué ser dos mujeres las que presidan las salas de Lo Penal y Contencioso-Administrativo y se apoyan en un informe del gabinete técnico, pedido por Perelló, en el cual se niega que la aplicación de la ley de paridadobligue a un reparto equitativo entre hombres y mujeres de las presidencias del Tribunal Supremo. En dicho documento se dice que “debe descartarse la posibilidad de que el principio de presencia equilibrada se proyecte sobre la composición de los órganos judiciales”. En cambio, insisten en la idoneidad de Martínez Arrieta y Lucas para el desempeño de las presidencias por su “dilatada experiencia y trayectoria profesional en las respectivas salas.
Los conservadores califican de “progresistas” a ambos jueces. Es cierto que Andrés Martínez Arrieta es acogido positivamente por un amplio sector de la prensa dedicada a la información del Tribunal Supremo. En los noventa se encargó de las relaciones con los medios de comunicación con una gestión que se puede considerar más que aceptable. Pero en su contra está su excesiva proximidad al anterior presidente de la sala, el ultraconservador Manuel Marchena, de quien dicen que sigue decidiendo en la sombra. Marchena tuvo que dejar el cargo por agotamiento de mandato. Pablo Lucas, por su parte, también es considerado progresista pero algunas sentencias de las que ha sido ponente, como las que anularon los nombramientos de Dolores Delgado como fiscala de Memoria Democrática, y Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado le han descalificado a ojos de los socialistas.
La sala segunda de Lo Penal es un órgano de especial importancia ya que es la encargada de investigar a los miembros del Gobierno y los parlamentarios y otros aforados de especial relevancia pública como es el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Sus últimas decisiones han sido muy controvertidas y hay analistas jurídicos que creen en la existencia de un enfrentamiento con el gobierno sobre todo por la ley de amnistía. Algunos de sus miembros han llegado a calificarla de “ataque contra el Estado de Derecho” y están muy pendientes del resultado de la decisión que adopte el Tribunal Constitucional con el que también han llegado a tener un serio enfrentamiento por la sentencia de los Eres de Andalucía. Y ese es el fondo de la bipolarización en el seno del Consejo General del Poder Judicial y no el que se está diciendo formalmente, el de la aplicación de la ley de paridad. La izquierda es consciente de que el control de la sala de Lo Penal supondría un paso importante para la democratización de un organismo cuyos miembros han demostrado su conservadurismo a ultranza.
La Sala Tercera también es una plaza dentro de la cúpula judicial de especial trascendencia ya que se trata del órgano encargado de revisar los actos y disposiciones del Consejo de ministros y otros organismos públicos como, por ejemplo, los nombramientos discrecionales llevados a cabo por el ejecutivo. Su actual presidente en funciones, Pablo Lucas, se jubilará en julio del año que viene mientras que Andrés Martínez Arrieta lo hará en abril de 2027, de ahí que dentro del CGPJ vean sus posibles presidencias “de transición” y como un reconocimiento a ambas carreras profesionales. Es un argumento que también sirve a los progresistas para rechazar sus nombramientos porque consideran que no es asumible designar a presidentes de sala que no vayan a poder cumplir el mandato íntegro, ya que el mismo se fija para ejecutar un plan de actuación durante un plazo de cinco años.
Así las cosas, de nuevo el Consejo General del Poder Judicial es prisionero del infame acuerdo al que llegaron en verano de 2024 socialistas y populares para llevar a cabo la renovación de su composición: los diez vocales propuestos por el PSOE y los otros 10 por el Partido Popular hacen imposible una decisión en materias controvertidas. Se necesitan 13 votos que no tienen ninguna de las sensibilidades. Sucedió con el informe sobre la renovación del máximo órgano de los jueces que obligó a Perelló a remitir dos documentos antagónicos al Congreso, y está sucediendo con los asuntos mas controvertidos algunos de los cuales se aplazan por la dificultad de llegar a acuerdos. Y en el caso de las presidencias de las dos salas clave del Supremo ha vuelto a suceder.